La Universidad de Toronto se niega a investigar la veracidad del informe del 'CatalanGate'

El caso Pegasus se ha cerrado con el 'mutis' del Gobierno, una sensación triunfalista del independentismo catalán y la cabeza cortada de Paz Esteban, ahora exdirectora del CNI. Pero todavía hay muchas personalidades preguntándose si el 'CatalanGate', el 'paper' que publicó Citizen Lab auspiciado por la Universidad de Toronto, dice la verdad tal y como es. Diversas voces ya han denunciado que este informe académico no cumple con la ética y deontología que deben exhibir los investigadores para poder publicar un artículo de este tipo.

José Javier Olivas, profesor de Ciencias Políticas en la UNED y Doctor por la London School of Economics, ha sido una de las personas que ha mostrado públicamente sus dudas sobre la veracidad de las cuestiones que desvela el informe. No es el único y al igual que las otras personas que denuncian las irregularidades cometidas, está siendo acosado en redes sociales con el objetivo de silenciarle. "A una abogada le han conseguido cerrar la cuenta, incluso llegaron a acusarla de prostituta", señala en conversación con Vozpópuli. "Les hemos reventado el caso, por eso nos atacan", afirma.

Citizen Lab se niega a mostrar los datos que le han permitido llegar a la conclusión de que España ha espiado de manera ilegal a 63 secesionistas y ahora, también sabemos que la Universidad de Toronto no va a comprobar si el equipo de Ronald Deibert ha seguido los pasos correctos para elaborar su investigación. Con un mail de corta y pega, la institución, considerada una de las más prestigiosas del mundo, ha respondido a las distintas personas que han denunciado una presunta mala praxis de Citizen Lab.

Entre ellas, se encuentra el propio Olivas, el eurodiputado por Ciudadanos Jordi Cañas o Carlos Conde Solares, presidente del Foro de Profesores y profesor titular de Historia de España en la Universidad de Northumbria y cuya misiva representaba a más de cien catedráticos y profesores. Todos ellos han recibido exactamente la misma respuesta. Vamos, que la institución no se ha molestado en dar explicaciones.

Lo normal en el mundo académico es que cuando alguien muestra dudas sobre la veracidad de un informe, la universidad haga de árbitro y compruebe que la metodología usada ha sido la adecuada y de comprobar los datos, facilitados por el equipo investigador -algo a lo que Citizen Lab se ha negado-. En este caso, la misiva de la Universidad de Toronto es firme: ni ha estudiado el informe -se remite a las explicaciones de Deibert sin comprobar si son ciertas-, ni permite una auditoría externa. "Es un caso cerrado", dice la misiva. La queja de los denunciantes es que "han cerrado el caso cuando ni siquiera lo han abierto".

La misiva de la Universidad de Toronto es firme: ni ha estudiado el informe -se remite a las explicaciones de Deibert sin comprobar si son ciertas-, ni permite una auditoría externa. "Es un caso cerrado", dice la misiva.

"Si no han hecho nada mal, no entiendo el miedo", señala Olivas a Vozpópuli. Este profesor cree que la carta que ha servido de respuesta cambia el mensaje original, ya que desde la universidad creen que el debate debe ser académico y no público. "No estamos denunciando un fallo en la metodología, sino una presunta mala praxis por parte de Citizen Lab", señala. Por tanto, la petición no corresponde al ámbito académico, sino que va mucho más allá.

Toronto no hará un 'fact check' pese a que algunas de las irregularidades son bastante groseras. Por ejemplo, Olivas denuncia que en el equipo investigador se encuentra Elies Campos, un activista de la independencia catalana hasta el punto de haberse reunido varias veces con Puigdemont en Bruselas. Él, además, fue contratado por la compañía pese a no tener un título universitario o experiencia en el mundo de la investigación. Al existir un conflicto de intereses, no debería haber participado en el informe 'CatalanGate'.

También denuncia, entre otros muchos errores e irregularidades, que el informe utilice un artículo de The Guardian como fuente para decir que ha habido un espionaje ilegal, que a su vez obtenía su información de Citizen Lab. Es decir, que los autores del 'paper' se utilizan, en última instancia, a sí mismos fuente para verificar la veracidad de su argumentario.

Además, señala que Citizen Lab está modificando el artículo a espaldas de todo el mundo, algo prohibido en el mundo académico. Cuando un investigador realiza una modificación, debe quedar reflejado el momento en el que se ha hecho ese cambio y qué se ha cambiado. Pero en el informe 'CatalanGate', se están realizando cambios sin que se hayan notificado, algo que rompe con el código deontológico y ético del investigador. Olivas señala que Citizen Lab "es un cartel" de la verificación de datos, ya que ha conseguido ser, al mismo tiempo, denunciante en la sombra y después perito en casos como este.

De este modo, esta confabulación da como resultado un 'win-win'. Apple puede llevar a juicio a NSO -la empresa israelí que creó Pegasus- por acceder a su software y dado que el informe ha sido redactado por Creative Lab, será esta institución la cual ejerza de perito, un trabajo por el cual cobrará una jugosa minuta. "Son una máquina de fabricar juicios", señala Olivas. Los secesionistas catalanes, por su parte, han utilizado lo sucedido para elaborar una conspiración de España hacia el independentismo, poner contra las cuerdas al Gobierno y mostrarse como víctimas ante la opinión pública pese a que en estos momentos la mayoría de los implicados tienen uno o varios procesos judiciales abiertos.

Apple puede llevar a juicio a NSO -la empresa israelí que creó Pegasus- por acceder a su software y dado que el informe ha sido redactado por Creative Lab, será esta institución la cual ejerza de perito, un trabajo por el cual cobrará una jugosa minuta

"Han querido darle la vuelta a la tortilla", señala Olivas, que se muestra preocupado por la inacción del ejecutivo de Sánchez "pese a haberse demostrado que existen irregularidades en el informe que lo empezó todo". Señala que el independentismo catalán, al descubrirse las reuniones de 'Tsunami Democratic' en Suiza, "dieron por hecho que les iban a investigar" y por tanto, comenzaron a ver cómo darle la vuelta a la tortilla. Es más, tanto el Twitter del CatalanGate como la web fueron creadas antes de que se hiciera público el informe, algo que no demuestra que haya sido un montaje pero sí resulta demasiado sospechoso

Con la respuesta negativa y "de malos modos" de la Universidad de Toronto, ¿qué le queda por hacer a los académicos que han denunciado las irregularidades? Según cuenta José Javier Olivas a este diario, hay dos pasos más que pueden realizar: el primero, acudir al Ombudsperson, una especie de defensor del pueblo de la comunidad universitaria en Canadá. Esta institución podría presionar para esclarecer si los datos del informe son reales.

Por otro lado, existe la posibilidad de hacer una reclamación a la Universidad de Toronto como ciudadano canadiense. La institución, al ser pública, tiene la obligación de contestar las demandas de los contribuyentes mediante dos vías: una formal y otra informal. El problema, según el profesor, es que para hacer esta petición hay que pagar 5 dólares, los cuales hay que abonar en persona o por cheque bancario. Por este motivo, Olivas está tratando este asunto con la embajada española en Canadá para que realice este proceso burocrático desde allí.

Aunque reconoce que Ronald Deibert "es muy poderoso" y que muchas personas "le tienen miedo" dentro de la Universidad de Toronto, Olivas no piensa detenerse ante los intentos de silenciar sus reclamaciones.