Los sindicatos de RTVE impugnarán en los tribunales el nombramiento de Elena Sánchez

Varios sindicatos de Radiotelevisión Española acudirán a los tribunales para impugnar el acuerdo del Consejo de Ministros, por el que se modificaron los estatutos sociales de la corporación para que Elena Sánchez -presidenta interina- pueda ejercer el poder ejecutivo.

Así se ha decidido en la reunión del Comité Intercentros que ha finalizado hace unos minutos, en la que han apoyado la iniciativa UGT, USO y el Sindicato Independiente. Los tres representantes de Comisiones Obreras la han rechazado, mientras que CGT se ha abstenido, según han explicado fuentes presentes en el encuentro.

Los sindicatos impugnarán el acuerdo por la vía mercantil, al entender que es contrario al artículo 204 de la Ley de Sociedades de Capital, que afirma lo siguiente:

"Son impugnables los acuerdos sociales que sean contrarios a la Ley, se opongan a los estatutos o al reglamento de la junta de la sociedad o lesionen el interés social en beneficio de uno o varios socios o de terceros.

La lesión del interés social se produce también cuando el acuerdo, aun no causando daño al patrimonio social, se impone de manera abusiva por la mayoría. Se entiende que el acuerdo se impone de forma abusiva cuando, sin responder a una necesidad razonable de la sociedad, se adopta por la mayoría en interés propio y en detrimento injustificado de los demás socios".

Doble vía

El Comité Intercentros también iniciará una vía contencioso-administrativa al considerar que el cambio de los estatutos sociales que aprobó Moncloa es contrario al espíritu de la Ley RTVE, que contempla que sólo el presidente de la corporación -elegido por 2/3 de los diputados- puede ejercer el poder ejecutivo en la casa.

Vozpópuli publicaba este miércoles el contenido de un informe que elaboraron los servicios jurídicos de la radio-televisión pública tras la dimisión de José Manuel Pérez Tornero como presidente.

En ese documento, se incidía en que Elena Sánchez, como presidenta provisional, tan sólo tendría la potestad de convocar las reuniones del Consejo, dirigir los debates, autorizar las actas y ostentar el voto de calidad en las reuniones.

La medida tomada por Moncloa el pasado 4 de octubre no tuvo en cuenta el contenido de este documento y concedió a Elena Sánchez el derecho a realizar las mismas funciones que su antecesor, lo que incluye la rúbrica de contratos de entre 500.000 euros y 2 millones; y la realización de ceses y nombramientos. Asimismo, le reconoció el sueldo de directivo de empresa pública, que en ese caso puede superar los 200.000 euros anuales.