Una década ha necesitado la banca para salir de las tertulias de la calle. Para perder, o dejar en el olvido, ese traje de demonio que le insertó la crisis. Estos días se cumplen diez años de la gran depresión que generó Lehman Brothers. Se atropellan los recordatorios de aquel colapso que cambió para siempre el contrato entre sociedad, política y mercados financieros. Aquella hecatombe financiera no sólo generó la mayor de las recesiones sino que rompió el bipartidismo en todo el mundo dando entrada a mensajes populistas que ahora apenas se dedican a intentar soliviantar las calles desde su acomodo en el sistema. Para la banca han sido diez años de travesía en el desierto. De millonarios rescates por parte de los estados, los bancos centrales y por esa parte del sistema que se sostenía a duras penas; de una orgía regulatoria en busca de mayores niveles de capital, además de un sinfín de cortafuegos para la próxima crisis; y de la judicialización de la ‘obra’ y desmanes de sus antiguas cúpulas. En España, con más ahínco que en otras geografías, los juzgados acumularon (y acumulan) cientos de miles de demandas por todo tipo de productos comercializados durante la ‘burbuja’: preferentes, bonos subordinados, hipotecas multidivisas, cláusulas suelo…
Nada ha sido igual para el mundo financiero desde la caída de Lehman Brothers. Su réplica en España, pese a moverse por las cañerías del sistema desde aquel septiembre de 2008, no acabó de explotar hasta mayo de 2012. Quizá el momento más delicado para nuestro sector financiero. Un Gobierno del PP forzando la dimisión de Rodrigo Rato, el gran gurú de los asuntos económicos del Ejecutivo Aznar, al frente de un gigante sin alma y con pies de barro que era aquella rescatada Bankia. Aquel día, el castillo de naipes de las cajas españolas comenzó a desmoronarse. Rato y su cochambrosa BFA-Bankia suponían el mayor foco de inestabilidad y falta de credibilidad para el sistema financiero español en todo el mundo. Y los Botín (Emilio), FG y Fainé solicitaron la presa al ministro Luis de Guindos en su despacho del ministerio de la cosa económica en la plaza de Cuzco. Fue uno de esos momentos, como muchos otros a lo largo de la historia, de una única voz. De lobby a plena potencia. Ahora, años después, el lobby bancario ha vuelto a unirse ante la llamada de otro Botín.
Y no ha sido por el impuesto a la banca. Ese proyecto fallido, mitad globo sonda, mitad misión imposible, que el desgobierno de Pedro Sánchez ha obligado a guardar en el cajón de la ministra Nadia Calviño. La banca se mostró firme ante el anuncio del Gobierno socialista. “Transmitiremos ese impuesto a los clientes aumentando las comisiones”. Premisa uno. “Nos replantearemos la estructura fiscal en España para no pagar dobles comisiones”, José Antonio Álvarez, CEO del Santander, dixit. Premisa dos. Desde entonces, la tasa a la banca ha mutado a un impuesto a las transacciones financieras al que aún le falta toda la letra pequeña. Veremos en qué acaba el folletín.
El golpe de corneta de Ana Patricia Botín se articula en el gran desvelo a día de hoy por la ciudad financiera de Boadilla: la judicialización de la compra de Popular. La cascada de demandas de todo tipo de clientes (minoristas y grandes inversores) en todo tipo de juzgados en todo tipo de geografías (España, Europa y Estados Unidos) por las millonarias quitas que supuso la resolución del Popu es uno de esos temas grabados a fuego en los despachos nobles del banco rojo. “No se entiende que hayamos salvado un banco, hayamos quitado presión a todo el sistema financiero español con esa compra y tengamos que sufrir este calvario judicial durante los próximos años”, reconoce en privado, desde hace meses, algún directivo de la entidad. El devenir judicial de la resolución de Popular no será muy diferente al historial en los tribunales que heredó José Ignacio Goirigolzarri de la Bankia de Rato. Miles y miles de demandas por las pérdidas sufridas tras el bail in obligado por el dinero el rescate que a día de hoy aún siguen, muchas de ellas, sin resolverse.
La resolución del Popular fue la primera en la historia de la reciente Unión Bancaria alrededor del Banco Central Europeo, pero será la última, como la hemos conocido, si triunfa el lobby iniciado por Botín.
