Félix Bolaños, ese petimetre con aspecto de sacristán de parroquia de barrio que oficia en Moncloa como ministro de la Presidencia, viajó el viernes a Barcelona para reunirse con la funcionaria Vilagrà de la Generalidad y regresar a Madrid con nuevas evidencias del sometimiento del Gobierno a sus socios independentistas: Sánchez se sentará con Aragonès el 15 de julio para certificar la derrota de España en la batalla abierta por el caso Pegasus y comprometerse a abrir, por fin, la mesa de diálogo con el separatismo. Y hoy domingo asistiremos a la rendición del Estado ante sus enemigos de Bildu en la afrenta a la dignidad nacional que ese mismo Gobierno ha perpetrado como recordatorio de los 25 años del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Rehén de sus socios, Pedro Sánchez y su amanuense prefieren cerrar con derrota el caso Pegasus, cuando les sería sumamente fácil desenmascarar el montaje orquestado por el separatismo, con la vergonzante ayuda de ese Citizen Lab dependiente de la Universidad de Toronto, en el caso de las escuchas.
Pierde España; gana el separatismo. Ganan ERC y Bildu. La verdad es que hace ya semanas que Bolaños dio carpetazo al asunto Pegasus asumiendo que los separatistas habían pillado al Estado en un renuncio con las dichosas escuchas. Aceptando las tesis del nacionalismo. El Gobierno de un país serio hubiera hecho frente a la situación recordando, urbi et orbi, que en una democracia el Estado tiene no solo el derecho sino la obligación de defenderse de quienes pretenden acabar con su integridad territorial y el ordenamiento jurídico vigente, espiando a los malvados y siguiendo sus pasos, faltaría más, y a continuación les hubiera mandado a escardar. A reclamar al maestro armero. Pero ya sabemos lo que a Sánchez le importa España y su prestigio. De modo que para salvar su trasero puso al CNI a los pies de los caballos y destituyó a su directora, una funcionaria ejemplar. Salvó, eso sí, la cabeza de la ministra de Defensa, Margarita Robles (de quien orgánicamente depende el Centro), que era la caza mayor que perseguían los “malos”. Pero los socios de Sánchez no se han conformado, ni mucho menos, con la dimisión de la proba Paz Esteban. Ellos persiguen exprimir el limón del Pegasus hasta la última gota, sacar la mayor tajada posible de esa “persecución política” de que han sido objeto. Todo dentro de una estrategia perfectamente planificada por el separatismo. Y con Sánchez más que dispuesto a dejarse exprimir al límite.
Lo cierto es que el mundo “separata” y su entorno de abogados, periodistas y amanuenses varios sabía al menos desde septiembre de 2020 que se estaban produciendo infiltraciones en móviles de personajes de ese ámbito. Lo contaba el viernes en El Mundo el periodista Germán González desde Barcelona. En realidad estaban al corriente desde que, en julio de 2020, un informe de la asociación de periodistas Forbidden Stories y Amnistía Internacional indicara que en 2019 se habían producido 130 casos de espionaje con Pegasus, entre los cuales se hallaban políticos catalanes como Roger Torrent y Ernest Maragall. Hay constancia de que JxCat ya estaba trabajando con Citizen Lab desde antes de esa fecha, en una relación tan fructífera como incestuosa, hasta el punto de que es JxCat, el partido de Puigdemont, quien, con el asesoramiento de Citizen Lab, pone en marcha “una investigación para determinar el alcance” de las escuchas y elabora “una serie de instrucciones con los pasos a seguir para detectar si se ha sufrido un ataque”. El independentismo se moviliza para contactar con el mayor número de posibles afectados, “ofreciendo hasta un sistema protocolizado para descubrir el programa espía”, explica González. Sin embargo, JxCat opta por mantener en secreto el escándalo, decidido a hacerlo explotar en el momento más oportuno para sus intereses. En el ínterin, más de 200 políticos, abogados y periodistas vinculados al Movimiento remiten sus móviles a Citizen Lab, donde ya trabajaba un independentista confeso, Elies Campo, para ser analizados.
