El Consejo de Ministros allana el camino para que Google News vuelva a España

Después de varios meses de negociación con los editores de prensa, en los que el Ejecutivo ha mantenido conversaciones frecuentes con los responsables de los principales grupos del sector, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto que adapta a la legislación española la directiva europea de derechos de autor y que allana el camino para que Google vuelva a instaurar un servicio de noticias en España, tras el cierre de News hace siete años.

Este hecho se produjo después de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy reformara la Ley de Propiedad Intelectual y aprobara el denominado ‘canon AEDE’, que establecía el cobro de una tasa a los agregadores de noticias (Google News o Menéame) por utilizar los contenidos de los periódicos digitales españoles.

La nueva normativa aprobada este martes por el Ejecutivo –que se publicara el miércoles en el Boletín Oficial del Estado- deja prácticamente sin efecto este impuesto, dado que permitirá a cada editor de medios de comunicación negociar libremente con Google el pago por los contenidos que utilice la multinacional de medios de comunicación.

Esto facilita a la compañía de Mountain View la creación y potenciación de servicios de distribución de noticias a sus usuarios. Hasta ahora, los editores no podían renunciar al cobro de ese canon, mientras que a partir de mañana se eliminará esa obligación.

La normativa permitirá a cada editor de medios de comunicación negociar libremente con Google el pago por los contenidos que utilice la multinacional de medios de comunicación

Según ha avanzado el Ministerio de Cultura en una nota de prensa, la nueva norma da “la opción y libertad a cada de editor y titular de derechos de gestionarlo, bien de manera individual, mediante negociación directa con los agregadores digitales de contenido, o bien a través de una entidad de gestión colectiva con carácter voluntario, no obligatorio”.

Desde Asociación de Medios de Información -la patronal de la prensa- han declinado pronunciarse sobre el Real Decreto antes de conocer su contenido. Sin embargo,  entre sus principales socios reconocen que durante los últimos meses han podido transmitir al Ejecutivo –tanto en Cultura como a Félix Bolaños- su punto de vista sobre el contenido que debería tener el Real Decreto.

La posición de los medios con Google

La mayoría de los grandes medios de comunicación apostaba porque la nueva ley diera libertad a Google para negociar con los editores la remuneración que recibirían por la cesión de sus contenidos.

Sin embargo, Vocento expresó sus discrepancias al respecto, entre otras cosas, por el poder que otorga a la empresa norteamericana la posibilidad de disponer de las noticias de todos los medios de comunicación y gestionarlas y jerarquizarlas de la forma en la que desee.

Esta posición la resumió el consejero delegado del grupo, Luis Enríquez, en un artículo difundido el pasado 29 de enero en ABC. “La disyuntiva que se presenta a los editores es elegir entre la vigencia de nuestras marcas, la independencia respecto de nuestro omnímodo competidor y la búsqueda de nuestro propio negocio, o la subordinación de nuestras cabeceras a otra mayor y única, llámese como se llame, hasta quedar reducidos a meros servicios de agencia”, explicaba.

Y añadía: “Las consecuencias para usted serán obvias: un solo aglutinador de información, que ordenará los contenidos a su antojo (¿conoce usted las motivaciones de Google?), que concentrará la práctica totalidad del negocio y que tendrá control sobre los editores abriendo y cerrando el grifo de sus limosnas. ¿Lo que está en juego? La prensa libre y plural. Sí que iba con usted, ¿no?”.

Unas semanas después, varios grupos de medios de comunicación (Henneo, Diario de Navarra, Joly, Ultima Hora, La Gaceta de Salamanca, Diario de León, Progreso de Lugo y Segre) difundieron un texto en el que pedían al Gobierno que les concediera libertad a la hora de llegar a acuerdos con Google.

“Afirmamos que los grupos editores deben tener la opción de negociar los acuerdos que estimen oportunos con cualquier plataforma tecnológica, entre otras, con Google, (...) sin ataduras ni imposiciones de ningún tipo”, afirmaban.

Y seguían: “La libertad de prensa, su independencia, el derecho a la información de los ciudadanos, no pueden estar al albur de intereses políticos y empresariales, ni condicionado por los cambios sociales y avances tecnológicos. Son valores sagrados, irrenunciables e intocables, ahora, siempre y bajo cualquier circunstancia”.