Popular llevaba meses moribundo pero desapareció en poco menos de un día: entre las 17,30 horas del 6 de junio (cuando valía 1.330 millones en Bolsa), y las 8 horas del miércoles 7 de junio, cuando ya pertenecía al Santander tras pagar un euro. Fue entonces cuando la nueva legislación europea se estrenaba con España e hizo posible este truco de magia por el que en una noche una entidad con 147.000 millones de activos, 11.948 empleados y 1.739 oficinas pasaba a manos de un competidor. A grandes rasgos, la operación castigó a 305.000 accionistas y a sus inversores, que tenían unos 2.000 millones en bonos convertibles y en deuda subordinada, mientras los supervisores europeos -con la Junta Única de Resolución como ejecutora-, fueron los maestros de ceremonia, que además se felicitaban porque la operación no costara ni un euro al contribuyente.
La resolución del Popular fue la primera en la historia de la reciente Unión Bancaria alrededor del Banco Central Europeo, pero será la última, como la hemos conocido, si triunfa el lobby iniciado por Botín. La presidenta del Santander ya ha trasladado a Francfort que no participará en la compra de otras entidades en resolución si no se cambia la letra gruesa de la legislación para que no haya más casos como el de Popular. Para que el comprador esté exento del calvario judicial que supone la resolución de un banco. Una de las fórmulas que ha propuesto al sector, y que lleva algunas semanas en los despachos del Gobierno y de Jaime Ponce, presidente del FROB, el organismo de español que medió con Europa la ejecución de Popular, consiste en la creación de un banco puente entre la entidad en resolución y la compradora. De esta manera, este banco puente sería quien ejecutase todas las pérdidas necesarias a accionistas y bonistas por la resolución del banco quebrado y, por ende, recibiría el tsunami de demandas judiciales. Así, el banco comprador quedaría exento del calvario judicial.
La letra suena bien entre el sector financiero español. De hecho, otras entidades han comenzado a afinar la melodía. Lo hizo Gonzalo Gortázar, CEO de Caixabank, hace apenas dos semanas durante su comparecencia en el Congreso en la comisión de investigación de la crisis financiera. “La manera menos costosa de resolver un banco es acordar la venta de sus activos y pasivos a otra entidad. Aquí es clave la seguridad jurídica para el comprador. Si tras un proceso de resolución, el comprador se puede ver obligado a responder por las contingencias generadas por actuaciones del banco rescatado, es probable que decida no acudir al rescate, privando al mecanismo de resolución de la alternativa más eficiente. En función de cómo se desarrollen las responsabilidades del último proceso de resolución habido en España”, en referencia al Santander con el Popular, “es posible que no aparezca ningún voluntario para hacerse cargo de la próxima entidad con problemas, sea en España o en Europa”. “Por tanto, en mi opinión, es prioritario desarrollar legislación que libere de responsabilidades heredadas al comprador de un banco en proceso de resolución”, concluyó.
El fin de Popular comenzó con la caída de Lehman Brothers. Y nadie puede asegurar que no se repitan nuevas quiebras como la del gigante de la banca de inversión o de un más modesto banco retail.
El entramado legislativo de esta nueva ‘doctrina Botín’ se antoja complicado. “¿Quién sería el titular de este banco puente? Si fuera el FROB, el pago de ese proceso judicial volvería a castigar a los contribuyentes. Si se ejecutase a través del Fondo de Garantía de Depósitos, la factura recaería en el sector. ¿Pero estarían dispuestos el resto de bancos a asumir ese coste en favor de un competidor cuando no hay una situación de estrés o peligrosidad como fue la crisis de las cajas?”, se pregunta un antiguo responsable del Banco de España. Algunos economistas señalan una tercera vía: el sobrante de las emisiones del Tesoro. Ya se contempló esa opción, como vía de salvación para Popular, ante las obligaciones de la nueva regulación bancaria que pretenden eximir al contribuyente del rescate de las entidades quebradas.
El fin de Popular comenzó con la caída de Lehman Brothers. Y nadie puede asegurar que no se repitan nuevas quiebras como la del gigante de la banca de inversión o de un más modesto banco retail. William White, antiguo economista jefe del Banco de Pagos Internacionales, no es el único que opina que la política económica y la teoría económica han aprendido poco o nada de la quiebra de Lehman Brothers. Lo cual amenaza con un colapso aún mayor que en septiembre de 2008. De momento, los primeros síntomas de recesión ya comienzan a sentirse en España. Empieza a ser momento de comenzar a guardar la ropa.
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