En España, ser independiente, juez, o ambas cosas a la vez, es un mal negocio

Cuantos más años veo pasar por delante más estúpido me parece ese supuesto axioma de que el transcurrir del tiempo es el bálsamo que todo lo cura. En demasiadas ocasiones ocurre todo lo contrario, y con lo que más bien encaja el diagnóstico, por ejemplo en la España de hoy, es con la ley de Murphy. Encenagados como estamos en el fárrago de una actividad política que hasta no hace mucho habríamos calificado de inverosímil, podría decirse, sin caer en ninguna extremosidad, que el país ha digerido, con escasos efectos secundarios, la anómala dieta que nos imponen populismo y nacionalismo y nos sirve a diario, recalentada, Pedro Sánchez. No es amnesia; es indigestión. Llevamos tanto tiempo con náuseas que cada vez nos centramos más en resolver lo nuestro y hemos dejado de interesarnos por la salud colectiva. No se explica de otra manera la abulia cómplice con la que buena parte de la sociedad desecha toda resistencia.

Hace escasamente tres meses, la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, revelaba que algunas comunidades autónomas habían informado de que una parte de los fondos europeos no se estaban utilizando para desarrollar los proyectos transformadores de la economía, que es para lo que han sido concebidos y entregados, sino como recurso para afrontar gasto corriente. Silencio. Esta semana, miércoles 17 de enero de 2024, doña Carmen ha ido un poco más allá y ha reconocido que es posible que iniciativas receptoras de estos fondos estén siendo utilizadas para “tapar agujeros”. “Algunos gastos [para los que se han utilizado fondos Next Generation EU] no sé si tienen capacidad transformadora”, recalcó Herrero. Silencio.

La independencia de criterio no está bien vista. Peor aún: ha dejado de ser un aval de fiabilidad para convertirse en una sospechosa aspiración. Quizá algunos diputados del PSOE, pocos, sepan de qué hablo

La AIReF pertenece a la Red de Instituciones Fiscales Independientes de la Unión Europea, y su misión consiste en “garantizar el cumplimiento efectivo por parte de las Administraciones Públicas del principio de estabilidad presupuestaria previsto en el artículo 135 de la Constitución, mediante la evaluación continua del ciclo presupuestario, el endeudamiento público y el análisis de las previsiones económicas”. Su presidenta, doña Carmen, dijo también esta semana en Zaragoza que el plan de reequilibrio de cuentas del Ejecutivo español es incompleto, que estamos muy lejos de cumplir los objetivos de déficit que exige la Comisión Europea y que “algo más del 50% del gasto extraordinario Covid se ha convertido en estructural”. De nuevo silencio.

Cristina Herrero es economista, funcionaria en activo del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado, y funcionaria en excedencia del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda. Lleva a gala su independencia, y, por lo tanto, es incómoda. De haber sido su colega alemán quien hubiera alertado sobre la desviación de fondos Next Generation para “tapar agujeros”, lo más probable es que sus palabras hubieran provocado un verdadero terremoto político en Berlín. Aquí, apenas hemos notado un ligero temblor. Los incómodos, en España, raramente abren los telediarios. Son decepcionantes la pobreza de criterio y el áspero paladar de no pocos medios, empachados por el menú incomible que preparan a diario los cocineros del Gobierno.

La independencia de criterio no está bien vista. Peor aún: ha dejado de ser un aval de fiabilidad para convertirse en una sospechosa aspiración. Quizá algunos diputados del PSOE, pocos, sepan de qué hablo. No hay excepciones ni lugar donde esconderse si te buscan. Puedes ser letrado de las Cortes o juez de la Audiencia Nacional, periodista o empresario. Como reincidas en tu vocación de sujeto intelectualmente emancipado, corres el riesgo de ser señalado como jornalero encubierto de un partido, prevaricador o enemigo de la democracia. Y con el aplauso de la fiel infantería.

Entretanto, un técnico en electrónica industrial llamado Santos Cerdán y un exfuncionario municipal de nombre Jordi Turull se aplican en descoser la Constitución a nuestras espaldas

Si eres juez, esquivas las presiones y cumples con tu obligación, es probable que te lleves la sorpresa de que una ministra te acuse en una televisión pública de tomar decisiones “en una misma dirección”. Y no pasa nada. O casi nada. Y si eres empresario, y por tanto contrario a la causa, podría ocurrir que el presidente de tu Gobierno te señale en público como enemigo de la democracia, que es lo que en el fondo está haciendo cuando te pide con los micrófonos abiertos que defiendas la democracia, que ya te vale, explotador.

Además, te van a exigir, a empresas y particulares, reputación intachable, transparencia y rendición de cuentas, mientras ellos hacen justamente lo contrario. Véase si no el asombroso caso de las oscuras reuniones de trabajo en las que un técnico en electrónica industrial llamado Santos Cerdán y un exfuncionario municipal de nombre Jordi Turull se aplican en descoser a nuestras espaldas algunas de las mallas que sujetan la Constitución. Y no pasa nada. O lo que pasa, en todo caso, es reflejo del peligroso grado de desentendimiento social (en buena parte inducido: dice Tezanos que la amnistía a los implicados en el procés solo preocupa de verdad al 2,3 % de los españoles) ante el persistente deterioro de las pautas de comportamiento básico en una democracia. Un deterioro que el paso del tiempo solo ha agudizado y que, como advirtiera Murphy, tiene todo el aspecto de ser susceptible de empeorar.