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Roger Senserrich

Opinión

Dos acusaciones justas

Utilizar la violencia, aun en grado de tentativa, para derrocar el ordenamiento constitucional, es algo extraordinariamente grave, y no hay ningún Estado que no lo castigue con décadas de cárcel

Un coche de la Guardia Civil durante las manifestaciones en la Consejería de Economía de 2017.
Un coche de la Guardia Civil durante las manifestaciones en la Consejería de Economía de 2017.

La reacción más significativa tras los escritos de acusación de la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra los políticos secesionistas catalanes fue lo que sus compañeros de partido no dijeron. Torra, Aragonès, Geis y demás se llenaron la boca hablando de represión, falta de cintura, de renuncia a la política y las habituales proclamas sobre democracia, libertad y el eterno pueblo catalán oprimido, como hacen siempre. De lo que no hablaron fue sobre los hechos que se detallan en los documentos presentados delante del tribunal, porque nadie parece disputar que todo lo que dicen es cierto.

Esta fue la noticia más importante del viernes. Las discrepancias entre Fiscalía y Abogacía del Estado, el rechazo a negociar los presupuestos, las quejas de la oposición, la absurda petición de Pablo Iglesias de meter en la cárcel a Jose María Aznar porque supongo le cae mal. Todo lo secundario. Ayer los poderes del Estado publicaron una explicación larga, detallada, abrumadora, cargada de información y detalles sobre cómo un grupo de políticos que controlaban un gobierno autonómico utilizaron la administración, el parlamento y relaciones fuera de la ley con entidades sociales para orillar la aplicación de la legalidad constitucional y estatutaria, impedir el cumplimiento de las resoluciones administrativas y judiciales para declarar la independencia. Nadie negó los hechos.

Más allá de los hechos, la polémica sobre la divergencia de criterios entre Fiscalía y Abogacía del Estado es secundaria

Los secesionistas están pidiendo, en sus declaraciones, que el Gobierno debería coger toda esta información, mirar la multitud de gente con banderitas en la calle, y decir que bueno, vale, esta vez os perdonamos y vamos a negociar con vosotros sobre cómo podemos repetir todo esto sin que os saltéis la ley. El Gobierno y la Fiscalía han hecho lo que han tenido que hacer y los van a llevar a juicio, porque tener una multitud enfervorecida aplaudiendo no es motivo para dejar que un puñado de políticos decidan derogar todo el ordenamiento jurídico de la región en contra de la voluntad de la mitad de sus habitantes. Más allá de estos hechos, mi opinión es que la polémica sobre la divergencia de criterios entre Fiscalía y Abogacía del Estado es secundaria.

El delito de rebelión es, por motivos obvios, uno de los más severamente penados del código penal; utilizar la violencia en un intento de derrocar el ordenamiento constitucional es algo extraordinariamente grave, y no hay ningún Estado que no lo castigue con décadas de cárcel. El umbral de uso de la violencia no es, sin embargo, algo que deba tomarse a la ligera. Es obvio que los políticos secesionistas habían planeado que su desafío al ordenamiento constitucional pudiera acabar en violencia y tenían los medios para ejercerla. Lo que también me parece claro es que, a la hora de la verdad, cuando podían iniciar (y habían planeado hacerlo) confrontaciones directas el 3 de octubre, les tembló el pulso y no se atrevieron.

La Fiscalía argumenta que el Govern, con su inacción el 20 de septiembre, 1 y 3 de Octubre, buscaba provocar que hubiera disturbios violentos. Cuando la Generalitat ordenó a los Mossos, el cuerpo policial a sus órdenes y garante del monopolio de la violencia del Estado, desobedecer resoluciones judiciales de forma directa, esa decisión llevaba implícita el uso de violencia.

La sedición tiene más sentido, pero entiendo que hay un argumento jurídico coherente y posiblemente válido detrás de una acusación de rebelión

Mi impresión es que no es un argumento absurdo, pero sí forzado. Los políticos secesionistas habían hecho planes para la rebelión, y tomaron todos los pasos para poder lanzarla cuando proclamaran la independencia, pero se quedaron a medias. Del mismo modo que en el Código Penal distinguimos entre un asesinato y asesinato en grado de tentativa, el hecho que los secesionistas nunca llegaran a dar una orden explícita de cometer actos violentos es algo que debe tenerse en cuenta.

El delito de rebelión, por supuesto, no incluye el grado de tentativa -la gravedad de los hechos es tal que, aunque el intento fracase, la condena no varía-. Aun así, que no haya violencia importa. La diferencia entre el riesgo de una guerra civil o el riesgo de un caos jurídico y político inenarrable, a fin de cuentas, es considerable. Dado que los legisladores explícitamente crearon un tipo penal para perseguir actuaciones con los mismos fines pero que no recurren a medios violentos, es posible argumentar que el listón para considerar algo como violencia debe ser exigente. Que no hubiera tiros, ni milicias armadas organizadas ocupando edificios, ni mossos enfrentándose a policías no es irrelevante. Hay una diferencia cualitativa clara entre una manifestación que acaba a porrazos y la quema del Reichstag.

¿Basta esta distinción para decir que estamos ante sedición y no rebelión? No lo sé, y no es mi trabajo decirlo. Este es un Estado de derecho, y quien decide sobre los hechos y la gravedad de un delito son los jueces, no la Fiscalía, los abogados del Estado o un columnista de prensa. Mi impresión es que la sedición tiene más sentido, pero entiendo que hay un argumento jurídico coherente y posiblemente válido detrás de una acusación de rebelión. Por mucho que la oposición exclame que el Gobierno se ha vendido a los separatistas, es perfectamente posible que la Abogacía del Estado prefiera, sin embargo, acusarlos por un delito que “sólo” implica pasar más de una década en la cárcel.

Vista la reacción de los secesionistas, dudo que pueda calificarse de ser una decisión política.



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