Afirma con reiteración y énfasis: “Yo soy el presidente del Gobierno”. Lo es desde comienzos de junio de 2018 no por haber ganado las elecciones generales, sino a través de una moción de censura (art. 114.2 CE), negociada con Podemos, nacionalistas vascos y catalanes, contra el gobierno de Rajoy. Formó un gobierno unitario del PSOE y se afanó en controlar los resortes del poder público. Desde su posición de poder convocó elecciones generales en abril de 2019, pero sólo obtuvo 123 escaños por lo que no pudo ser investido presidente. Convocó otra vez elecciones generales en noviembre de 2019, pero obtuvo 120 escaños (28,25% de los votos válidos), 3 menos que en las elecciones de abril. En todo este itinerario de elecciones, Sánchez nunca obtuvo los 137 escaños que tuvo Rajoy cuando perdió la moción de censura.
Sánchez sólo pudo ser investido presidente por las Cortes en coalición con Podemos sin mayoría, y el apoyo parlamentario de comunistas, nacionalistas y separatistas. En expresión de Rubalcaba (DEP) un gobierno Frankenstein. En estas condiciones, Sánchez ha sido presidente del gobierno de España hasta el presente y, según afirma, así seguirá hasta final de la legislatura en 2023 con la voluntad de continuar en el futuro.
Estos hechos, sucintamente expuestos, manifiestan la voluntad de poder de Sánchez hasta alcanzar su meta forzando el orden constitucional de legitimación del poder público con impacto en el sistema de representatividad democrática. Veámoslo con detalle.
La acción del Gobierno está a expensas de condicionantes e hipotecas de los socios que ha elegido para seguir siendo presidente, que han determinado en gran medida la gobernación de España
El Gobierno actual, presidido por Sánchez, tiene la representatividad formal por haber obtenido la investidura de las Cortes por mayoría simple (art. 99.3 CE), esto es, más votos a favor que en contra, al no haber obtenido la mayoría absoluta en primera votación. Consiguió sumar los votos del PSOE (120), Unidas Podemos (35), PNV (6), Más País-Compromís (3), Nueva Canarias (1), BNG (1), Teruel existe (1). Total 167 votos. En contra, los 165 votos del PP (88), Vox (52), Cs (10), Junts per-Catalunya (8), CUP (2), UPN (2), CC (1), Foro Asturias (1), PRC (1). Sánchez logró ser investido presidente por la abstención de ERC (13) y EH Bildu (5).
El poder político ejecutivo, resultante de esta composición de fuerzas políticas, se ajusta a la legitimidad legal-racional (Weber) en el sentido romano de legitimitas -"lo legal es legítimo”- aunque su acción, como es patente, está a expensas de condicionantes e hipotecas de los socios que ha elegido para seguir siendo presidente, que han determinado en gran medida la gobernación de España, más escorada al interés personal y de sus socios que hacia el interés general de los españoles, cuyos efectos considerarnos después.
La representatividad formal es condición necesaria pero no suficiente. La representatividad legítima no se circunscribe ni agota en el sistema de mayorías y minorías que sólo expresa el umbral mínimo del sistema de legitimación en el marco de la cultura democrática, cuyo núcleo central es la justificación del poder político, por la desigualdad que produce el poder de unos ciudadanos sobre otros al ser capaces de transformar su voluntad (intereses) en derecho (normas) y en coacción (ejecución).
Sánchez tiene, en efecto, una exigua representatividad democrática del conjunto del “demos” español: el voto del 28,25% de ciudadanos, en 2019, que representa el 18,36% del total del censo electoral
Las prerrogativas del poder político y de capacidad de acción en la sombra decantan la relación entre gobernantes y gobernados (ciudadanos-pueblo) a favor de los primeros, incluso en las democracias, por lo que es importante acreditar un alto grado de legitimidad más allá́ de la normatividad en función de criterios políticos, morales y éticos.
Sánchez tiene, en efecto, una exigua representatividad democrática del conjunto del “demos” español: el voto del 28,25% de ciudadanos, en 2019, que representa el 18,36% del total del censo electoral. Aun así, como he expuesto, su presidencia es legítima porque es legal, pero la representatividad material, observable en sus políticas, está condicionada por sus “compañeros de viaje” y los propios límites del personaje. Fijémonos si esto es importante que durante el actual gobierno Sánchez, los contenidos ejecutivos y legislativos han sido la expresión material de su representatividad formal: han primado, más allá de la socialdemocracia, los intereses social-comunistas y la connivencia con los partidos separatistas en detrimento de los intereses generales de los españoles: realmente ha primado la agenda ideológica sobre la gobernabilidad común; la politización de las instituciones del Estado contra su integridad; la fragmentación sobre la unidad; el intervencionismo político sobre la autonomía del poder judicial; el incremento de las dependencias sobre la soberanía; el populismo económico sobre la solvencia y la eficacia; la degradación del sistema educativo contra el capital humano que procura la educación; la propaganda y la ocultación sobre la veracidad y la transparencia… Así ejerce Sánchez el mandato representativo para oprobio de la Nación, pero viene de lejos por las carencias no enmendadas del orden instituido. Dos son relevantes: la división de poderes y el sistema electoral.
La Constitución establece un sistema de división funcional de poderes, pero no de separación neta de poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Quien controla el poder Ejecutivo, controla el Legislativo y condiciona el Judicial como está pasando ahora mismo. Sánchez avanza por la pendiente del abuso de poder sin controles efectivos. Es la principal amenaza para los ciudadanos libres.
