Aprobar sin saber, la mejor forma de ascender

Año 2130. Bajo el frontispicio del edificio de la Agencia Tributaria Central, en letras de mármol grabadas hace tiempo inmemorial, se podía leer la siguiente frase:

“La memoria os hará esclavos del pasado. El conocimiento es relativo.”

Cruzamos la puerta bajo la máxima de sabiduría que cuelga sobre nosotros y nos encontramos con el mostrador de Información Pública. Hoy se respira mucho ajetreo.

-Jefe, este señor quiere saber si el sábado es inhábil -pregunta un funcionario recién ascendido-.

-Por favor, búscalo en Google, le contesta su jefe.

-Fallo general -le respondió su compañero-. Se ha caído el sistema.

-¿Y no te acuerdas de lo que ponía en la ley? Si los de vuestra promoción acabáis de aprobar.

-Em, ¿dice usted la ley, jefe? Eso no entraba en nuestro temario. Solo el resumen legislativo de la circular H30 resumida y sintetizada por orden de la modernidad educativa para evitar sufrimiento cerebral.

-¡Demonios!, replicó el jefe. Llama al “Sabio”, a ver si nos puede ayudar.

Llegó el Sabio, le quedaban unas horas para jubilarse. Con gesto diestro y resoluto traía un libro bajo el brazo con el último ejemplar en papel de las leyes administrativas compiladas y actualizadas. Abrió el tomo casi con los ojos cerrados y su dedo se posó en el artículo correspondiente.

-Los sábados y domingos son inhábiles a efectos administrativos -pronunció con una voz solemne-. Así se estableció en la reforma del año…

-¡Alto, alto!-. Ordenó el supervisor. No es necesario mayor información. Puede poner en peligro el conocimiento temporal de nuestros cerebros. ¡Funcionario!, dígale al contribuyente que los sábados son inhábiles -y el supervisor zanjó la urgencia-.

El Sabio se marchó a su escritorio a continuar recogiendo sus libros, pues pronto dejaría su puesto. Varios compañeros al verle aprovechaban la ocasión para consultarle:

-Sabio, Sabio, en este expediente hay caducidad o prescripción, ¿no es lo mismo?

-Sabio, ¿qué es un trámite de audiencia?

-Sabio, por favor, aquí un contribuyente habla de jurisprudencia, ¿eso no era una cosa medieval?

El Sabio, desesperado, consultó su reloj. En dos horas estaría oficialmente jubilado. No era suficiente tiempo para instruir a sus compañeros y llenar los vacíos de conocimiento que les angustiaban.

La degradación de la excelencia

Parece ciencia ficción, ¿verdad? Pues tristemente quizás alguno de nosotros, funcionarios, acabemos como "El Sabio", asistiendo a la degradación del conocimiento, la excelencia, y la profesionalización en la función pública -como demuestra el acuerdo que se aprobó recientemente sobre los criterios para la promoción interna, de 3 de noviembre pasado-.

Con el objetivo de “atraer talento” y garantizar la prestación de servicios públicos de calidad, el año pasado, desde el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, se publicaron unas "Orientaciones para el cambio en materia de selección en la Administración General del Estado".

En dichas "orientaciones" se alude al Programa que inició el mencionado Ministerio "para repensar la selección con el objetivo de crear conocimiento y pensamiento transformador que permitiera orientar la actualización de los procesos selectivos de la Administración General del Estado a las nuevas circunstancias de relevo generacional, la irrupción de la inteligencia artificial y la robotización y las nuevas necesidades de talento que requiere la gestión pública del siglo XXI".

