Me cuentan que fue el mismo día. El día que Italia eliminó la financiación estatal de los partidos políticos, el gobierno socialista —sí, socialista— de Mariano Rajoy prohibió la privada, excepto por parte de las personas físicas, que se mantuvo pero sometida ahora a una gran limitación en su cuantía. El Partido Popular, acosado, no por la sospecha sino por la certeza generalizada de haberse financiado irregularmente durante décadas, adoptó así una medida largo tiempo reclamada desde las posiciones más izquierdistas del espectro político español. Un presidente señalado personal y directamente por la sombra de la corrupción más indecorosa habilitó un conjunto de medidas supuestamente destinadas a combatirla. Todas ellas fueron estúpidos brindis al sol y la guinda del pastel fue esa prohibición de que las empresas y organizaciones privadas pudieran donar fondos a los partidos. Hubo quien denunció entonces la incongruencia: si lo que se pretendía era que las empresas no pudieran comprar decisiones políticas, ¿qué sentido tenía empujarlas a efectuar sus aportes aún más en negro? ¿O es que el PP, lejos de hacer transparentes los apoyos a los partidos, pretendía que todos ellos fueran tan opacos como los gestionados por los sucesivos tesoreros que han reinado en la sede de Génova y en las cuentas de Suiza?

Cada persona física o jurídica debe ser libre de donar a quien quiera y cuanto quiera, de la misma manera que cualquier partido debe ser libre de recibir las donaciones que se le hagan

Lo que se necesita en un sistema parlamentarista es que los electos respondan realmente ante sus electores, y que éstos puedan escoger de forma directa a sus representantes, en vez de limitarse a ratificar la lista cerrada y bloqueada de tal o cual formación política. Y, por supuesto, cada persona física o jurídica debe ser libre de donar a quien quiera y cuanto quiera, de la misma manera que cualquier político y cualquier agrupación de éstos (partido político) debe ser libre de recibir donaciones de quien le plazca. Cuando el Estado interviene en esto, lo que hace es distorsionar la realidad para beneficio, por supuesto, de la élite instalada en él. Como mucho, podría argumentarse que, dada la naturaleza de la donación, ésta debería ser transparente a partir de cierta cuantía. No dejaría, en todo caso, de ser una medida relativamente fácil de esquivar repartiendo las donaciones entre muchos donantes.

Otro de los problemas que plantea la medida de Rajoy, actualmente en vigor con el aplauso de los demás partidos del sistema, es la pérdida de intimidad del donante, ya que la Hacienda pública dominada por la casta política tiene acceso a la información sobre quién dona a qué partido. Para donaciones bajas o cuotas mensuales de afiliación esto puede resultar irrelevante, pero para los montos algo más elevados que todavía se permite, la medida diezma la capacidad de recaudación de los partidos modestos por el temor de los potenciales donantes a aparecer en alguna lista a disposición del Montoro de turno. Y como ya no puede anonimizarse el donativo mediante asociaciones o sociedades mercantiles, resulta muy preocupante este blindaje del establishment frente a cualquier movimiento económico de gran magnitud en torno a proyectos nuevos e “incontrolados”. Igual que la casta estatal somete y controla los movimientos alrededor de las grandes empresas “estratégicas”, falseando así el capitalismo, mantiene también un control similar sobre las formaciones políticas para beneficio de las admitidas en el oligopolio de la representación, que reciben decenas de millones al año, falseando así la democracia. Lo que esta reforma buscó y logró fue dar una nueva vuelta de tuerca a un sistema en el que los partidos son apéndices del Estado y se financian en un porcentaje elevadísimo con los aportes involuntarios de los contribuyentes. Entre eso y un partido único, la diferencia es estética. 

Nuestro partido único multimarca ofrece varios gustos y colores para satisfacer los paladares y la vista del respetable

Nuestro metapartido, nuestro partido único multimarca, ofrece varios gustos y colores para satisfacer los paladares y la vista del respetable, pero todas las opciones políticas con posibilidades de acceder a las instituciones tienen esas posibilidades porque el establishment se las brinda, y se engaña quien piense que los nuevos movimientos de estos últimos tiempos en la escena partitaria española son algo más que una recomposición del sistema para gestionar la desafección.

Pero por encima de todo tenemos un problema moral de primer orden, ya que el sistema de financiación estatal de los partidos y la práctica eliminación de la financiación privada son un golpe irreparable a la base ética de nuestra política. Un partido político no es —o no debería ser— otra cosa que una forma específica de organizarse para ejercer el derecho de asociación. Un partido no es una institución pública, sino una asociación. Y las asociaciones son privadas. Y por lo tanto es profundamente injusto y contrario al Derecho con mayúscula que los ciudadanos se vean obligados a donar vía impuestos a partidos cuyas ideas no comparten (como pasa también con los sindicatos, las confesiones religiosas, las ONG subvencionadas, las películas que empiezan con veinte logos oficiales, etcétera).

Cuando el Estado compra con nuestro dinero hasta a los mismísimos partidos políticos, ¿qué tipo de régimen político podemos esperar? En efecto, la financiación estatal de los partidos es la negación de la política partitaria y del pluralismo real de opciones, y sustituye la democracia convencional por un circuito cerrado de opciones aprobadas por la élite discreta del régimen. Como si no fueran suficientes las trabas inmensas a los partidos nuevos o pequeños que impone nuestra infumable ley electoral, sólo faltaba aplicar también la asfixia financiera a cualquiera que quiera hacer política “por libre”. En fin, la socialdemocracia generalizada y transpartita está cada día más acosada por la evolución tecnológica que libera al individuo y por la evidencia de su propio fracaso económico, y su reacción es recortar más y más las libertades públicas —con normas como la ley mordaza—, los derechos civiles e incluso el supuesto pluralismo político. Esto último hace cada día menos creíble el alambicado andamiaje del Estado democrático, otrora admirado por su sofisticación y hoy despreciado como un aparatoso cacharro que nos estorba, nos espía y nos roba.