El independentismo se moviliza para contactar con el mayor número de posibles afectados, “ofreciendo hasta un sistema protocolizado para descubrir el programa espía”, explica González. Sin embargo, JxCat opta por mantener en secreto el escándalo, decidido a hacerlo explotar en el momento más oportuno para sus intereses"
De modo que cuando el pasado 18 de abril la revista New Yorker publica, en un amplio reportaje elaborado por Ronan Farrow, una celebrity del periodismo más pendiente de su ego que de la verdad de lo que escribe, el informe “CatalanGate; Extensive Mercenary Spyware Operation against Catalans Using Pegasus and Candiru” realizado por Citizen Lab (centro especializado en ciberespionaje dependiente de la Munk School of Global Affairs & Public Policy de la Universidad de Toronto), con una lista de 65 abogados, políticos, activistas y periodistas como presuntas víctimas del espionaje, la sorpresa en Barcelona es nula. Una explosión por control remoto. Tan nula como que el independentismo tuvo tiempo sobrado para inaugurar ese mismo 18 de abril la web “catalangate.cat” destinada a hacer de altavoz de la campaña contra el malvado Estado español capaz de espiar a la buena gente nacionalista. Lo asombroso del caso, lo vergonzoso desde el punto de vista de un español bien nacido, es que el Gobierno de la nación no haya movido un dedo para desenmascarar el montaje. Que el Gobierno de un país de 47 millones de habitantes y con instituciones hoy muy malheridas en su prestigio pero perfectamente democráticas, no haya sido capaz de cuestionar los métodos de trabajo de Citizen Lab (CL) y la fiabilidad de su informe.
Porque son abrumadoras las evidencias de que CL ha elaborado una chapuza alejada de los estándares de calidad exigibles en el mundo académico tanto desde el punto metodológico como deontológico. Una de las personas que más se ha distinguido a la hora de interpelar a esa institución ha sido José Javier Olivas (“Los descuidados peritos del «CatalanGate»: el valor del informe de Citizen Lab”, Hay Derecho, 6 Junio 2022). Para Olivas, profesor de Ciencias Políticas en la UNED y Doctor por la London School of Economics, “llama la atención la falta de transparencia en algunas cuestiones metodológicas muy relevantes. Del informe no se puede deducir ni cuando, ni cómo, ni dónde, ni por quién fueron llevados a cabo los análisis forenses” (…) “El informe no ha sido sometido a una revisión de pares («peer review») y no pone a disposición los datos necesarios para poder replicar los resultados. Extrañan más aún las reticencias que Ronald Deibert, director de CL, mostró frente a los europarlamentarios del Grupo Renew Europe y la prensa cuando se le solicitaron detalles sobre la investigación. Este rechazo es llamativo dado que él tiende a criticar los estudios faltos de transparencia (…) Esta crítica choca frontalmente con la forma de proceder en el informe CatalanGate, donde tampoco se pueden verificar los resultados, donde las pruebas para incriminar a España son “circunstanciales” (como el informe admite), donde no se reportan grados de confianza de ningún indicador, ni se consideran falsos positivos o explicaciones alternativas” (…) “Ningún conflicto de interés fue reconocido explícitamente, algo que es básico en cualquier investigación científica. Entre ellos quizás el más llamativo es que uno de los autores, Elies Campo, un activista independentista que colaboró en la organización del referéndum de 2017 y que aparece como víctima en el informe, fue quien se encargó de coordinar el trabajo de campo en Cataluña”. La lista de anomalías se haría interminable.
El ingeniero informático Jonathan Scott, experto en ciberseguridad, publicaba hace escasas fechas un documento que hace añicos desde el punto de vista técnico la credibilidad de CL y reclama una investigación independiente. Que es exactamente lo que exige una carta, firmada por más de cien catedráticos y profesores de universidad españoles, remitida este 5 de julio al presidente de la Universidad de Toronto, Profesor Meric Gertler, y a sus colegas Meric Gertler y Lorraine E. Ferris. Después de relatar una larga y pormenorizada lista de anomalías detectadas en el informe, los firmantes, encabezados por Carlos Conde Solares, presidente del Foro de Profesores y profesor titular de Historia de España en la Universidad de Northumbria, entre otros cargos, termina despidiéndose con un “We believe that the above overwhelmingly calls for an independent investigation, in order not to compromise the reputation of your institution”. La misma exigencia se había planteado ya en mayo pasado en un documento enviado a la Universidad de Toronto, firmado por Olivas y 15 catedráticos y profesores más, describiendo “una serie de posibles problemas metodológicos y éticos que sugieren la necesidad de iniciar una investigación independiente y reevaluar los hallazgos del informe CatalanGate”. La institución Universidad de Toronto no ha dicho, de momento, esta boca es mía.
