El Constitucional y los procedimientos parlamentarios

Si en la última columna nos ocupábamos de las faltas al decoro parlamentario y la retórica exagerada de quienes convierten un insulto en una ‘campaña de violencia política’, no se puede decir que el clima político haya mejorado desde entonces. Por el contrario, el ruido y la furia se han enseñoreado de la actualidad a cuenta de la tramitación legislativa de la reforma del Código Penal y las enmiendas introducidas por los grupos parlamentarios que sostienen al gobierno de Sánchez.

El clímax de la escalada verbal se alcanzó el pasado 19 de diciembre, cuando el Pleno del Constitucional admitió a trámite el recurso de amparo interpuesto por diputados del grupo popular. El recurso se refiere a dos enmiendas introducidas por los socialistas y Podemos durante la tramitación parlamentaria de la reforma del Código Penal, pero que no guardan ninguna relación con este, pues afectan a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Sin entrar en el fondo del asunto, los magistrados del Constitucional aprecian prima facie que la presentación de dichas enmiendas supone la vulneración de derechos fundamentales de los diputados recurrentes. Por ello acuerdan la adopción de las medidas cautelares que solicitaban, suspendiendo la tramitación parlamentaria de las dos enmiendas cuestionadas.

¿Cómo puede haberse montado tal escándalo, con acusaciones de golpe de estado entre otras lindezas, a cuenta de una cuestión aparentemente técnica del procedimiento legislativo, cuando buena parte de los ciudadanos lo ignora todo acerca de cómo funciona una asamblea parlamentaria? Es inevitable acordarse estos días del famoso discurso que pronunció Ortega y Gasset en las Cortes Constituyentes de la II República, cuando dijo aquello de que ‘hay tres cosas que no podemos venir a hacer aquí: ni el payaso, ni el tenor, ni el jabalí’. Porque de las tres cosas vamos bien servidos.

Fue un diputado socialista, por más señas presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, quien comparó a los jueces con los golpistas del 23 de febrero, que se dice pronto

Califiquen si no la estampa del ínclito Odón Elorza, fotografiándose amordazado delante de uno de los leones del Congreso; la mordaza, por cierto, no le impidió involucrar al Rey en la crisis institucional. Pero hemos visto sobre todo jabalíes arremetiendo sin la mínima prudencia contra lo que hiciera falta, ya fueran los jueces o el Tribunal Constitucional, hasta el punto de que las declaraciones de los portavoces socialistas son ya indistinguibles de las de sus aliados de Podemos o los independentistas. Fue un diputado socialista, por más señas presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, quien comparó a los jueces con los golpistas del 23 de febrero, que se dice pronto: ‘Hace 41 años la derecha quiso parar un Pleno del Congreso y parar también la democracia. Quisieron parar el Pleno y la democracia con tricornios y hoy han querido hacerlo con togas’. Poco que envidiar a las barbaridades que sueltan Echenique o Rufián.

Más grave aún, los miembros del ejecutivo han entrado irresponsablemente en el juego de los desatinos, empezando por el ministro de la Presidencia, a quien se atribuye la treta de las enmiendas. En los días previos, Bolaños exigió a los populares que retiraran el recurso de amparo porque ‘es ir demasiado lejos pedir que se pare una votación democrática de un Parlamento democrático’ y tendría ‘consecuencias impredecibles para la democracia’; una forma nada sibilina de presionar al Tribunal. Y Belarra, que es ministra por si no se acuerdan, denuncia ‘el golpe judicial’ como una ‘estrategia golpista’. Qué se puede esperar si hasta el presidente del Gobierno habló en Bruselas de un ‘complot’ de la derecha, en el que entrarían también los magistrados, ‘para amordazar al Parlamento de España’.

La prensa amiga tampoco se queda atrás. ‘El pleno del sabotaje’, fue el título del editorial de El País, donde califica lo sucedido como una intromisión del Tribunal ‘inconcebible en democracia’. Eso sí, el ilustre editorialista que nos sermonea sobre cómo funciona la democracia no parece capaz de distinguir el Constitucional del Poder Judicial. Y en la radio Àngels Barceló aseguró que los magistrados ‘se han colocado definitivamente fuera de la ley’, sentenciando lapidaria: ‘El Tribunal Constitucional ha consumado su ataque a la democracia’. Como ven, da para una antología del disparate político.

