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Luis Garicano

Opinión

Turbocapitalismo de amiguetes

El control político de los fondos europeos de ayuda pone en peligro una oportunidad histórica

Un avión de Air Europa, una de las empresas rescatadas con fondos europeos.
Un avión de Air Europa, una de las empresas rescatadas con fondos europeos.

Vamos a jugar a los disparates. ¿Qué hace falta cuando hay una pandemia como la de la covid-19? Mucho contacto personal y ninguna medida de higiene. ¿Qué se recomienda siempre que hay una buena crisis? Subir los impuestos; cuanto más, mejor. ¿Y que es lo ideal cuando, en caso de catástrofe económica en un país, se espera la llegada de decenas de miles de millones de euros europeos? Pues controlar férreamente esos fondos desde el núcleo duro del poder, prescindir de la colaboración de expertos y politizar al máximo su gestión. Teniendo a un profesional del marketing y la comunicación al frente de ese núcleo, ¿qué puede salir mal?

Con más de 60.000 muertos y con sectores enteros de la economía hechos trizas, no estamos para bromas, dirán ustedes. Y con razón. No estamos para bromas. Corremos el peligro de desaprovechar la oportunidad del histórico acuerdo de la UE del pasado mes de julio –el Fondo Europeo de Reconstrucción, Next Generation EU— que hará que lleguen a España más de 140.000 millones de euros entre 2021 y 2026: la mejor ocasión de nuestra historia contemporánea desde el ingreso en la UE, hace casi 35 años, para superar una situación de destrozo económico e impulsar las transformaciones que necesita España.

Volvamos la vista atrás un instante para recordar los fondos europeos que acompañaron al ingreso comunitario en 1986 y que fueron bien aprovechados por los gobiernos —reformistas, de centro izquierda y centro derecha— para mejorar las infraestructuras, hacer grandes obras públicas y modernizar el país.

Hubo también mucha ineficiencia por regulaciones y subvenciones. Consecuencia: la productividad en España disminuyó, mientras que la de nuestros socios europeos aumentaba

Poco después, durante los 90 y principios de los 2000, España tuvo una entrada masiva de fondos públicos y privados, sobre todo de los países de la UE que valoraban muy positivamente la andadura del nuevo socio. Pero fue un dinero mal asignado, hacia sectores que atraían poca innovación, como la construcción. Hubo también mucha ineficiencia por regulaciones y subvenciones. Consecuencia: la productividad en España disminuyó, mientras que la de nuestros socios europeos aumentaba. Para colmo, el descenso de inversión en investigación acentuó la divergencia.

Ahora, aquel ejemplo y la dura crisis que sufrió España entre 2008 y 2012 deberían hacernos recapacitar para no repetir errores. Si en este momento el dinero no se invierte bien, la capacidad de recuperación quedará entorpecida y la devastación de la pandemia se alargará durante años, llevándose por delante un gran número de pymes. Dejaremos a las generaciones futuras endeudadas y sin un aparato productivo que permita reembolsar esa deuda.

Control y reparto

A pesar de la importancia del momento, las señales que nos llegan desde el Gobierno respecto a la manera en que van a utilizarse los fondos europeos son preocupantes. No hay un plan. Moncloa ha incluido esa ayuda en los Presupuestos, pero prevé que se gestione a partir de convocatorias, subvenciones, convenios o líneas específicas de los ministerios competentes.

No hay expertos. El modelo de gestión se basa en círculos participativos informales que debatirán propuestas y proyectos. El proceso de selección está politizado desde el arranque: es la oficina del presidente Pedro Sánchez la que asumirá el control. Se corre, por lo tanto, el riesgo de que la selección de proyectos no se base en fundamentos técnicos, ni en la necesidad de construir un tejido empresarial sólido en sectores punteros; las decisiones de inversión pueden fácilmente verse condicionadas por intereses políticos y presiones coyunturales.

Y si los mecanismos de control y reparto son lo que parecen, la presión de ceder a presiones políticas y empresariales para financiar proyectos de amiguetes será muy fuerte.

Imposible, dirán ustedes, ¿cómo va a caer en eso el Gobierno en algo así?

Tres ejemplos muy claros

Una pista, poco tranquilizadora: el Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas de la SEPI, con 10.000 millones para dar apoyo a las compañías muy golpeadas por la crisis, pero solventes. Una de las primeras en solicitarlo ha sido Air Europa. A pesar de haber recibido 140 millones de euros con el aval del ICO en abril, el Gobierno anunció en noviembre la concesión de otros 475 millones. Pues bien, se desconocen las condiciones, y existen muchas dudas sobre su viabilidad financiera. Mientras que en Alemania la participación patrimonial de 300 millones en Lufthansa se ha hecho mediante la suscripción de nuevas acciones por parte del Estado, correspondientes al 20% del capital social de DLH, en España la ayuda de la SEPI no modifica la estructura societaria de Air Europa.

Dos casos más de empresas interesadas en las ayudas de la SEPI: Duro Felguera, que lleva casi tres años en situación de quiebra, que apenas capitaliza 40 millones, que debe 125 millones a Hacienda por artificios contables y que ha sido acusada de pagar comisiones para lograr contratos en la Venezuela chavista, ha pedido 100 millones. Y Abengoa ha logrado el compromiso de recibir otros 200 millones para un tercer rescate tras cinco años de contabilidad creativa y bonus millonarios para sus altos directivos. En la refinanciación de 2016 el Estado ya perdió casi 400 millones, con una quita del 97% de la deuda. Y la empresa arrastra un pasivo de 6.000 millones.

Hay que sumar el Real Decreto del pasado 18 de noviembre, que incluye una modificación legal para imponer un régimen de autorización previa por parte del Gobierno a las inversiones procedentes de la UE

A estas pistas, además de lo anunciado en cuanto al control y la gestión de los proyectos de reconstrucción, le podemos sumar el Real Decreto del pasado 18 de noviembre, sobre el que llamó la atención en este medio Álvaro Nieto y que incluye una modificación legal para imponer un régimen de autorización previa por parte del Gobierno a las inversiones procedentes de la UE. A la hora de la verdad, Moncloa –de nuevo Iván Redondo— tendrá derecho de veto “sobre cualquier operación empresarial de relieve” en España hasta el próximo 30 de junio.

Están dadas las condiciones para estar muy intranquilos.

El tren europeo de la convergencia

Si el mercado y el Estado no están al servicio de los ciudadanos, si no hay rendición de cuentas, si no hay transparencia, hay capitalismo de amiguetes. Si existen esas prácticas cuando aterrizan más de 140.000 millones de euros, lo que habrá es turbocapitalismo de amiguetes.

O España tiene un plan sólido, basado en sectores que contribuyen a la innovación y transformación de la economía, o desaprovechará la oportunidad del fondo de Reconstrucción

O España tiene un plan sólido, basado en sectores que contribuyen a la innovación y transformación de la economía, o desaprovechará la oportunidad del fondo de Reconstrucción. Perderá el tren europeo de la convergencia, su economía languidecerá durante años y jugará en la segunda división de la UE. Un paso atrás en el bienestar de los españoles.

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