Hacienda se enteró horas antes del Debate de que Sánchez aplicará un impuesto a la banca

El Ministerio de Hacienda se enteró horas antes del Debate sobre el Estado de la Nación de que Pedro Sánchez aplicará un impuesto a la banca y la Agencia Tributaria tuvo que preparar una estimación de recaudación ad hoc para vestir la medida. Así lo trasladan fuentes conocedoras de los escasísimos preparativos que precedieron al anuncio, que ha cogido a la Dirección General de Tributos, el brazo legislativo de Hacienda, dando los últimos toques al impuesto a las energéticas.

Tras la consigna política, Tributos se enfrenta ahora al reto de armarlo jurídicamente. No cuenta, a diferencia del impuesto a las energéticas, con el ejemplo de Italia o las recomendaciones de la Comisión Europea. No hay referentes de un impuesto de este tipo ahora, salvo el caso de Hungría, que ha anunciado a finales de mayo un impuesto al beneficio extraordinario de eléctricas, bancos y aseguradoras para compensar la inflación. Otros países tienen la 'tasa Tobin', y Reino Unido y Francia han tenido tasas bancarias decimonónicas.

Un impuesto que se suma además al de los depósitos bancarios que pagan las entidades bancarias a las comunidades autónomas, que recauda poco menos de 350 millones, frente a los 1.500 al año que ha anunciado Sánchez para el nuevo tributo.

Ni siquiera se ha esperado a ver qué directrices puede dar el Banco Central Europeo (BCE), que según Financial Times, sopesa posibles fórmulas para impedir que los bancos se aprovechen de los beneficios millonarios por la subida de tipos.

Sobre lo poco madura que está la medida, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dicho en un receso del Debate que se tramitará primero el impuesto a las energéticas y ha apuntado a que el de la banca tardará en diseñarse. Al igual que el impuesto a las energéticas, se registrará directamente en el Congreso como proposición de ley.

La creación de un impuesto a la banca es una vieja reivindicación de Podemos que el PSOE rechazaba en la primera legislatura de Pedro Sánchez, que los propios morados no planteaban desde hace tiempo, y que exigió la semana pasada el secretario general de CCOO, Unai Sordo, en una concentración delante de la sede de CEOE para revindicar subidas salariales ligadas a la inflación.

Una vez que el Gobierno había anunciado el impuesto a las energéticas, Pepe Álvarez, secretario general de UGT, y Sordo no lo vieron el pasado miércoles suficiente, reclamaron una subida del Impuesto sobre Sociedades, y Sordo apuntó en concreto a la banca, que a su juicio se está "forrando" con las hipotecas.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que no veía con buenos ojos un impuesto de este tipo en 2018 y 2019, ahora ha señalado que las entidades financieras "están empezando a tener mayores beneficios con motivo de la subida de tipos". Asimismo, ha recordado que durante la anterior crisis financiera "este país, de la mano de los gobiernos conservadores, acudió al rescate de la banca", y que la postura del Gobierno es "rescatar a los ciudadanos".

Montero ha detallado a los medios en el Congreso que los dos impuestos pretenden gravar a empresas que facturen más de 1.000 millones, la misma cifra de la 'tasa Tobin', aunque en este caso grava la compra de acciones de empresas españolas con una capitalización superior a esa cifra.

Pero la concreción es muy escasa. Sánchez habló de impuesto, no de un recargo en Sociedades. La banca tiene un tipo nominal en el Impuesto sobre Sociedades superior a la media, del 30%, cinco puntos por encima del resto, pero lo tiene así precisamente para que pueda compensar las pérdidas que acumula, en concreto, cerca de 30.000 millones de euros de DTA o activos fiscales diferidos.

Esta subida de cinco puntos la lanzó Cristóbal Montoro en 2014 y aunque la vendió como un golpe fiscal a la banca, en realidad era lo contrario: cuanto más alto sea el tipo en Sociedades más créditos fiscales puede compensar la banca.

En esta clave cabe entender el impuesto a la banca que ha anunciado Sánchez y que fuentes de Hacienda confirman que será un nuevo impuesto y no un recargo en Sociedades. Si se articulara como una subida de este impuesto, en realidad sería beneficiosa para el sector.

La ministra de Hacienda ha justificado la vía de la proposición de ley en el Congreso, a través de los grupos parlamentarios que respaldan al Gobierno, porque es "el instrumento jurídico más ágil" para conseguir su aprobación antes de final de año.

Montero ha explicado que estos dos impuestos se tramitarán "en paralelo" a los Presupuestos Generales del Estado de 2023 y ha dicho estar "convencida" de que contará con el apoyo de los socios que han respaldado las "medidas progresistas" del Gobierno. A pesar de lo inmaduro que está el impuesto a la banca, fuentes de Hacienda plantean que los dos impuestos podrían tramitarse en una misma proposición de ley.

El referente español

El impuesto a los depósitos bancarios lo creó Extremadura en 2001 y luego lo implantaron Canarias y Andalucía y fue recurrido al Tribunal Constitucional por el Gobierno central en 2003. En 2012 llegó la sentencia, que lo avaló, y el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció que se crearía un impuesto estatal para compensar a estas comunidades, que no habían podido cobrarlo durante el proceso judicial.

Poco después, Cataluña, Asturias y Comunidad Valenciana empezaron a crear impuestos en este sentido para ser compensados, lo que el Estado cortó de raíz reservándose el hecho imponible y estableciendo que sólo se compensaría a quien lo hubiera creado antes del 1 de diciembre de 2012. Primero se puso a tipo cero, y luego, a un 0,03%.

El impuesto extremeño original gravaba "la captación de fondos de terceros", es decir, el dinero depositado en las oficinas de bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito en Extremadura, con un tipo impositivo que inicialmente iba del 0,3% al 0,5%, según el volumen de esos fondos. Sobre esa base imponible se establecían deducciones por cada sucursal, por tener la sede central en Extremadura, por la obra social y por determinadas inversiones de utilidad pública.