El pulso social presiona a Macron mientras la reforma de las jubilaciones avanza en Francia

Los sindicatos en Francia siguen en pie de guerra contra el Gobierno y su reforma del sistema de jubilaciones. El descontento social, reflejado con las decenas de miles de personas que recorren las calles del país en forma de protesta, o las amenazas sindicales que plantean paralizar el país en marzo, no son suficientes para detener el avance parlamentario de la norma.

El país atraviesa su quinta jornada de movilizaciones en menos de un mes, y aunque su afluencia ha bajado -en parte, ya que coincidían con el periodo de vacaciones escolares en parte del país-, los sindicatos han visto en ella otro éxito. "El descontento, la combatividad y la determinación están intactos", ha asegurado el líder de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), Laurent Berger, en declaraciones a los medios de la ciudad de Albí que ha recogido EFE.

Francia, atravesada de Norte a sur por las protestas

La localidad de Albí, al sur de Francia y que cuenta con menos de 100.000 habitantes, ha sido la elegida para convertirse en el epicentro de la jornada de protestas, en una muestra de la transversalidad a lo largo del país galo de las demandas sociales frente al Gobierno de Emmanuel Macron.

Durante la mañana, las movilizaciones fueron menos numerosas que en las protestas precedentes, pero todavía significativas en ciudades como Rennes, Marsella o Montpellier. En París, donde las protestas comenzaron pasado el mediodía, los sindicatos calcularon 300.000 manifestantes, pero la Policía reportó alrededor de 37.000.

A nivel nacional, la CGT cifró el total de manifestantes del día en 1,3 millones. A falta de cifras oficiales, los datos de las organizaciones de trabajadores reflejan menos éxito que en las convocatorias precedentes, ya que solo hace unos días, el pasado sábado fueron 2,5 millones (siempre según los sindicatos).

Además de las manifestaciones también estaban convocadas huelgas interprofesionales, que también vieron menores tasas de adhesión.

En la enseñanza, un 7% de los profesionales optaron por el paro, casi la mitad que el pasado 7 de febrero. En cuanto al transporte, que es siempre uno de los sectores más afectados, la peor parte se la llevaron los aeropuertos (un 30% de los vuelos del parisino Orly fueron cancelados y una quinta parte en grandes ciudades como Lyon o Marsella).

La reforma avanza, ajena al descontento

Francia se revuelve contra dos puntos de la reforma del sistema de pensiones: el aumento de la edad mínima de jubilación de los 62 a los 64 años y que el incremento del periodo de cotización de 42 a 43 años para tener una pensión completa se adelante a 2027 (cuando se esperaba que entre en vigor en 2035).

Desde el Ejecutivo de Macron defienden la reforma como una medida para garantizar la viabilidad económica del sistema, que su Gobierno espera que alcance un déficit anual de 12.500 millones de euros en 2030 si no se introducen los cambios propuestos. El proyecto se encuentra hasta mañana en la Asamblea Nacional, donde ha protagonizado dos semanas de arduos debates, con alguna concesión por parte de la bancada macronista para tratar de asegurarse el apoyo de los conservadores de Los Republicanos (LR).

Los votos de LR son necesarios para la aprobación del proyecto, ya que el oficialismo carece de mayoría absoluta y la izquierda y la extrema derecha se oponen también al proyecto. De hecho, la líder ultraderechista, Marine Le Pen, anunció este miércoles la presentación de una moción de censura contra el Gobierno por la forma en que se está tramitando el trabajo parlamentario sobre la reforma de las pensiones, demasiado lento como para votar artículos decisivos antes del límite constitucional de este viernes para concluir los debates en la Cámara Baja. De allí, el proyecto pasará al Senado, donde las discusiones durarán unos dos meses.

Ante ese panorama, los sindicatos prometen seguir dando pelea en la calle. En concreto, barajan una gran movilización para el 7 de marzo, con huelgas que paralicen el país y hagan sentir al Ejecutivo y a sus potenciales aliados la presión de la calle contra la polémica reforma.