La reticencia a dar por cierta la realidad que le rodea y que amenaza su entorno, incluso si es anunciada por el Gobierno, es la actitud de la mayoría. No hay que olvidar que todo lo que diga el PSOE es mentira, salvo lo malo. Hace dos años, el que fuera por entonces Ministro de Justicia socialista, Juan Carlos Campo, pidió paciencia a sus socios golpistas y xenófobos de ERC respecto a sus reivindicaciones de autodeterminación, y afirmó que ya estábamos «en un proceso constituyente». Lo repitió en tres ocasiones en aquella sesión plenaria del Congreso. Ese mismo ministro de Justicia es hoy magistrado del Tribunal Constitucional —todo en la misma legislatura—donde podrá terminar el proceso constituyente y su apariencia legal que este Gobierno inició en el año 2020. Pocos son capaces de reconocer esta realidad porque todos actúan como si nada hubiese sucedido en el 2017.
La realidad es que el proceso ya se había iniciado en el 2004 con el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Él salvó de la agonía, del desmantelamiento operativo a manos de la Guardia Civil y la Policía a la banda terrorista ETA. Les mandó el salvavidas de la negociación. La rehabilitación política de la banda etarra buscaba tener un socio eterno y afín que sólo podría pactar con él, lo que dificultaría a la derecha llegar al poder. En las próximas elecciones autonómicas en el País Vasco lo más probable es que el PSOE obtenga la presidencia con el apoyo de Bildu, la agrupación de partidos en las que se refugió la banda terrorista para ocupar el poder. En sus listas electorales de este 28 de mayo van 44 condenados por pertenencia y colaboración con el terrorismo y 7 condenados por asesinato. Esta semana Zapatero reconocía en público que él había pactado con los asesinos de 853 españoles que «si dejaban el terror volverían a las Instituciones, y eso hay que respetarlo», acababa ordenando.
Poner fin a la nación española y transformarla en una especie de república federal asimétrica donde las regiones con nacionalismos periféricos decidirían sobre los recursos del resto
Este proceso busca mantener a la izquierda y sus políticas en el poder. Poner fin a la nación española y transformarla en una especie de república federal asimétrica donde las regiones con nacionalismos periféricos decidirían sobre los recursos del resto. Mientras, el poder del Estado central y la identidad nacional que subsista se disolverán en organismos supranacionales.
Muchos lo veían imposible por la dificultad de la reforma del texto constitucional al necesitar mayorías muy cualificadas. Pero son los mismos que tampoco creían que el PSOE pactaría con Bildu aunque éste mismo lo anunciase. La forma de llevar a cabo y normalizar el cambio de sistema entre la población adormecida antes de acudir a ninguna reforma legal o referéndum es a través del Tribunal Constitucional, convertido hoy ya en poder constituyente tras la Sentencia del aborto.
Hay que recordar que todos los órganos constitucionales han sido asaltados por el PSOE con la rendición y acuerdo del Partido Popular. El Tribunal Constitucional está compuesto por cuatro magistrados del ala conservadora y ocho del ala izquierdista, donde se sitúa el presidente Cándido Conde-Pumpido, conocido por su sectarismo y afán de ponerse al servicio del partido socialista y que fue Fiscal General del Estado con Zapatero.
Esto no responde a la libertad ideológica, sino de su conciencia moral individual pudiendo suponer un trastorno psicológico de por vida al ser obligado a ello
Tras 13 años sin resolver el recurso de inconstitucionalidad de la Ley del aborto de Zapatero por un Tribunal supuestamente conservador, se ha dictado una sentencia no sólo desestimatoria, sino que excede en sus competencias y sienta como Jurisprudencia la ideología de género. En primer lugar crea un supuesto derecho constitucional como si fuese poder constituyente, el «derecho de la mujer a la autodeterminación respecto de la interrupción del embarazo». Y elimina otros dos Derechos Fundamentales preexistentes a cualquier texto, el derecho a la vida y el derecho a la objeción de conciencia de un médico para acabar con la vida de un bebé en el vientre de su madre. Esto no responde a la libertad ideológica, sino de su conciencia moral individual pudiendo suponer un trastorno psicológico de por vida al ser obligado a ello.
La justificación es que «cualquier limitación de los derechos de las mujeres, fundada en acontecimientos que sólo a ellas pueden afectar, ha de interpretarse del modo más favorable a la eficacia de tales derechos». No sólo afecta a las mujeres, sino a la vida del bebé que llevan dentro. Una sentencia que ha desdeñado que se informe mejor a la mujer de las consecuencias y de las posibles ayudas a la maternidad. Ahora se castiga proporcionarla información si ésta no la pide expresamente. Sin embargo yo no solicito información electoral y mi buzón está lleno de programas políticos.
Un Tribunal Constitucional profundamente ideologizado y sin ninguna apariencia de imparcialidad decidirá sobre la eutanasia, el problema lingüístico en Cataluña, la memoria histórica, la rebaja de la sedición y la malversación. El Gobierno actúa contra el ordenamiento y posteriormente el Tribunal constituyente lo acepta. La autodeterminación, y no de la mujer, será la promesa para otro acuerdo entre el PSOE y los separatistas. El proceso constituyente está en su recta final.