Johnson defiende la legalidad de las deportaciones a Ruanda y fletará otro vuelo

El Gobierno de Boris Johnson ha defendido este miércoles la legalidad de las deportaciones de solicitantes de asilo de Reino Unido a Ruanda tras el bloqueo del primer vuelo por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos esta madrugada. La ministra británica del Interior, Priti Patel, confirmó este miércoles que el Gobierno conservador "sigue comprometido" con su plan de enviar a solicitantes de asilo a Ruanda y condenó a quienes "denigran" al país africano "sin saber de lo que hablan".

En una comparecencia en la Cámara de los Comunes, Patel defendió la nueva política migratoria del Reino Unido, después de verse obligada a suspender el martes el primer vuelo que debía trasladar a varias personas a Ruanda, tras la intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

La ministra reiteró su "sorpresa" por la mediación de esta corte pero subrayó que no declaró "ilegal" el plan en su conjunto sino que solo prohibió de manera cautelar la deportación de tres migrantes (de siete pasajeros previstos), hasta que se pronuncie, en julio, la Justicia británica.

Preocupación por la decisión del TEDH

La titular de Interior expresó en todo caso "preocupación" por "la naturaleza opaca" de la decisión del TEDH, que fue tomada a última hora presuntamente por un juez de guardia.

Patel insistió ante los diputados en que las iniciativas legales no detendrán su empeño en sacar adelante su política de deportaciones, que calificó de "moralmente responsable", e indicó que "ya se han empezado los preparativos" para organizar el próximo vuelo.

La ministra elogió los esfuerzos de Ruanda, con cuyo Gobierno se ha firmado un acuerdo millonario para que tramite las solicitudes de asilo, y atacó a quienes "difaman" al país al criticar su historial de protección de los derechos humanos.

La portavoz de Interior laborista, Yvette Cooper, dijo que el plan del Ejecutivo de Boris Johnson "es un desastre" e instó a centrar la atención en ampliar y mejorar el actual sistema de asilo, que presenta retrasos en las decisiones de hasta cinco años.