Dependencia y demografía: los grandes retos sociales en España

España camina moribunda hacia el abismo demográfico sin que nadie se atreva a tomar medidas estructurales que ayuden a paliar los efectos, tanto directos, como indirectos, que ya estamos notando en la sociedad y en la economía española. 

Las señales de alarma surgieron ya hace años, pero ha sido en 2015 cuando hemos visto que el número de fallecimientos supera al de nacimientos. En el primer semestre, el número de nacimientos fue de 206.656 mientras que las defunciones ascendieron a 225.924, con un crecimiento negativo de 19.268, y de 23.179 respectivamente respecto al mismo periodo del año pasado.

El número de nacimientos en España, en el primer semestre de 2015, ha confirmado la tendencia a la baja que experimenta ese dato desde 2008 y ha marcado un mínimo desde 2010, con 206.656 nacimientos, un 0,8% menos que en el mismo periodo del año anterior. Un dato que, de confirmarse con la estadística del segundo semestre de este año, empeoraría la ya mala situación de España en la clasificación de países con la peor pirámide  demográfica.

Las necesidades de gasto en políticas sociales, sanitarias y de dependencia van a aumentar de forma exponencial

La pregunta es clara, ¿qué efectos tendrá esta situación sobre la sociedad y la economía española en los próximos años? La primera, y la más obvia, es que las necesidades de gasto en políticas sociales, sanitarias y de dependencia van a aumentar de forma exponencial, al tiempo que el crecimiento potencial de la economía española se verá afectado de forma significativa. Si a esto unimos el problema endémico del desempleo y el déficit crónico del sistema público de pensiones, estamos ante un escenario social y económico de corte estructural muy complicado.

Si nos centramos en el tema de la dependencia y políticas sociales, España es uno de los países que menos gasta en este apartado de toda la Unión Monetaria. En 2014, el gasto total fue de 6.367mill€, aproximadamente un 0,6% del PIB. La distribución de dicho gasto es muy asimétrica, pues el Estado aporta únicamente un 17%, el 62,7% las Comunidades Autónomas y el resto, un 19%, lo pagan directamente los usuarios en forma de copagos. Esta tendencia de reducción del peso de la Administración Central en el gasto ya se inició con el Gobierno de Zapatero, y ha continuado con el de Rajoy, especialmente a raíz del Real Decreto-ley de julio de 2012 que sustanció la reducción de prestaciones y el alargamiento de plazos en el reconocimiento de los dependientes más severos. El resultado es que el sistema nacional de dependencia ha venido perdiendo usuarios, a razón de 24.195 hasta finales de 2014, manteniéndose una lista de espera de más de 168.000 ciudadanos.

Esta tipo de políticas tiene, sin duda, una gran repercusión social, pero también macroeconómica, ya que, a diferencia de algunas percepciones políticas, este tipo de actuaciones son un claro ejemplo de inversión y no de gasto, aspecto éste que algunos no acaban de entender.

Transcurridos ya algunos años desde la aprobación de la LAPAD (Ley de Autonomía de la Persona Dependiente) se pueden examinas sus efectos macroeconómicos desde una óptica puramente macroeconómica. Para ello, a partir de estimaciones de los presupuestos consolidados en atención a la dependencia de las Comunidades Autónomas y de la Administración General del Estado para el período 2007-2014, se utilizan modelos estadísticos para cuantificar el impacto esperado que las transferencias, ayudas e inversiones contempladas en dichas partidas presupuestarias públicas puedan tener sobre las principales variables macroeconómicas españolas.  

Esta actuación pública desencadena un ajuste al alza de la actividad económica general, vía multiplicador del gasto agregado, pero también hay un efecto de oferta sobre el capital privado, cuyos principales efectos consisten en un aumento de la productividad del trabajo y del capital privado, que abarata la producción y estimula la actividad económica general. Este doble efecto de oferta y demanda, acaba siendo una garantía de retorno económico de la inversión en políticas sociales, a lo que hay que sumar el efecto beneficioso que sobre la población afectada y sus familias tiene el cuarto pilar del Estado del Bienestar.

Sin políticas sociales y de dependencia, el PIB sería un 0,15% inferior desde que se puso en marcha el sistema

En el periodo de vigencia de la Ley, el impacto sobre el crecimiento se puede estimar en un 0,15%, es decir sin políticas sociales y de dependencia, el PIB sería un 0,15% inferior desde que se puso en marcha el sistema. Desde una óptica laboral, el escenario con y sin política social y de dependencia arroja un saldo positivo medio es de casi 140.000 empleos creados de más por la inversión en dependencia. En términos agregados, el sistema de la dependencia es responsable del mantenimiento o creación de más de 690.000 empleos. En términos de paro, la dependencia es responsable de una reducción de 0,55% en el periodo analizado, siendo muy significativa que la reducción de inversión a partir de 2012 explica casi un 1% del incremento del paro en el periodo recesivo 2012-2014.

También es muy interesante observar cómo las políticas sociales, y en especial la atención a la dependencia, influyen sobre variables fiscales. Así, el déficit público habría sido menor en ausencia de políticas de dependencia, 0,27 puntos porcentuales en 2008, 0,43 puntos en 2009 y 0,69 puntos en 2010, y 0,54 puntos en 2011 debido al recorte de Zapatero. En 2012-2014, se redujo su impacto notablemente por la reducción de gasto aprobado, siendo la media del trienio de 0,18 puntos.

Otra variable a explorar es el aumento de recaudación fiscal por el aumento de bases imponibles como consecuencia del incremento del gasto y la inversión pública. Las estimaciones aportan que más de 1.500 mill€ en cotizaciones a la Seguridad Social y cerca de 1.000 mill€ en recaudación fiscal estarían explicados por la política social y dependencia.

En conclusión, las políticas sociales, y en especial la de dependencia, por no hablar de las de tipo demográfico, no sólo son un derecho social, sino que se ha demostrado que son muy rentables económicamente hablando. Generan empleo, impulsan el crecimiento, mejoran las cuentas de la Seguridad Social y apenas tienen influencia en el déficit y deuda.