Desde hace ya algunos años, en sus funciones de supervisión, el BCE otorga una creciente importancia a la gobernanza de las instituciones financieras. Quiere asegurarse de que los administradores sean suficientemente idóneos para el cargo, que los procedimientos y la toma de decisiones en los órganos de gobierno sean adecuados, y que la división de funciones sea correcta. En España esto resulta especialmente importante después de que, en la crisis que se inició en 2007, se pusiera de manifiesto un elevado grado de influencia política en las antiguas cajas de ahorros, lo que constituyó, sin duda, el principal factor que determinó la quiebra de bastantes.
En los mayores bancos no hay accionistas importantes más allá de los fondos, que no ocupan puestos en el Consejo, por lo que la adecuación de los consejeros independientes resulta especialmente importante. Aunque alta remuneración y largo tiempo de permanencia no suelen ser la mejor garantía de independencia. Por otra parte, el BCE quiere que los presidentes de las instituciones financieras tengan carácter no ejecutivo y los consejeros delegados sean quienes asuman toda la dirección del negocio.
Precisamente, en el BBVA, el BCE aprovechó la salida obligada de González por el asunto Villarejo para imponer una merma de las funciones presidenciales, mientras el consejero delegado turco pasaba a depender del Consejo. Actualmente, algunos medios apuntan discrepancias entre los dos lo que, de ser cierto, constituiría otro problema. Además, sigue pendiendo sobre la entidad una espada de Damocles, ya que está imputada en el procedimiento judicial mencionado. Por lo que no puede descartarse que, eventualmente, acabe con cambios en los máximos niveles.
Da la impresión de que, quizás, haya que esperar al nombramiento de un nuevo consejero delegado para que el banco se acabe de adecuar realmente al BCE
En el Santander no ha sido hasta hace pocas semanas cuando se han dado algunos pasos para adecuarse a las exigencias del BCE, aunque han sido de orden menor. Cabe recordar el conflicto que supuso la abortada contratación de Orcel. Aquel fiasco llevó a la continuidad del consejero delegado, por cierto, un gran profesional, aunque relativamente subordinado a la presidenta. Hace unas semanas un medio de comunicación informó sobre su relevo cercano, pero fue desmentido de inmediato por la entidad. Da la impresión de que, quizás, haya que esperar al nombramiento de un nuevo consejero delegado para que el banco se acabe de adecuar realmente al BCE.
En Caixabank, tras la absorción de Bankia, el negocio lo dirige el consejero delegado, si bien cuenta con el mejor presidente de todo el sector bancario, que mantiene algunas (pocas) funciones ejecutivas. Esa integración fue, en realidad, una compra (como indica la existencia de prima para los accionistas), lo que siempre resulta adecuado para organizar bien la cadena de mando. Por otra parte, Fainé parece haber esquivado bastante el control político en la Fundación (dueña del 30% del banco), así como también el desastre que hubiera sido el triunfo del procés, llevándose las sedes fuera de Cataluña.
Las tres mencionadas son las principales entidades financieras españolas, las que son objeto de mayor atención sin duda por parte del BCE y el BdE. Pero, en algunas otras, quizás existan más problemas de gobernanza y politización. Me voy a referir a dos de ellas: Kutxabank y Unicaja.
El anterior presidente de Kutxabank fue desalojado del puesto (incluso con malas artes) por su objetivo de salir a Bolsa, que era absolutamente racional, pero incomodaba a ese partido
La entidad financiera vasca es propiedad al 100% de las Fundaciones procedentes de las tres antiguas cajas (más del 50% la de Vizcaya) y está absolutamente controlada por el PNV. Desde luego, creo que no se ha logrado en absoluto el objetivo de la despolitización. El anterior presidente de Kutxabank fue desalojado del puesto (incluso con malas artes) por su objetivo de salir a Bolsa, que era absolutamente racional, pero incomodaba a ese partido. No obstante, no parece que haya interferencias en la gestión, o al menos no groseras. De manera que Kutxabank es una entidad bien gestionada y muy solvente. Pero esa dependencia política es una amenaza. Por ejemplo, podría ser eventualmente controlada por parte de Bildu en el futuro. Que ya veríamos a qué podría conducir.
Por último, tenemos el caso de Unicaja. Que ha venido siendo protagonista en los medios de comunicación desde hace tiempo. Por las dimisiones de consejeros independientes (si bien éstas han sido por diferentes y variados motivos). Por el descontento, fundado o no, en Málaga sobre el reparto de poder, incluso con rumores, bastante absurdos, sobre fuga de la sede social. Y por las noticias sobre la Fundación Unicaja y su presidente, hasta su anuncio de dimisión, donde el tiempo dirá si hay alguna justificación en las supuestas acusaciones.
A diferencia de CBK, en esta integración la entidad de mayor tamaño no asumió la dirección del negocio (los responsables sabrán por qué), sino que se otorgó a LBK. Y se estableció un plazo (hasta 2023) para asentar definitivamente el modelo de presidencia no ejecutiva y ratificar o no al consejero delegado. Lo que, sin duda, ha sido causa de parte de las tensiones. Además, la politización es evidente, por ejemplo, con un partido montando una plataforma de agitación y otros mirando si pueden sacar unos votos de esta campaña. Desde luego, todo este ambiente no resulta nada positivo para la entidad y los partidos políticos deberían quedar al margen del banco y de la Fundación.
En definitiva, la gobernanza ha mejorado en estos años, pero los problemas de diversa naturaleza aquí descritos siguen planteando que queda camino por recorrer aún para llegar a lo que vienen demandando el supervisor y los inversores.
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