¿Compartir la soberanía de los españoles?

Hace unos días, Pere Aragonès dijo que ahora toca un referéndum de autodeterminación pactado con el Estado. Estaba crecido por haber logrado de Pedro Sánchez la amnistía factual de los insurrectos contra España, y la desautorización de las más altas instituciones nacionales. Sánchez respondió que la autodeterminación no cabe en la Constitución, que esta pretensión no es actual y que ahora lo propio es «compartir soberanía».

Compartir remite a dos significados opuestos: el primario es dividir en partes lo que puede fraccionarse, como compartir el pan; el segundo es poseer en común, solidariamente lo que no es fraccionable porque pertenece unido e indiviso a todos. Solo este segundo sentido concuerda con la Constitución: la común soberanía nacional es compartida entre todos los ciudadanos españoles, libres e iguales. En este punto conviene no confundir soberanía con competencias que pueden, en un Estado, descentralizarse o centralizarse; también, cederse en tratados internacionales como en la UE, pero la soberanía nacional permanece íntegra y puede recuperar lo cedido como en el Brexit.

La nación soberana es la entidad que une y representa a todos y cada uno de los ciudadanos con un significado social, político, cultural, simbólico y emocional. Eso es España para los españoles, Francia para los franceses…Cumple una función práctica: pertenencia a una comunidad vital de derechos y obligaciones en la que obtenemos los recursos para sobrevivir, afianzarnos y prosperar. En consecuencia, el sintagma «compartir soberanía», entendido como una realidad divisible, es un oxímoron. Sánchez y sus socios ya maniobran en las sombras en esta contradicción para que la división parezca unión. Así deja la puerta abierta para seguir contando con sus socios tan gratos al PSC.

La soberanía no reside en las Cortes, que solo la representan a plazo y con controles, sino en la comunidad nacional unitaria, formada por todos y cada uno de los españoles

Ningún poder del Estado, incluido en Tribunal Constitucional, puede disponer de la soberanía de los españoles, porque antecede al Estado y a los poderes constituidos, cuyo ejercicio responsable compete, en cada momento histórico, a la totalidad indivisa de los españoles. En nuestra Nación el sujeto constituyente es España, como realidad histórica, social y cultural. Nuestra Nación —como otras naciones de larga duración histórica— es anterior, fundamento o base determinante de todo orden constitucional: «La constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española…» (art. 2). En otras naciones, la soberanía reside en el Parlamento como en la tradición jurídica del Reino Unido. Y en otras naciones más recientes, como los EE. UU, es el pueblo del momento constituyente el que se afirma como sujeto: “We the people…”, pero la prevalencia del pueblo estadounidense, por encima del poder de los estados federados, se impuso en la Guerra Civil (1861-65) contra el intento de secesión de los estados sureños. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso Texas vs White (1869) sentenció que la Unión era perpetua, indivisible e indisoluble en base a la Constitución, pese a no decir lo que dice la nuestra en el artículo 2.

En España, la soberanía no reside en las Cortes, que solo la representan a plazo y con controles, sino en la comunidad nacional unitaria, formada por todos y cada uno de los españoles. El mayor tesoro de las naciones es su poder soberano, siempre en lucha; expuesto a la división interna (como ahora con los separatistas) y a la apropiación externa, por amputación, destrucción y eliminación, como evidencia la historia. Hay verdad en: «no podemos dar por hecho lo que hemos construido» (Felipe VI, 2022). La soberanía siempre está en juego: solo se agranda con valor, unidad, educación excelente y pujanza socioeconómica, actualmente en proceso de degradación.

El pujolismo utilizó la Autonomía como instrumento de secesión: fue acaparando competencias, cedidas por el Estado, para la construcción nacional antiespañola

A estas alturas, los españoles saben que Sánchez no tiene credibilidad y que es capaz de cualquier cosa para retener el poder. Los separatistas lo saben. Por eso plantean el órdago final del proceso: la independencia, objetivo final de sectores influyentes de la burguesía catalana desde las últimas décadas del siglo XIX. La voluntad de estas élites extractivas de «ir a la suya con ventaja» (porque de eso se trata) no era nueva; se arrastra desde el Antiguo Régimen de privilegios. A finales del XIX hicieron suya la ideología nacionalista del esencialismo identitario (Herder, Fichte…), racista y xenófobo, adoptada por los popes nacionalistas, Prat de la Riba, Almirall y Macià, entre otros, que les permitió camuflar los privilegios de siempre en ideología, pero no logró penetrar en la sociedad civil catalana identificada con la «catalanidad española» de larga tradición histórica.

