“El Plan Nacional de respuesta a las consecuencias de la guerra en Ucrania” agota toda su virtualidad en ese larguísimo y pretencioso título. El único comentario posible es su coherencia con la política económica desplegada por este Gobierno; esto es, la adopción de medidas de carácter asistencial sostenidas en el aumento del gasto público y la resistencia-incapacidad de poner en marcha los cambios estructurales imprescindibles para resolver los problemas. El resultado es una combinación de parches y de una permanente fuga hacia adelante en espera de un milagro que salve a la laica coalición social-podemita de su insoportable levedad.
El Gobierno ha optado por incrementar el gasto público en 6.000 millones de euros para ayudar a los sectores y colectivos más castigados por la escalada de los precios de la energía. Esta medida es mucho menos eficiente que la aconsejada por la racionalidad y, por cierto, acometida por la mayoría de los países de la UE: reducir o eliminar los impuestos que encarecen de manera artificial y adicional la electricidad y los hidrocarburos. El Ejecutivo ha rechazado esa opción porque ello se traduciría en una pérdida de ingresos para las arcas públicas que le restaría recursos para financiar sus programas de gasto en un escenario preelectoral. Prefiere aumentar el déficit por una vía que cree poder explotar a efectos políticos.
Por otra parte aprovecha el encarecimiento de los precios de la energía para aumentar aún más las rigideces introducidas en el mercado de trabajo por la contrarreforma laboral. Considerar injustificados los despidos por causas relacionadas con el incremento de los costes energéticos elimina la capacidad de las empresas de ajustar sus plantillas a un shock de oferta y, por tanto, las condena a absorber éste o, si no pueden, como sucederá en el caso de un porcentaje elevado de pymes, al cierre. Por añadidura, esto constituye un ataque a la libertad de empresa cuya legalidad-constitucionalidad es muy cuestionable y será cuestionada.
El Gobierno ha decidido también elevar un 15 por ciento el Ingreso Mínimo Vital para reducir el impacto de la inflación sobre sus beneficiarios. Ello se traduce, una vez más, en un aumento del gasto público absolutamente injustificado e injustificable salvo que el Ejecutivo considere que el IPC alcanzará y se consolidará en tasas de dos dígitos. De nuevo, la demagogia y el intento de comprar votos, la medida no merece otro calificativo, se imponen a cualquier criterio de responsabilidad y rigor presupuestario. Esa subida será pagada por unas familias y unas empresas que están en una posición financiera de extrema fragilidad.
La aprobación de una nueva línea de avales gestionada por el ICO y la extensión del periodo de los créditos concedidos durante la pandemia es un auténtico boomerang. En un escenario de estanflación como al que se dirige la economía nacional, esa iniciativa se traducirá bien en un incremento del gasto-déficit público o bien pondrá en peligro la estabilidad del sistema financiero. La razón es evidente: la imposibilidad de los receptores de esos fondos de devolverlos porque muchos de ellos no sobrevivirán a la crisis que se avecina y otros muchos no estarán en condiciones de hacer frente a sus obligaciones.
Y un observador objetivo se preguntará algo elemental: ¿Qué va a hacer el Gobierno para reducir o paliar la escalada de los precios de la energía? Habrá que esperar al texto de la normativa en la que se concreten las medidas para analizarlas pero nadie sabe, de momento, cual es su alcance y contenido. Si el Gobierno opta por limitar los precios del gas para los usuarios, sólo tiene dos alternativas. Primera, prometer a las compañías energéticas que les compensará por el déficit causado por una fijación de precios inferior al coste de la energía importada; segunda, exigirles que absorban esos costes en su cuenta de resultados, lo que inexorablemente provocaría una escasez de suministro.
Sin duda alguna, una situación como la actual tiene unas consecuencias sociales y económicas dolorosas. Pero también es verdad que la política energética de la coalición social-podemita, su sesgo ideológico ajeno a la realidad conduce a agravar los efectos de shocks inesperado como el actual y a poner en serio riesgo la seguridad energética de España en el futuro. La obsesión con lograr la descarbonización total de la economía española a velocidad de vértigo, la irracionalidad de hacer de unos renovables intermitentes y no almacenables la principal fuente de generación, la excomunión de los combustibles fósiles cuando el 77 por 100 del consumo de energía primaria procede de ellos, la eutanasia de las centrales nucleares existentes etc constituyen bombas de relojería, condenadas a estallar y a poner en riesgo El Progreso económico de España y el nivel de vida de sus ciudadanos.
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