Ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han calificado de "irresponsables" las declaraciones de Pedro Sánchez el pasado jueves desde Bruselas, en las que acusó a la "derecha política y judicial" de querer "atropellar la democracia". Los ocho conservadores se pronuncian tras una semana especialmente tensa por la reforma del Gobierno, que busca no solo derogar el delito de sedición, sino también rebajar la malversación, cambiar el sistema de elección de magistrados en el CGPJ y también retirar atribuciones del Constitucional.
"Los vocales del Consejo General del Poder Judicial que asumimos esta declaración consideramos irresponsable hacer ese tipo de aseveraciones, carentes de todo fundamento y más aún cuanto que supone transitar de la confrontación partidista a la deslegitimación de las instituciones ante la ciudadanía", señalan en el comunicado difundido este sábado, al que ha tenido acceso Vozpópuli. Los vocales también cargan contra las "descalificaciones" sobre el TC y el Poder Judicial vertidos por los portavoces parlamentarios.
El pasado jueves, al finalizar el Consejo Europeo, Sánchez acusó a la "derecha y ultraderecha" por intentar llevar a cabo un "complot burdo" para frenar la votación de la reforma del Código Penal en el Congreso de los Diputados a través del Constitucional. Precisamente, este último retoma el lunes el Pleno extraordinario para decidir si suspende o no la tramitación de la reforma de Sánchez. El presidente Pedro González -Trevijano tuvo que suspenderlo el jueves después de que el sector progresista dejara claro que no iba a votar el recurso del PP a tenor de la complejidad y la trascendencia del tema.
Los vocales recalcan el papel del Alto Tribunal y de los tribunales de la Jurisdicción para contribuir "decisivamente a la consolidación de la Democracia, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución". "Por ello, la Comisión Europea Exige que, para espetar el Estado de derecho, los miembros de los gobiernos y parlamentos de los Estados de la Unión Europea deben 'abstenerse de actuaciones y declaraciones públicas que puedan socavar la legitimidad del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, los órganos jurisdiccionales ordinarios, los jueces, individual o colectivamente, o del poder judicial en su conjunto'", recuerdan.
Al tiempo que rechazan las "descalificaciones" del presidente y de los grupos parlamentarios, los vocales hacen en el comunicado un llamamiento a una "convivencia regida por los valores de la concordia, la libertad y la seguridad jurídica, cuyo cumplimiento es especialmente exigible" a quienes desempeña "responsabilidades públicas".
Además, los vocales que firman este manifiesto también han sido protagonistas esta semana. Una vez tuvieron conocimiento de la reforma de Sánchez, pidieron al presidente del CGPJ que activase la renovación del Constitucional. El motivo reside en que, de esperarse a que entre en vigor la nueva norma, tendrán que elegir a sus candidatos con las nuevas reglas de Sánchez.
Por ello instaron a Rafael Mozo a convocar sesión para votar a sus dos candidatos. Tras días de tira y afloja el presidente interino decidió fijar fecha: este martes 20 de diciembre. Antes de convocarlo, les pidió que desvelaran sus propuestas. Se trata del presidente de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, César Tolosa y el también magistrado de este tribunal, Pablo Lucas.
Los conservadores votarán a sus candidatos en medio de un clima especialmente tenso dentro del Consejo. Tratan de renovar el Constitucional antes de que entre en vigor la reforma del Código Penal, ya que la misma implica cambios en el sistema de elección de los candidatos al TC. La reforma legal, introducida vía enmienda, incluye además una mención específica a que se pueden tomar acciones penales contra aquellos vocales que no cumplan con lo establecido.
Precisamente, esta es una de las dos enmiendas que estudiará el lunes el TC junto con la que retira a este último órgano sus facturas para examinar la idoneidad de los candidatos. El PP forzó su estudio al pedir cautelarísimas. Considera que son dos asuntos de calado que nada tienen que ver con la reforma inicial para derogar la sedición y explica en su recurso de amparo que se vulneraron los derechos del grupo parlamentario durante la tramitación en la comisión de Justicia del Congreso el pasado martes.