El expresidente de Argentina Alberto Fernández (2019-2023), recientemente sucedido por Javier Milei, ha sido imputado por un escándalo relacionado con la contratación de seguros por organismos públicos durante su Gobierno, que habrían beneficiado a amigos del mandatario.
El fiscal federal Ramiro González imputó al expresidente Fernández y al extitular de Nación Seguros, Alberto Pagliano,a raíz de una denuncia penal de la abogada Silvina Martínez por presuntos delitos de violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
La denuncia pide que se investiguen las presuntas irregularidades en torno al decreto firmado por Fernández en diciembre de 2021 por el que ordenó que todos los organismos públicos contrataran los seguros en Nación Seguros, del estatal Banco Nación, en los que se habrían beneficiado amigos del expresidente como intermediarios cobrando millonarias comisiones.
Pese a no necesitar gestores para contratar esos seguros, los organismos públicos utilizaron de intermediario a su amigo, Héctor Martínez Sosa, esposo de su secretaria, María Cantero, y quien, además, figura como acreedor del expresidente en sus declaraciones juradas.
Un fraude de más de 20 millones de dólares
El escándalo, que implica un fraude sólo en ese organismo de 20 mil millones de pesos (20 millones de dólares), fue destapado por el extitular de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) Osvaldo Giordano -que nombró el presidente Javier Milei y luego echó por razones políticas- y publicado el fin de semana en el diario Clarín.
En una entrevista publicada este jueves en el diario La Nación, Fernández -al regresar de España donde residió con su familia por unos meses tras dejar el cargo el 10 de diciembre pasado- intentó alejarse de la denuncia al indicar: "No pedí por nadie, y si mi secretaria lo hizo, se extralimitó".
Si bien Fernández buscó desligarse del escándalo, Martínez Sosa y otros productores de seguros figuran como visitantes en 2020 -incluso en mayo de ese año, durante la pandemia de covid-19- en los registros oficiales de las visitas a la residencia presidencial en la localidad de Olivos.
El fiscal solicitó "todos los convenios o contrataciones" hechos desde las distintas reparticiones del Estado Nacional que suscribieron contratos de seguro bajo los términos del decreto, mediante intermediarios y que la Superintendencia de Seguros de la Nación desvele cuál era el porcentaje de mercado para ese tipo de operaciones.
