El archivo secreto del excomisario José Manuel Villarejo sigue ofreciendo novedades más de un año después de su arresto. El polémico mando guardaba documentación sobre todo tipo de personas y empresas. También de firmas relacionadas con la seguridad privada, un sector en el que él mismo trabajaba como detective en paralelo a su actividad policial. Según informan a Vozpópuli fuentes del caso, entre los documentos de interés que incautaron los investigadores a Villarejo había uno sobre la empresa Segur Ibérica.

Esta era la firma de seguridad que presidió el exministro de Defensa Pedro Morenés hasta que se incorporó al Gobierno de Mariano Rajoy en el año 2011. En concreto, el documento analizado por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional consta de tres folios titulados “Campaña de descrédito contra Segur Ibérica”. Fue encontrado el 3 de noviembre de 2017 en la casa situada en la calle Clavel de la localidad madrileña de Boadilla del Monte propiedad del excomisario.

Este documento fue recogido por los agentes en un listado con la relación de todos los efectos intervenidos a Villarejo y su entorno en casi una quincena de registros. Algunos de esos documentos se remontan hasta los primeros años del siglo. En esa relación no figura ni la fecha ni el autor de la campaña de desprestigio contra Segur Ibérica, según las fuentes consultadas. Pero recuerdan que entre el 'modus operandi' del excomisario estaba la elaboración de este tipo de informes que después terminaban en los medios de comunicación.

Morenés y una prima de Aguirre

Morenés llegó a Segur Ibérica en octubre de 2011 procedente de la firma de misiles MBDA, donde ocupó el puesto de director general para España desde junio de 2010. Segur Ibérica se vio en el centro de la polémica después de que este periódico publicase en 2014 que la expresidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, había recibido en 2008 -mucho antes de la ‘operación Púnica’- un informe en el que se le advertía de las irregularidades que cometía su consejero Francisco Granados.

Según informó este periódico, Aguirre se comprometió a cesar a Granados, pero nunca lo hizo. En su lugar, avaló algunos de los contratos bajo la lupa de la Fiscalía como el suscrito por 2,6 millones de euros con la empresa Segur Ibérica en el año 2008, cuando su prima, Marta Gil de Biedma, era secretaria del consejo de la empresa. Aguirre contestó a esta información con un comunicado en el que admitía que su prima “era secretaria de actas del consejo de administración de la empresa Segur Ibérica”, pero añadió que “ni formaba parte del Consejo ni tenía una sola acción de esta empresa".

Segur Ibérica se vio envuelta en problemas los últimos años. Se encuentra entre las empresas con deudas con Hacienda, en su caso de 21,7 millones de euros, según la lista de morosos publicada en junio de este año. En abril del año pasado un juez aprobó el plan de liquidación de la empresa y sus filiales que contemplaba la venta de la empresa en tres fases. Segur Ibérica tenía presencia en múltiples servicios como el Metro de Madrid o los atuneros que faenaban en el Índico y necesitaban protección contra los ataques de piratas, pero en 2017 impulsó un ERE de extinción que afectaba a 2.000 personas.