La UCO ha entregado a la instructora del caso Azud nuevas pruebas que apuntarían a la existencia de una caja B en el Partido Socialista valenciano (PSPV). La Policía Judicial sostiene que esta formación regional habría pagado con dinero opaco la campaña a la Alcaldía de Valencia de la exministra Carmen Alborch en 2007 (fallecida en 2018) así como la del PSOE a las elecciones generales de 2008, cuya cabeza de lista para la suscripción de Valencia era la entonces vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.
El informe de la UCO, al que ha tenido acceso Vozpópuli, desgrana un presunto sistema de financiación irregular en la formación socialista que se habría nutrido de pagos de empresas y constructoras. Una de ellas es Axis, mercantil dedicada a la promoción inmobiliaria que habría abonado en última instancia "comisiones ilegales a diferentes cargos públicos" con el objetivo de conseguir, a cambio licitaciones públicas.
En concreto investigan la operación de actuación integrada 'El Espartal' en Jijona (Alicante) que desarrolló el consistorio de esta localidad en convenio con Acuamed, empresa pública bajo la lupa de la Audiencia Nacional. La UCO sostiene que la firma de este convenio la auspició Axis y que para ello contaron con José Luis Vera Llorens, una persona estrechamente vinculada al PSOE.
Comisión de 2 millones
Los implicados en esta trama de corrupción habrían pactado a comienzos de 2007 el reparto de una comisión de 2 millones de euros, de los cuáles uno sería para el PSOE y otro millón para Vera, conocido también por ser el exresponsable de los servicios jurídicos de la empresa pública Divalterra (cuya gestión dio origen a la causa de corrupción Alquería). Según la UCO, Vera utilizó sus influencias dentro del PSOE valenciano para conseguir que el grupo Axis fuera adjudicado de las cautelares.
La UCO, que apoya gran parte de su tesis en las anotaciones incautadas a los imputados, (en especial en los papeles encontrados en el domicilio del exresponsable de Finanzas del PSPV, Pepe Cataluña y la documentación incautada al empresario Jaime Febrer) desgrana los pagos de las empresas implicadas en el entramado así como el desvío de estos fondos que fueron a parar a financiar las campañas electorales de 2007 en la Alcaldía de Valencia y de las generales de 2008 en las que José Luis Rodríguez Zapatero revalidó su mandato.
"Valencia x la Vice"
La UCO apunta que parte de este circuito ilegal de fondos fue a parar a la campaña de 2008 de la que entonces era cabeza de lista en el Congreso María Teresa Fernández de la Vega. Así lo acredita un apunte fechado a 11 de marzo de 2008 encabezado con el nombre de PSPV-PSOE. Se trata de todo tipo de material propagandístico que lleva como epígrafe 'Valencia x la Vice" y cuyo encargo superaría los 70.000 euros.
"Con respecto a la “impresión” que se asocia en la tabla a la mayor parte de los artículos (“Valencia x la Vice”), se corresponde con la utilizada para la campaña del PSOE en las elecciones al Congreso de los Diputados que tuvieron lugar el 09.03.2008, cuya cabeza de lista para la circunscripción de Valencia fue la que en ese momento ostentaba el cargo de vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega", reza el informe de la UCO.
En lo que respecta la exministra de Cultura Carmen Alborch, se alude al pago de merchandising (abanicos, cuadernos y lapiceros) con la cara de la entonces candidata a la Alcaldía de Valencia en las municipales de 2007. Las empresas de la trama facturaron a una de las principales mercantiles del caso Azud, Gigante Edificaciones, por 80.000 chapas, 125.000 globos blancos, 1250.000 globos rojos y 5.500 llaveros. También confeccionaron gorras, mochilas y camisetas.
El importe del pedido relativo a las elecciones de 2007 asciende a 261.771 euros y fue asumido por las mercantiles Gigante Edificaciones y Obras (33.367 euros), Sitra (108.344 euros) y Construcciones Luján (120.060 euros).
Este informe de la UCO hace referencia a la pieza 7 del caso Azud, un sumario que analiza las 'mordidas' a cambio de diversas adjudicaciones en diferentes ayuntamientos de la Comunidad Valenciana. En el caso de la pieza 7 se encuentran imputados el exresponsable de finanzas del PSPV Pepe Cataluña y el exjefe jurídico de la empresa pública de la Diputación de Valencia, Divalterra (ya extinguida), José Luis Vera. Ambos son considerados como las personas clave en el traspaso de fondos irregulares al PSOE.
Junto a ellos figura el empresario Jaime Febrer (considerado como uno de los cabecillas de la trama); así como José María Marugán (exconsejero delegado de Aguas de Júcar); el expresidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar Juan José Moragues; Juan José Fernández, director regional de Acciona en el área de Levante; el constructor Francisco Antonio Gigante (cuya empresa habría asumido los pagos electorales del PSVP y el PSOE en las campañas de 2007 y 2008); así como los constructores Javier Luján (Construcciones Luján) y Enrique Gimeno (Facsa).
