El que fuera director de Seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo, ha apuntado al corazón del caso Villarejo al poner en entredicho una de las pruebas clave de la causa. El antiguo policía, imputado en la pieza abierta por los contratos de la eléctrica con el Grupo Cenyt, ha solicitado la nulidad de los audios al sostener que podrían estar manipulados. De este modo se suma a la reivindicación de algunos imputados en la macrocausa que cuestionan la veracidad de este material que los agentes se incautaron en el domicilio del comisario jubilado.

El máximo responsable de la seguridad de la compañía bajo la presidencia de Ignacio Sánchez-Galán ha remitido un escrito al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en el que reclama la invalidez de un total de 22 documentos sonoros que obran en esta pieza decimoséptima de la macrocausa. El análisis del ingente material requisado al comisario tras su detención en noviembre de 2017 no solo evidenció los encargos de la eléctrica al espía, sino que facilitó la personación en calidad de perjudicados de algunos de los protagonistas de estas pesquisas, como es el caso de Florentino Pérez.

En el documento, al que ha tenido acceso Vozpópuli, Asenjo cuestiona la "autenticidad" de estos documentos que se han convertido en un material determinante para los investigadores. Al respecto, apunta a que podrían tratarse de documentos manipulados y, por ese motivo, solicita al instructor Manuel García Castellón que ordene la incorporación a esta pieza del caso Tándem de los originales. "Que el material se halle completo, en toda su duración, permite a las partes acceder a la prueba para obtener elementos de cargo y de descargo", indica la defensa del policía.

"Cuando la selección se hace de manera unilateral por los investigadores policiales, sin mediación judicial ni intervención de las partes, se está privando a las defensas de la posibilidad de contextualizar los fragmentos supuestamente incriminatorios en el relato grabado. La elección de pasajes no es una diligencia neutral, pues depende de la hipótesis del observador; cualquier tarea de síntesis o de cita es una forma de manipulación del material, porque otorga sentido y puede alterar la narración", reza el documento.

Asenjo se suma a las críticas planteadas en otras líneas de investigación sobre la veracidad de los audios, así como la selección de los mismos por parte de la Policía Judicial. Se trata de una tesis que también sostienen otros imputados en la causa, como es el caso del despacho Herrero y Asociados. El bufete, que contrató los servicios de Cenyt para espiar a unos exabogados de la firma ante la sospecha de que les estaban haciendo competencia desleal, no solo solicitó la anulación de estas pruebas sino que apoyó su petición con un informe técnico pericial.

Los audios, a examen en el juicio

El trabajo que elaboró el perito Jesús Hellín de Net Computer Forensics, concluyó que no podía confirmar la veracidad del archivo de audio que Villarejo guardaba en un pendrive porque no era el auténtico. Los originales son los que el comisario ya jubilado registró en una grabadora que activó en sus múltiples reuniones con políticos, empresarios o policías, entre muchos otros. "Son meras copias que han podido ser adulteradas y manipuladas al copiarse al pendrive intervenido, no pudiendo constituirse de ninguna manera una prueba válida constitucionalmente para mantener la imputación", alegó el perito.

Los miembros del despacho se sentarán en el banquillo de los acusados el próximo mes de octubre por estos hechos. Se trata del primer juicio del caso Villarejo y el mismo lo integrarán los protagonistas de este proyecto (que Villarejo bautizó como Iron), además de los implicados en un encargo de espionaje a una rama de la familia de los García-Cereceda (pieza Land) o el proyecto Pintor, que encargaron los hermanos Juan y Fernando Muñoz Támara. Este último tenía por objeto obtener información comprometedora de un antiguo socio (Mateo Martín) y de su letrado, el exmagistrado Francisco Javier de Urquía, para extorsionarles presuntamente por el impago de una deuda.

El propio Villarejo también ha insistido en que los audios que trabajan los agentes y que se remontan al menos a 2004, habrían sido manipulados por el CNI. De hecho, ese mismo argumento sostuvo en la vista que le enfrentó a Rodrigo Rato después de que éste le denunciara por implicarle en la caja B del PP. El comisario dijo en una conversación grabada por él mismo e incorporada a la causa que el exvicepresidente del Gobierno había "trincado" sobres de dinero negro. En el acto de conciliación, el espía negó la veracidad de este material y dijo que no reconocía su autenticidad.

Momento clave en el caso Iberdrola

La petición de Asenjo se produce en un momento crucial en la investigación abierta a la multinacional vasca. El magistrado Manuel García Castellón acaba de imputar a Iberdrola Renovables por el último de los encargos girados al entramado del espía, relativo al proyecto Wind. Cita a la firma del grupo como persona jurídica al acreditar que fue la que costeó los pagos de este encargo que tenía como fin acreditar el patrimonio del socio de la firma Eólica Dogrobea que no hizo frente a una deuda pendiente con la energética por un proyecto fallido en Rumanía.

Con todo, el magistrado también tiene pendiente citar a los últimos imputados en la causa, entre los que se encuentra Ignacio Sánchez Galán. El presidente, que se ha desligado en todo momento de estas contrataciones gestionadas desde el departamento de Seguridad, ha vuelto a dirigirse a la Audiencia Nacional para insistir que él nunca ha integrado los órganos de administración de Iberdrola Renovables, tal y como consta en su recurso de apelación al que ha tenido acceso este diario.

Cabe recordar que el resto de proyectos (que costaron poco más de 1,1 millones de euros) se pagaron desde la matriz, si bien esta no se puede imputar porque se remontan a una periodo anterior a la reforma de la ley en 2010 que permite atribuir responsabilidades penales a las personas jurídicas. Del mismo modo, Galán también ha puesto en el foco a José Antonio del Olmo. Este exdirectivo de Funciones Corporativas le implicó a él y otros altos cargos imputados en Tándem en un sistema de facturas falsas para pagar a Villarejo.

El magistrado y la Fiscalía Anticorrupción acaban de tumbar una querella interpuesta por Iberdrola contra Del Olmo, al que acusan de inventarse este informe sobre los pagos a Villarejo y que llevó ante notario en 2004. Sánchez Galán insiste en que Del Olmo no puede ser considerado como testigo clave de los hechos ya que está imputado precisamente por visar algunos de los pagos que se giraron al entramado de Villarejo. Del Olmo, por su parte, mantiene que para costear el primer servicio de espionaje se apoyó en su entonces proveedora de seguridad, Casesa, impulsando un sistema de operaciones triangulares para encubrir que el verdadero cliente era Iberdrola.