Podríamos asistir a la degradación del conocimiento, la excelencia, y la profesionalización en la función pública, como demuestra el acuerdo que se aprobó recientemente sobre los criterios para la promoción interna

Bajo este amplio catálogo de propósitos, el propio documento afirma que uno de sus objetivos es contar con un modelo de selección "mixto, basado más en los conocimientos y en la evaluación de competencias y menos en conceptos memorísticos". Con el pretexto de que los conocimientos, "teóricos y de carácter memorístico", "pueden acabar desapareciendo" -sería ya el fin de la humanidad racional-, y de que la enseñanza universitaria combina dichos conocimientos con competencias, como un "conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, valores y motivaciones", se afirma en el documento que las oposiciones no resultan atractivas para los universitarios de hoy en día, defendiéndose que la exigencia de pruebas memorísticas puede disuadir a muchas personas jóvenes con talento que se han acostumbrado (página 30) "a aprender de acuerdo a otros modelos y métodos pedagógicos más orientados al saber práctico, la resolución de problemas y el saber haciendo" -gran expresión esta última de conocimiento-.

Se anuncian como medidas la reducción del número de ejercicios, la unificación de pruebas compatibles, así como "abordar gradualmente la transición desde el predominio en las oposiciones de las pruebas memorísticas a la realización de pruebas que valoren las competencias además de los conocimientos de las personas aspirantes", y se propugna la supresión de exámenes orales, siempre que no exista una razón debidamente justificada, afirmación genérica que no se concreta.

Apreciamos, por tanto, que se pretende que en las oposiciones dejen de tener la importancia que les corresponde las pruebas de acreditación de conocimientos teóricos, introduciéndose la evaluación de unas supuestas competencias, sobre cuya valoración pueden apreciarse grandes incógnitas de discrecionalidad.

Querer prescindir de la demostración de conocimientos aprendidos y adquiridos gracias a la memoria, es devaluar el proceso selectivo, en beneficio de la subjetivización

Según dispone el artículo 103.3 de la Constitución Española, el acceso al empleo público debe efectuarse de acuerdo con los principios de mérito y capacidad. Se trata de que los aspirantes demuestren que en ellos concurren los méritos y la capacidad para el ejercicio del empleo público al que optan.

En primer lugar, sin perjuicio de la importancia que determinadas capacidades puedan tener en el desarrollo de una profesión, por ejemplo, el liderazgo de equipos, de nada sirven dichas capacidades si se carece de lo esencial, el conocimiento de la materia que se va a desempeñar, requisito este que resulta fundamental para poder seleccionar a los mejores para el puesto de trabajo, tanto en el ámbito privado como en el público.

Querer prescindir de la demostración de conocimientos aprendidos y adquiridos gracias a la memoria, es devaluar el proceso selectivo, en beneficio de la subjetivación en la apreciación de competencias de indeterminado contenido.

Este ataque a la memoria y su sustitución por competencias que deban valorarse está suponiendo no una transición a unas oposiciones más modernas, sino a unas oposiciones más subjetivas y sencillas, difíciles de evaluación de forma objetiva, y, por lo tanto, más propensas a la discrecionalidad del órgano examinador.

En la actualidad el proceso de oposición de los cuerpos superiores es muy exigente, pero no por capricho, sino porque es la forma de que los mejor preparados puedan ser seleccionados para el desarrollo de funciones de gran importancia en la Administración. Así, no se trata sólo de repetir unos temas en un examen oral, sino de la realización de toda una serie de exámenes. Por ejemplo, para el Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda, además de exámenes sobre Derecho Constitucional y Administrativo, y de idioma, de carácter jurídico, debe resolverse un examen de contabilidad y matemáticas financieras, y un supuesto práctico -el dictamen- debiendo el aspirante emplear todo el conocimiento del que dispone y su capacidad de comprensión y análisis para resolver exitosamente dichas pruebas.

Y superado este ejercicio, es cuando el aspirante se enfrenta a los temidos exámenes orales. El cante de los temas, que asusta a muchos, es un ejercicio que -común en las oposiciones de muchos cuerpos superiores- supone no sólo la sintetización de información, su estructuración y presentación, sino también su exposición ante un Tribunal, demostrando la capacidad de oratoria, solvencia y seguridad para hablar en público, así como de condensación de todo un tema en el tiempo tasado.