Para contrarrestarlo, el pujolismo utilizó la Autonomía como instrumento de secesión: fue acaparando competencias, cedidas por el Estado, para la construcción nacional antiespañola con tres armas poderosas anticonstitucionales: sectarismo institucional, adoctrinamiento escolar y proselitismo de los medios. Ha tenido efecto: en 40 años, los separatistas, con tesón de termitas, han logrado enajenar España de la mente y conducta de muchos, y así arrebatar la soberanía que reside en la mente y conducta de los españoles.

La crema nacionalista sabe que para conseguir la independencia necesita una masa suficiente de población como argumento legitimador. El referéndum es la vía idónea, especialmente si es pactado, porque saben que la independencia unilateral tiene dos problemas: la respuesta del Estado, debilitada gracias a Sánchez, y la legitimación exterior.

Sánchez y PSC quieren dar cauce al soberanismo, imprimiendo un significado diferente a la autonomía de Cataluña y País Vasco con competencias confederales para que sigan yendo a la suya con ventajas

Sabemos, pues, qué quieren y con qué cuentan los mandamases separatistas (ERC-Junts, Ómnium, ANC, empresarios, periodistas…) y la frágil posición de Sánchez para conservar el poder tras las elecciones generales de 2023. Si Sánchez ha sido capaz de amnistiar, contra la Constitución, a los insurrectos condenados, despenalizando los delitos de sedición y aminorando la malversación, es capaz, ahora que controla el poder del Estado y tiene mayoría en el Tribunal Constitucional, de meter mano a la soberanía unitaria de los españoles al amparo del mito plurinacional.

Por un lado, los separatistas quieren constituirse en sujeto político soberano, quebrando la unidad soberana de los españoles. Eso significa independencia. Por otro lado, Sánchez y PSC quieren dar cauce al soberanismo, imprimiendo un significado diferente a la autonomía de Cataluña y País Vasco con competencias confederales para que sigan yendo a la suya con ventajas.

Si Sánchez y sus socios logran mayoría en las elecciones de 2023 se abrirá un escenario con dos opciones que incluyen referéndum en Cataluña, replicable al País Vasco: nuevo estatuto con competencias confederales o consulta de autodeterminación (con trampa para vender la división como unión). Ambas atentan contra España y los intereses de los españoles y, por tanto, son inconstitucionales.

Ha habido intentos de quebrar la soberanía nacional. Cito dos recientes. La primera se intentó con el Estatuto catalán de 2006, patrocinado por Zapatero: «Aprobaremos el Estatuto que decida Cataluña», pero no fue Cataluña sino los partidos separatistas con el PSC-PSOE quienes decidieron apropiarse de poder constituyente, declarado inconstitucional por la STC 31/2010.

La segunda fue la ley de Actualización de Derechos Históricos de Aragón — impulsada por la Chunta Aragonesista, socialistas y podemitas— que anteponía la «voluntad de los derechos históricos del pueblo aragonés» a la soberanía nacional; la parte, se afirmaba como un todo soberano con una legitimación previa a la Constitución. El TC la declaró inconstitucional en la Sentencia 158/2019, de 12 de diciembre, por vulnerar la soberanía nacional.

He aquí la pretensión falaz de dos mitos legitimadores: el pasado (los supuestos derechos históricos), y el presente (el derecho de decisión soberana auto atribuido de una parte sobre el todo).

La postura de la izquierda (socialistas, podemitas, separatistas) es proclive a facilitar la autodeterminación (solo hay que ver cómo). El nuevo Tribunal Constitucional, en contra de su propia doctrina (entre otras, las sentencias citadas de 2010 y de 2019) puede dejar entrar el caballo de Troya de los refrendos soberanistas en la «indisoluble unidad de la Nación española» que debe defender. Las recientes declaraciones poco prudentes, aunque calculadas, de la flamante magistrada Segoviano entreabren la puerta.

En coherencia con todo lo expuesto, la soberanía de los españoles, unitaria e indivisible, está en riesgo.