La cabeza del mismo es el ya citado Deibert, director del Laboratorio, un tipo influyente que empezó, según él mismo admite, como hackactivista punk y ha terminado, además de como dueño de varias empresas, como creador de una especie de “cártel” en cuestiones relacionadas con el activismo y verificación de contagios, todo ello basado en contactos y maniobras clientelares más que en conocimientos técnicos"
No ha dicho ni mu porque, a lo que parece, en torno a Citizen Lab se desarrolla un tan curioso como lucrativo negocio. La cabeza del mismo es el ya citado Deibert, director del Laboratorio, un tipo influyente que empezó, según él mismo admite, como hackactivista punk y ha terminado, además de como dueño de varias empresas, como creador de una especie de “cártel” en cuestiones relacionadas con el activismo y verificación de contagios, todo ello basado en contactos y maniobras clientelares más que en conocimientos técnicos. Lo grave del caso es que Deibert y CL están actuando como expertos verificadores en distintas causas judiciales abiertas como consecuencia de las denuncias presentadas por el caso Pegasus contra el grupo israelí NSO. Y hay serio riesgo de que sean llamados a testificar como peritos por los titulares de los juzgados donde el separatismo ha planteado ya denuncias en España (caso del juzgado de instrucción número 21 de Barcelona, denuncia presentada por Ómnium Cultural y parcialmente admitida a trámite a finales de junio). La cosa funcionaría más o menos así: primero CL elabora, en estrecha sintonía con el nacionalismo, el informe “CatalanGate”; a continuación, los supuestos afectados presentan denuncia, y finalmente el propio CL certifica (con minutas muy cuantiosas) la veracidad de los pinchazos. Una técnica que recuerda vagamente a la utilizada por el corrupto policía Villarejo cuando ofrecía protección a los capos del Ibex.
-Muchas gracias, pero yo no tengo ningún problema –rechazaba amablemente el ofertado.
-Eso no importa. Nosotros te lo creamos primero y luego te lo resolvemos.
Más escandalosa aún suena la implicación de CL en la búsqueda activa de pruebas de cargo –simple munición- para multinacionales como WhatsApp y Apple, además del separatismo catalán, en apoyo de sus denuncias en los tribunales contra NSO Group. La concesión de una “ayuda” al Laboratorio de 10 millones de dólares anunciada hace escasas fechas por Apple, no contribuye precisamente a despejar dudas sobre esta conducta. Sería simplemente una forma de pagar los servicios prestados. Curiosamente, en 2017 Deibert se quejaba de que la falta de cooperación de las Big Tech con los Gobiernos estaba en la base del problema de la ciberseguridad. Ahora parece que ya lo ha resuelto a plena satisfacción. ¿Es este modelo (de negocio) compatible con los estándares éticos de la Universidad de Toronto?
Lo que resulta de todo punto inaceptable es que este miserable Gobierno que padecemos y que resignadamente soportamos se cruce de brazos, mire para otro lado y consienta la derrota frente al separatismo sacrificando el prestigio de España y sus instituciones"
Lo que resulta de todo punto inaceptable es que este miserable Gobierno que padecemos y que resignadamente soportamos se cruce de brazos, mire para otro lado y consienta la derrota frente al separatismo sacrificando el prestigio de España y sus instituciones, cuando le resultaría muy fácil obligar a la Universidad de Toronto a abrir una investigación que dejara en evidencia al independentismo, desmontando la trama que se esconde tras un informe fraudulento elaborado a medias entre el mundo “separata” y sus amigos canadienses. Bolaños ha recibido personalmente copia de los trabajos aquí citados destinados a desenmascarar el “CatalanGate” y algunos más, pero calla. ¿Cómo podríamos explicar entonces el cese de Paz Esteban? El Gobierno lo sabe y calla. Cautivo y desarmado ante ERC y sus votos, se esconde. El comportamiento de Sánchez en este caso es una infamia, una dejación muy grave en términos de país. Bolaños, el monaguillo sectario y mano derecha del presidente en Moncloa, utiliza el lenguaje del político arrastrado capaz de situar en un plano de igualdad al Gobierno de España con el de una comunidad autónoma que, además, solo representa a los separatistas, es decir, al 25% de la población catalana. Tras su reunión de este viernes con la consejera Vilagrà, el pisaverde firma un comunicado en el que anuncia su disposición a “trabajar en un acuerdo” basado en el “pleno respeto a todos los planteamientos, aunque están muy distantes entre sí, porque en democracia todas las ideas son respetables”. Las ideas de quienes pretenden destruir la nación solo se pueden combatir, nunca respetar. Aceptan la derrota en el caso Pegasus a manos de ERC, y la vuelven a aceptar con la esperpéntica Ley de Memoria Democrática a manos de Bildu. Por este barro nos arrastran estos canallas.