La vida parlamentaria de plenos y comisiones ejemplifica el juego interesado de los partidos más centrado en conservar el poder y las prebendas que en el interés general de la sociedad
La legitimación del poder altamente cualificada —no únicamente la formal de las mayorías— y los controles al poder político devienen instrumentos fundamentales de representatividad democrática (formal y material) y de cultura democrática de los que carecemos en nuestro entramado institucional, basado en la partidocracia que se ha adueñado del Estado. Los ciudadanos no votamos a representantes ejecutivos y legislativos sino a líderes y siglas en listas cerradas y bloqueadas sobre cuyos candidatos no tenemos capacidad de elección. Las legislaturas se resumen en la voluntad de los líderes de los partidos con sus alianzas de poder e influencia según su peso relativo en votos. La vida parlamentaria de plenos y comisiones ejemplifica el juego interesado de los partidos más centrado en conservar el poder y las prebendas que en el interés general de la sociedad, como muestra el reciente debate del Estado de la Nación, con efectos degradantes.
El orden constitucional, derivado de la Transición, demanda reformas, entre izquierda y derecha, habida cuenta de su desnaturalización. Urge instituir la separación neta de poderes con contrapesos, con legislaturas de cuatro años y elecciones bianuales de la mitad de los miembros de las Cámaras, y de un sistema electoral (único para Cortes, autonomías y ayuntamientos), centrado en la representatividad efectiva del pueblo español con cinco notas: sistema mixto equilibrado (combina el sistema proporcional y el escrutinio mayoritario), listas de candidatos abiertas, partidos de implantación nacional (exclusión de partidos separatistas), máximo de dos mandatos para el poder ejecutivo, acatamiento constitucional binario: “Sí/No juro o prometo”.
Galdós y "los males de arriba"
¿Serán capaces los partidos políticos de acometer estos cambios de mejora de la representatividad de los españoles? La alternativa es la creciente degradación de la democracia como estamos viendo y su impacto en la politización sectaria, la fragmentación y el empobrecimiento. Aún estamos a tiempo de revertir la deriva populista (simplificación y vacío) que amenaza nuestra libertad y la integridad de la Nación, porque parafraseando a Galdós “los males de arriba todavía no han cundido en la masa común del país… y la homogeneidad de sentimientos sobre los que se cimenta la nacionalidad es aún poderosa…”.
Así las cosas, puede afirmarse definitivamente: Sánchez, en su acción, no representa a la mayoría del pueblo español.
Ya no se pueden votar ni publicar comentarios en este artículo.
Sus hechos nos demuestran sin lugar a dudas que Pedro Sánchez aspira a convertirse en un dictador totalitario bananero estilo Maduro, motivo por el cual se dedica a colocar a sus peones más sectarios en las principales instituciones, fiscalía y Poder Judicial incluidas.
Como debe ser la judicatura debe de ser como DIOS MANDA, de derechas siempre, que es eso de que entren progresistas, o jueces de inclinación de izquierdas AMOSANDA, los buenos son los que ponemos nosotros los de derechas, esos que que controlamos por detrás que diría el otro, que es eso de que entre algún rojo en la judicatura.
Sánchez se representa a sí mismo y a nadie más: yo, mi, me, conmigo
“¿Quién no conoce y confiesa que es muy difícil contener con leyes las fuerzas y el poder de un hombre en cuyas manos están concentrados todos los medios de que dispone la república?”
~Juan de Mariana, †1624
“[L]a organización social y política no debería permitir que nadie representara a nadie. El individuo es lo más importante."
~C.Tangana
Efectivamente Sr. Rul de acuerdo en todo, y vendidos estamos.
Y yo aún añadiría que visto lo visto cuando unos partidos políticos obtengan el "poder" tal y como lo ha hecho el gobierno Frankestein que tenemos se deberían (con obligación) convocar elecciones generales a los dos años de actuación de dicho gobierno y cada dos años hasta finalizar el de cuatro, para "convalidar" con el pueblo las actuaciones de éste.
Ya, que si donde dije Digo digo Diego.
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Eso es lo que debería haber hecho el pp en el 2012, elecciones para que el pueblo que les votó en masa, 186 escaños refrendara las políticas que estaba llevando a cabo, hizo ABSOLUTAMENTE TODO LO CONTRARIO DE LO QUE PROMETIO EN CAMPAÑA, eso si que fue un timo al pais.
La Separación de Poderes supone que las acciones del poder -en especial las del Ejecutivo- sean controladas y enjuiciadas por un Poder Judicial imparcial.
Para garantizar la imparcialidad se establecen garantías a su Independencia.
La Independencia de los Jueces no es un fin en si mismo, sino la salvaguarda de su IMPARCIALIDAD. Que es lo esencial.
Cuando se pierde la Separación de Poderes, se pierde la IMPARCIALIDAD. Y, con ella, la idea misma de Justicia.
En España, por medio de un buen número de mecanismos y fraudes, son los políticos quienes eligen a los jueces; muy especialmente a los que les habrán de juzgar.
Ya no hay IMPARCIALIDAD, y la Independencia carece de justificación. ¿Independiente y Parcial?
En España tenemos asociaciones Judiciales que imposibilitan cualquier componenda legítima.
Por ejemplo, esa asociación del 10%, a la que se refiere, ¿dejaría de votar en bloque si los candidatos ya no los pudiesen proponer como asociación?
Desde luego que no. Todo seguiría igual, salvo la Justicia, que avanzaría más rápido hacia el abismo.
«La corrupción judicial, preludio del fascismo».
Así se desprende con claridad dle J´ACCUSE (CASO DREYFUS), de Émile Zola.
«La corrupción judicial, preludio del fascismo». Así se desprende de la realidad y de la historia.
Porque cuando nadie controla al poder, estamos ante un Régimen Político Totalitario.
Como en España.
Olvidé felicitarle, Sr Rul, por su artículo, lo que procedo a reparar.
Gracias