Vox se persona en el caso del espionaje a Sánchez con Pegasus tras reabrirlo la Audiencia Nacional

Vox solicita entrar en el caso Pegasus. La formación que lidera Santiago Abascal ha pedido al Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional que le permita ingresar como acusación popular del procedimiento tras su reapertura hace apenas unas semanas a tenor de la información facilitada por Francia sobre este programa de espionaje.

En un escrito al que ha tenido acceso Vozpópuli, los servicios jurídicos del partido reclaman que se les permita personarse en estas diligencias que echaron a andar a raíz de una denuncia de la Abogacía General del Estado tras detectar que el móvil del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de los ministros Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles y Luis Planas había sido infectados con este programa israelí.

Del mismo modo, Vox pide que se les dé traslado de todo lo acontecido hasta el momento en el procedimiento que dirige el magistrado José Luis Calama Teixera. El instructor del conocido como 'caso Pegasus' reabrió estas diligencias el pasado mes de abril tras haber recibido una Orden Europea de Investigación de las autoridades francesas en relación a una investigación impulsada en el país vecino en 2021 por múltiples infecciones también con Pegasus a teléfonos de periodistas, abogados, asociaciones de todo tipo y miembros del Ejecutivo galo.

Reapertura del caso Pegasus

A raíz de toda esta información, el instructor consideró pertinente reabrir la causa para comparar los elementos técnicos recogidos en la investigación francesa con los obtenidos por el CNI mientras estuvo esta causa en vigor. Cabe recordar que el juez encargó al servicio de inteligencia el análisis de los teléfonos infectados a Sánchez y tres de sus ministros en aras a esclarecer quién podía estar detrás de las infecciones que se produjeron los meses de mayo y junio de 2021.

En ese contexto, ordenó al CNI conservar el contenido de los terminales analizados para tratar de llegar al origen de estos hackeos. Del mismo modo, libró comisión rogatoria a Israel para poder interrogar al CEO de NSO Group, la firma que comercializa Pegasus, aunque las autoridades israelíes no contestaron a la petición inicial ni tampoco a los sucesivos recordatorios que tramitó la Audiencia Nacional a través del Ministerio de Justicia.

Esta falta de colaboración de Israel llevaron al magistrado Calama a tener que archivar la causa ante la imposibilidad de poder avanzar en la búsqueda por el responsable del ataque. No obstante, y pese a cerrarse la vía judicial, ofreció al Ejecutivo que activase la vía diplomática como última opción para esclarecer los hechos puesto que fueron los propios servicios jurídicos del Gobierno los que los denunciaron ante los tribunales. No consta que Moncloa moviera ficha en esa dirección.

Con todo, y pese a la ausencia de respuesta por parte de Israel, la investigación francesa que ahora se incorpora a las pesquisas sí recabó respuesta de NSO Group. En concreto, la firma que comercializa este spyware facilitó información sobre el proceso del control interno de Pegasus. Gracias a ello la investigación francesa determinó que cada servicio que utilizaba el software Pegasus creaba una infraestructura que podía utilizarse para atrapar varios números.

Las pistas de Francia

En ese sentido, el juez ha ordenado al CNI que elabore un informe pericial para comparar los elementos técnicos recogidos en las investigaciones francesa y española y que facilite determinar quien está detrás de los ataques con Pegasus. Además, ha requerido a 'La Casa' que localice cualquier información útil relativa a estos datos comunes y que propongan las diligencias que considere que se pueden llevar a cabo para dar con los autores de la infección

"Una vez obtenido el resultado de este nuevo examen pericial podrá llevarse a cabo un intercambio más amplio de información con las autoridades francesas, y así conocer el contenido de la información que la mercantil NSO Group les facilitó", reza el juez. A su juicio, "es posible establecer comparaciones entre las pistas encontradas en los distintos teléfonos infestados para identificar una única fuente" desde la cual se produjeran los ataques.

De las pesquisas realizadas durante la instrucción se determinó que el teléfono del presidente del Gobierno se infectó con Pegasus los días 19 y 31 de mayo de 2021. Entre ambas infecciones lograron recabar cerca de 2,7 gigas de información. Se trata de hackeos que se produjeron apenas 48 horas después del asalto masivo de inmigrantes a través de la frontera de Ceuta. El mismo fue resultado de la crisis abierta con Marruecos por la presencia en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, a quien el Gobierno atendió de manera furtivo para tratarle de coronavirus.

Durante la investigación el magistrado instructor tomó declaración a los agentes del CNI que elaboraron los informes y también a la entonces presidenta del ente, Paz Esteban. Del mismo modo, en mayo de 2022 el juez solicitó al Consejo de Ministros que desclasificara el informe completo elaborado por los servicios secretos y solicitó la comparecencia del ministro de Presidencia, Félix Bolaños.

En respuesta, el actual triministro solicitó poder responder a las cuestiones del juez por escrito, garantía a la que puede acogerse en su condición de miembro del Gobierno. El magistrado le respondió ofreciéndole comparecer por videoconferencia, pero Bolaños dejó pasar el plazo dado por el juez "sin efectuar manifestación alguna al respecto".

Tampoco Margarita Robles o Fernando Grande-Marlaska -ambos afectados y denunciantes- acudieron a prestar declaración en sede judicial, siendo que ambos son magistrados y que este último, además, fue juez de instrucción del órgano que ahora investiga el caso Pegasus. Ambos optaron por declarar por escrito en la causa.