“Cada hora mueren cinco personas esperando la ayuda por dependencia”. Esta información brutal no es una ocurrencia del autor sino el titular a toda portada del diario La Vanguardia el 27 de octubre pasado. Titular que proseguía posteriormente informando que la lista de espera de personas sin prestación social se había incrementado un 7% en Cataluña, en tanto que en el resto de España se había reducido un 16,7%.
Toda la información que se menciona es de La Vanguardia, de ese 27 de octubre, no invención ninguna. Y prosigue ese diario explicando que Cataluña es la comunidad con mayor porcentaje de personas con la ayuda a la dependencia concedida y aprobada y sin embargo no la reciben, más del doble de la media nacional. Y al tiempo, es la autonomía que dispone de menor ejecución de las inversiones públicas aprobadas y presupuestadas. Se resalta –y realmente lo es– como escandaloso el retraso que hay en la concesión de esas ayudas a la dependencia, puesto que se tarda 398 días en conseguir que una persona dependiente obtenga la correspondiente acreditación y reciba la oportuna prestación. Ese horrible retraso provoca que muchos dependientes fallezcan antes de acceder a las ayudas. He aquí los datos: además de los miles de personas fallecidas en lista de espera el año pasado, hubo otras casi 3.000 personas fallecidas a la espera de la valoración de su dependencia.
Pese a haberse puesto el año pasado en marcha un plan de choque para la mejora del sistema de dependencia, la lista de personas sin prestación se incrementó un 7% adicional en Cataluña, mientras que en el resto de España se redujo un 16,7%; siendo Madrid la comunidad que redujo más las listas de espera –un 63%-, seguida de Aragón y Castilla–La Mancha. La asociación de directores y gerentes de servicios sociales culpa de esta tragedia a la desidia y abandono de los últimos gobiernos catalanes.
Aún más: Cataluña es la comunidad con la lista de espera más larga de España de personas dependientes que, pese a tener reconocido el derecho a tener una asistencia, no la reciben: 71.017 personas, nada menos que un 28,2% del total de dependientes, más del doble que la media española que se sitúa en el 12,7%.
No cabe sino preguntarse sobre el estado de abandono ruinoso del propio gobierno de Cataluña, centrado en polarizar y enfrentar a la población para así vivir sus gobernantes en el seno de una división social continua
Y también: Cataluña es la comunidad autónoma número 12 en gasto por persona potencialmente dependiente (1.061 euros por persona), lo que la coloca en un volumen de gasto por debajo de la mitad de la comunidad que más contribuye, País Vasco (2.310 euros por persona), y en menos del gasto medio de España (1.173 euros por persona).
Hasta aquí, las cifras publicadas en La Vanguardia hace justo una semana. Y cuando se observa este desastre de una administración que es número uno en desidia e ineptitud en materia de dependencia, no cabe sino preguntarse sobre el estado de abandono ruinoso del propio gobierno de Cataluña, centrado en polarizar y enfrentar a la población para así vivir sus gobernantes en el seno de una división social continua, a la manera peronista.
Podrá ese Gobierno tener una etiqueta de izquierda, ERC como sigla del partido que gobierna la Generalidad, pero no pasa de eso, una etiqueta esclerótica y frívola sin ningún contenido real sobre su esencia de nacionalismo funesto. Podrá pasarse el día hablando de amnistías imposibles, autodeterminaciones que no caben, sediciones que buscan impunidad, o leyes de claridad que más parecen una momia del faraón Ramsés. Podrá pretender crear para Cataluña un espacio exento y al margen de la Constitución, que nos convierte en ciudadanos libres e iguales a todos los españoles.
Tampoco pueden ocultar el manifiesto declive de la ciudad de Barcelona en cuanto a indicadores esenciales, como es el ascenso a preocupantes posiciones en materia de inseguridad, o de falta de limpieza
Y mientras tanto, su Gobierno intenta maquillar el declive económico y la ruina demográfica de Cataluña. Se viene produciendo una degradación acelerada en concreto desde la asonada golpista del 1 de octubre de 2017. Miles de empresas que se fueron, inversiones que se perdieron, ciudadanos que se marchan, y derechos ciudadanos que se vulneran abiertamente y a conciencia, como la sentencia que establece que un 25% de las clases se practiquen en castellano, totalmente incumplida. Tampoco pueden ocultar el manifiesto declive de la ciudad de Barcelona en cuanto a indicadores esenciales, como es el ascenso a preocupantes posiciones en materia de inseguridad, o de falta de limpieza.
Lo cierto e ineludible es que la desatención hacia las personas dependientes de esa comunidad marca una nota de desidia, desprecio y abandono con sus propios ciudadanos por parte de su propio gobierno. Rigurosamente inadmisible, e impropia de una democracia que se pretende avanzada pero que lleva años enfangada en un populismo nacionalista que arruina Cataluña. Con un Gobierno instalado en un escenario de inútil excitación nacionalista. Más declive y más retroceso, es lo que queda. Lo demás está en el terreno de la irrealidad.
Puede el Gobierno de la Nación manifestar que Cataluña está más relajada que hace cinco años. Puede andar a trompicones buscando una reducción de penas por el delito de sedición, lo que no será otra cosa que una búsqueda de impunidad para con los sediciosos de 2017. Se hace inverosímil pensar en modificar el código penal pactándolo justamente con el autor del delito, y a su satisfacción. Puede también el Gobierno seguir en la alianza funesta con ERC y su “lo volveremos a hacer” jamás desmentido. Todo ello no será sino una forma de degradar nuestra Constitución, de debilitar nuestro Estado y de incrementar la decadencia para Cataluña.
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