Vox exige a Sánchez eliminar organismos "inútiles" antes de abrir otros fuera de Madrid

Vox exige a Pedro Sánchez que elimine los organismos públicos "inútiles" antes de abrir nuevas sedes fuera de Madrid para "descentralizar" el Estado como propone el Gobierno. La formación liderada por Santiago Abascal ha registrado una iniciativa parlamentaria en el Congreso de los Diputados para instar al Ejecutivo a acometer, con carácter urgente, una revisión sistemática y minuciosa de las Administraciones Públicas, con objeto de enumerar aquellos organismos públicos ineficientes e innecesarios para cumplir para dar servicio público a los españoles.

La formación quiere que el Gobierno identifique las carencias existentes, especialmente en el ámbito nacional, "bajo el prisma del uso responsable del dinero de los contribuyentes". Además, los de Abascal pretenden que el procedimiento de selección de la sede de nuevas entidades del sector público estatal promovido por Sánchez se someta a consulta del Consejo de Estado.

De esta forma, explican en la PNL, el órgano supremo consultivo del Gobierno elaboraría un estudio pormenorizado del actual estado de las Administraciones Públicas para registrar, bajo su criterio jurídico e independiente, qué organismos públicos son ineficientes e innecesarios en su función de servicio a la sociedad española.

Los de Abascal pretenden que el procedimiento de selección de la sede de nuevas entidades del sector público estatal promovido por Sánchez se someta a consulta del Consejo de Estado

Por otro lado, Vox quiere modificar las directrices adoptadas en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de febrero de 2022, a fin de que en el real decreto de desarrollo del procedimiento para la designación de la sede de la entidad pública estatal de nueva creación, aún pendiente de publicación, se retire la potestad del Consejo de Ministros en la incoación y cierre del proceso. EL partido insta al Ejecutivo a ceder dicha facultad a un órgano estrictamente técnico y no al Consejo de Ministros "con el objeto de garantizar la independencia y la objetividad del trámite administrativo y evitar, así, posibles injerencias políticas y partidistas".

Según el acuerdo alcanzado por el Consejo de Ministros a principios de febrero, el proceso para la determinación de las nuevas sedes de las entidades del sector público institucional estatal es "objetivo, abierto y transparente, basado en los principios que recogen el artículo 103 de la Constitución y el artículo 3 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como los de adecuación del sector público a la actividad, vertebración, equilibrio y cohesión territorial".

Un argumento que Vox rebate en su PNL. Según el partido, los principios generales a los que apela el Gobierno sobre "adecuación al sector de actividad, vertebración y equilibrio territorial" son inéditos hasta ahora en el ordenamiento jurídico español referido al régimen jurídico del sector público.

Vox cuestiona el 'efecto capitalidad'

La formación hace referencia en su escrito a las declaraciones de miembros del Ejecutivo nacional y de presidentes regionales sobre el presunto "efecto capitalidad" de la Comunidad de Madrid. "Así, desde su punto de vista, la ciudad de Madrid y sus aledaños llevarían beneficiándose años de su posición privilegiada en la localización de las sedes de entidades de la Administración General del Estado (AGE) en términos económicos y financieros y, por ende, ahondaría en el fenómeno 'aspiradora' que ejerce la capital sobre el resto de localidades, provincias y regiones, especialmente las limítrofes", determina Vox. "Un efecto 'capitalidad' que, al contrario de lo que sostienen dichos responsables públicos, no se ajusta a la realidad", sostienen desde el partido.

"El anuncio de la próxima promulgación de un real decreto de desarrollo del procedimiento para la selección de las nuevas sedes de entidades del sector público estatal nace bajo la sombra de una duda: si es este un proceso de alcance nacional que busca hacer frente a la falta de presencia del Estado en las provincias y regiones españolas, especialmente aquellas rehenes de los separatismos vasco y catalán, así como hacer frente al reto de la España silenciada, o bien una acción política de cariz partidista cuyo objetivo no es otro que torpedear a la capital de la Nación por motivos de mera táctica política", cuestiona Vox.

El plan de "desconcentración"

Según explicó el Gobierno, las características del procedimiento de "desconcentración" pasan por construir una Comisión consultiva, de carácter interministerial y presidida por la persona titular del Ministerio de Política Territorial, que será el órgano colegiado de la Administración General del Estado (AGE) encargado de asistir al Consejo de Ministros en el proceso de elección de las sedes en las que deben ubicarse las entidades del sector público institucional estatal.

El Consejo de Ministros, cosa que pretende evitar Vox, acordará el inicio del procedimiento. A continuación, explica Moncloa, la Comisión consultiva elaborará un informe con los criterios para la determinación de la sede, que será publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) junto al acuerdo de inicio.

Las asambleas legislativas y los consejos de gobierno de las comunidades autónomas, así como los órganos plenarios de las entidades locales, podrán postular un municipio para albergar la sede de la entidad correspondiente, acompañando una memoria justificativa y un informe de cumplimiento de los criterios establecidos por la Comisión consultiva. Se podrá asimismo ofrecer compromisos adicionales en relación con la cesión de bienes inmuebles, costes financieros o medidas de apoyo al personal trasladado.

La Comisión consultiva elaborará posteriormente un dictamen donde analizará las posibles sedes, del que se dará traslado a la Comisión Delegada del Gobierno para el Reto Demográfico. Este dictamen se remitirá al Consejo de Ministros, que decidirá de forma motivada la elección de la nueva sede y publicará su acuerdo en el BOE. "Este procedimiento será objeto de desarrollo mediante un real decreto, autorizándose su tramitación administrativa urgente, al amparo de lo previsto en la Ley del Gobierno", anunció el Gobierno.