Vemos, por tanto, que las oposiciones actuales no sólo exigen la demostración de conocimientos, sino también el ejercicio de importantes capacidades para la exposición y desarrollo de las materias estudiadas.

Querer reducir el nivel de exigencia de conocimientos en las oposiciones puede derivar en que acabe aprobando personas que desconozcan absolutamente cuáles son las normas que deben aplicar en su trabajo

Y ahí no queda la cosa, pues después de la oposición, una vez aprobada se desarrolla todo un curso de formación, ampliando conocimientos y aptitudes para el buen desempeño del puesto de trabajo que le toque al opositor como destino.

Querer reducir el nivel de exigencia de conocimientos en las oposiciones puede derivar en que acabe aprobando personas que desconozcan absolutamente cuáles son las normas que deben aplicar en su trabajo, aunque eso sí, resulten muy buenos comunicadores o estén muy motivados. Las capacidades podrán o no desarrollarse, tenerse en mayor o menor intensidad, pero los conocimientos no se pueden improvisar, los conceptos se saben o no se saben, se tienen adquiridos o no, y eso debe demostrarse en un examen.

Gracias al exigente proceso existente en la actualidad, la Administración se asegura seleccionar a los mejores candidatos. Los que ya tienen en su cabeza los conceptos y materias que les servirán para el desarrollo de la profesión.

Cuestión distinta será el desarrollo de su trabajo. A trabajar se aprende trabajando, a inspeccionar, inspeccionando, y a informar, haciendo informes. En el desarrollo de cada puesto de trabajo deberá aprender aptitudes que, lógicamente, no puede conocer ni demostrar con anterioridad, pues no era inspector de Hacienda antes de aprobar la oposición, ni había estado destinado como tal en el departamento correspondiente.

De este modo, la oposición no es un examen en el que todos puedan aprobar, sino sólo los mejor preparados.

Por otro lado, merece la pena detenerse en las referencias que hace el mencionado documento a que se potencie la promoción interna "para que el personal considere esta vía de acceso como una oportunidad atractiva para desarrollar su carrera profesional".

No se trata de seleccionar al aspirante que sea más simpático, más dinámico, más ocurrente, sino al que esté mejor preparado para garantizar una correcta aplicación de estos y un mejor servicio público a los ciudadanos

El documento del Ministerio descaradamente aboga por sustituir la oposición por la realización de pruebas en un curso selectivo.

Hasta ahí se podía llegar. Lo que sucede es que la promoción interna no es suficientemente aprovechada. Si se consultan los datos de las oposiciones de promoción interna puede verse cómo esta forma de selección disfruta de una cantidad de ventajas que no tienen las oposiciones por turno libre. El ratio de aspirantes por plaza es relativamente escaso (2,25 aspirantes por plaza) en promoción interna para cuerpo C1 de la AEAT frente al de turno libre (26,06 aspirantes por plaza); y hay una exención generalizada de realización del primer ejercicio. Y, sin embargo, sólo un 26% de los opositores de interna que gozan de estas medidas consigue superar la oposición. Por lo tanto, el problema no es lo poco atractivo de estas oposiciones, sino la escasa preparación de un elevado número de aspirantes.

En fin, no se trata de seleccionar al aspirante que sea más simpático, más dinámico, más ocurrente, sino al que esté mejor preparado, que se sepa mejor los conocimientos para garantizar una correcta aplicación de estos y un mejor servicio público a los ciudadanos. Pues se trata de servir a los intereses generales de la población y no a los dictados de los responsables políticos de turno cambiantes durante el funcionamiento de la Administración.

Lo contrario tendrá por resultado que la Administración Pública renuncie drásticamente a exigir la excelencia entre sus nuevos funcionarios, integrándose en las plantillas personal con un grado de formación muy inferior al exigido actualmente.

Antonio Morales Martín es inspector de Hacienda del Estado