Hace tan solo unos días del término del show Shakira, affaire en el que, combinando el uso de pruebas obtenidas de aquella manera, de indicios más que ficticios, de la intimidación que supone la petición de penas de cárcel, del drama familiar consiguiente y del perjuicio profesional y reputacional, el Fisco español forzó a la cantante a suscribir un acuerdo extrajudicial que no parece acorde con la realidad tributaria sobre la que se ha pactado. Y solo unos días hace que los servicios de prensa del ministerio de Hacienda vendieron lo acordado de modo intoxicado en las redacciones de los medios de comunicación, como si de un triunfo suyo se tratara cuando no fue más que el resultado de un abuso innombrable de las potestades del Fisco para atropellar a un contribuyente.
Pues bien, pocos días después de lo descrito se ha conocido la estrepitosa derrota judicial de nuestro Fisco ante otro contribuyente -Dani Pedrosa- al que también pretendieron atropellar, esta vez sin éxito. Según se ha publicado, al excampeón mundial de motociclismo, la Agencia Tributaria le requería el pago de 25 millones de euros por nueve ejercicios del IRPF en base a considerar que, frente a lo por él declarado, sí tenía su residencia fiscal en España. Primero fue el Tribunal Económico Administrativo Central del propio Ministerio de Hacienda el que declaró ilegal la pretensión de la AEAT en siete de los años reseñados -de 2.008 a 2.014-. Y ahora ha sido la Audiencia Nacional la que ha constatado que también son ilegales las pretensiones del Fisco en otros dos ejercicios, 2.005 y 2.006. Como resumen, a Dani Pedrosa se le ha acusado indebidamente de defraudar 25 millones de euros, resultando finalmente que en la resolución de los litigios él ha salido victorioso y los acusadores derrotados.
Los ahora perdedores, inspectores de Hacienda que formularon la injustificada acusación, recibieron por ello en su día un premio económico cuya devolución nadie les exige
Pero hete aquí que el ahora ganador ha tenido que sufrir durante quince años una grave acusación con varios costes inherentes: Los gastos de su defensa jurídica, que ahora le serán solo parcialmente resarcidos; Un injusto señalamiento social derivado de su inclusión en la execrable la lista de morosos frente a la Hacienda; Un acoso del Fisco a su propio entorno que originó la queja al Defensor del Contributente… Por su parte, los ahora perdedores, inspectores de Hacienda que formularon la injustificada acusación, recibieron por ello en su día un premio económico cuya devolución nadie les exige, una felicitación de sus superiores y hasta es posible que un ascenso. Quiere decirse que acusar desde el Fisco sale muy rentable, por mucho que la acusación carezca de fundamento. Cuesta aceptar que la vida, la hacienda, la tranquilidad y la reputación de un contribuyente puedan ponerse en solfa tan irresponsablemente por aquellos que vienen obligados a cumplir con la legalidad en su actuación. Semejante aberración no es compatible con un Estado democrático, pues es más propia de la época feudal. Pero esto es lo que hay y parece así es socialmente aceptado.
Siendo relevante en sí mismo el caso de Pedrosa, sucede que no es el único. Por citar otros casos de conocidos, cabe señalar el de otro campeón de motociclismo, Jorge Lorenzo, que también salió victorioso frente a un Fisco que le exigía pagar 45 millones de euros y que para forzarle a pagarlos llegó incluso a enviar a funcionarios aduaneros al motor home del deportista con fines inquisitivos y de presión. O el de Xabi Alonso, que se impuso en varias instancias judiciales a un Fisco que incluso llegó a imputar también a su abogado para ofrecer a este su desimputación si convencía al futbolista para que se declarase culpable. Se trata de prácticas nada edificantes utilizadas por el Fisco que, abusando de sus desorbitadas potestades, realiza un pressing ilegítimo a los contribuyentes. Y en ocasiones logra su objetivo, como en el caso ya citado de Shakira, en el de otros famosos, y en el de muchos, muchísimos contribuyentes desconocidos. A todos ellos se les obliga a elegir entre susto o muerte y la mayoría se ven obligados a elegir lo primero ante la extrema gravedad que les supone lo segundo.
Este modus operandi abusivo de nuestro Fisco resulta absolutamente inaceptable, como lo es también la impunidad social con la que se lleva a cabo, pero es lo cierto que está siendo aceptado colectivamente. Lo aceptan todos los partidos políticos, probablemente conscientes de que cuando ocupan el poder el feudalismo fiscal les proporciona recursos con los que engordar el presupuesto que aprueban y ejecutan. Lo acepta la CEOE, probablemente porque sus principales miembros son grandes empresas que disponen de medios para atemperar los abusos que les puedan afectar directamente. Lo aceptan los sucesivos defensores del Contribuyente, probablemente porque se trata de la institución más inútil que imaginarse pueda. Y lo que es peor, parece aceptarlo la sociedad en su conjunto, siendo esta aceptación la más preocupante e incomprensible de todas.
Si el Fisco abusa indebida e ilegítimamente de algunos, aunque estos sean pocos, debiéramos ser todos los que nos sintiéramos aludidos. Y todos los que nos opusiéramos
En efecto, es obligado reflexionar sobre por qué en pleno siglo XXI la mayoría social se pone de perfil ante los abusos a los que el Estado somete a algunos. En mi opinión, concurren dos circunstancias relacionadas entre sí. Una, que la sociedad se aproxima al problema con un criterio estrictamente cuantitativo, no dándole la trascendencia que tiene por afectar a un número escaso de ciudadanos. Y dos, por no ser cuantitativamente relevante, la mayoría de los individuos lo ven como un problema ajeno a ellos. El error de ambas visiones es evidente. Las víctimas de ETA también fueron -son- cuantitativamente irrelevantes en términos relativos y nadie lo ve ni como un problema menor ni como un problema ajeno. Análogas consideraciones pueden hacerse sobre las violaciones. En definitiva, si el Fisco abusa indebida e ilegítimamente de algunos, aunque estos sean pocos, debiéramos ser todos los que nos sintiéramos aludidos. Y todos los que nos opusiéramos al uso indebido que la Hacienda Pública hace de las exorbitantes potestades que le hemos concedido.
Así lo entendieron los norteamericanos cuando se revolvieron social y colectivamente contra los abusos y contra la impunidad que caracterizaban las actuaciones de los agentes del IRS, su equivalente a nuestra Agencia Tributaria. Y su revuelta consiguió la modificación legal de la relación jurídico-tributaria en su país, el cambio en la operativa del citado IRS y un marco envidiable de derechos para los contribuyentes de aquel país. Pero claro, España no es Estados Unidos. En este caso, desgraciadamente.