Como golpe de Estado no está mal eso de decirles a los legisladores que presenten las iniciativas legislativas que quieran, pero sin hacer trampas con el trámite parlamentario

Porque toda esa retórica inflamada acerca de un ataque sin precedentes contra la democracia, según la cual ‘los jueces’ atentan contra la soberanía popular y amordazan a los parlamentarios, no resiste el contraste con lo sucedido en realidad: que los magistrados del Constitucional le recuerdan al legislador que no puede hacer las leyes como le venga en gana a la mayoría de turno, sino que ha de atenerse a la legalidad parlamentaria y a los límites constitucionales en el desempeño de su función legislativa. Como golpe de Estado no está mal eso de decirles a los legisladores que presenten las iniciativas legislativas que quieran, pero sin hacer trampas con el trámite parlamentario. Todo ello además en nombre de los derechos de las minorías y del pluralismo político, pues solo si se respeta escrupulosamente el procedimiento legislativo pueden los parlamentarios de la oposición ejercer sus funciones representativas en condiciones de igualdad, según marca la Constitución. Ahí está el meollo del asunto, a pesar de los aspavientos.

El Tribunal Constitucional no se ha inventado ahora una resolución ad hoc para la ocasión. Por el contrario, es doctrina establecida desde hace años que la Constitución impone ciertos límites a la actividad legislativa, con objeto de preservar la integridad del proceso legislativo y también los derechos de las minorías parlamentarias. Entre esos límites está, según el Tribunal, la exigencia de que las enmiendas han de guardar una mínima congruencia con el texto legislativo que pretenden enmendar, lo que se desprende de la idea misma de enmienda, pues parece lógico que ‘la modificación de un texto no puede consistir en un texto que nada tiene que ver con el texto que se pretende modificar’. Lo contrario sería incurrir en un fraude legislativo, abusando de la técnica de la enmienda parcial para disfrazar lo que es una nueva iniciativa legislativa acerca de una materia completamente distinta. Y los órganos de gobierno de las Cámaras, aunque gozan de un amplio margen de apreciación, tienen la obligación de velar por que las enmiendas presentadas cumplan ese requisito mínimo de congruencia; es parte de su función como garantes de la legalidad parlamentaria.

Todo esto, como digo, lo viene repitiendo el Constitucional desde hace años. En ocasiones anteriores, a instancias de parlamentarios socialistas, como en 2003 cuando un grupo de senadores encabezado por Juan José Laborda solicitaron el amparo del Tribunal ante lo que estimaban como una infracción del procedimiento parlamentario que lesionaba sus derechos como representantes electos. ¿Lo adivinan? Efectivamente, el Grupo Popular había presentado bajo el disfraz de enmienda a la ley de arbitraje lo que era una reforma de varios artículos del Código Penal.

Quienes se rasgan las vestiduras por la gravedad de lo sucedido, incluyendo juristas serios, quizás deberían fijarse en que estábamos ante un fraude parlamentario

En el caso que ahora nos ocupa socialistas y podemitas han ido mucho más lejos, pues pretenden cambiar nada menos que dos leyes orgánicas que afectan a instituciones constitucionales clave, como el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, por el procedimiento bastardo de sendas enmiendas de adición a la reforma en curso del Código Penal. Todo ello hurtando el debate, por el procedimiento de urgencia y sin los informes necesarios de los órganos consultivos como el Consejo de Estado. ¿Ignoran acaso Bolaños y los promotores de las enmiendas que el procedimiento seguido es manifiestamente inconstitucional? Quienes se rasgan las vestiduras por la gravedad de lo sucedido, incluyendo juristas serios, quizás deberían fijarse en que estábamos ante un fraude parlamentario, que afecta a asuntos de la más alta relevancia constitucional y cometido a sabiendas.

Para otro día dejamos la jaculatoria de que el Parlamento es soberano. Es una afirmación patentemente falsa que solo puede repetir quien ignora los rudimentos de un orden constitucional, o pretende subvertirlos. En una democracia constitucional ningún órgano es soberano, ni siquiera la asamblea de representantes elegidos por los ciudadanos, pues todos los poderes públicos están sujetos a la ley y a la Constitución; es en ésta donde encuentra expresión la soberanía nacional.

Una de las últimas veces que el Tribunal Constitucional tuvo que recordarlo fue con motivo de las infaustas jornadas del 6 y el 7 de septiembre de 2017. También entonces se defendía que un parlamento era soberano y se violentó gravemente el procedimiento parlamentario, sacrificando los derechos de los parlamentarios de la oposición y con ellos los derechos políticos de los ciudadanos a los que representaban. Fueron, por cierto, los parlamentarios del PSC quienes necesitaron entonces la protección del alto Tribunal frente a una mayoría parlamentaria que actuaba ilegalmente.

¡Feliz Navidad y cuidado con los excesos retóricos!