España

'Caso Dina': el Tribunal Supremo pregunta a la Fiscalía si debe investigar a Pablo Iglesias

El Alto Tribunal ha hecho esta petición al Ministerio Fiscal un día después de que el juez Manuel García Castellón solicitase que se investigase al líder de Podemos por su implicación en el 'caso Dina'

El presidente del tribunal y ponente de la sentencia, Manuel Marchena (c), junto a los magistrados, Andrés Martínez Arrieta (i) y Juan Ramón Berdugo (d), durante el juicio del "procés".
El presidente del tribunal y ponente de la sentencia, Manuel Marchena (c), junto a los magistrados, Andrés Martínez Arrieta (i) y Juan Ramón Berdugo (d), durante el juicio del "procés". EFE

El Tribunal Supremo ha pedido a la Fiscalía que le diga si debe imputar o no al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, por delitos de daños informáticos, revelación de secretos y denuncia falsa. 

El Alto Tribunal ha hecho esta petición al Ministerio Fiscal un día después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón solicitase que se investigase al líder de Unidas Podemos por su implicación en el 'caso Dina'

El magistrado considera en un auto de 63 folios que Iglesias usó de forma fraudulenta este proceso para intentar lograr algún tipo de ventaja electoral y pide su imputación al juez Manuel Marchena, atendiendo a la condición de aforado de secretario general de Unidas Podemos.

A Iglesias le sitúa como presunto responsable de los delitos de daños informáticos, revelación de secretos y denuncia falsa. Pero no es el único para el que se pide una investigación. El magistrado pide que se investigue también por estos hechos a la exasesora de Podemos, Dina Bousselham, su expareja Ricardo Sa Ferreira,la dirigente de Podemos y vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados, Gloria Elizo, así como a los abogados de la formación Raúl Carballedo y Marta Flor Núñez.

'Caso Dina'

A Bousselham y su ex los considera autores de falso testimonio. Todos estos hechos tienen que ver con una de las piezas del caso Villarejo que partió del robo del móvil de Bousselham a finales de 2015 y cuyo contenido acabó publicado en la prensa en el verano de 2016.

Durante la instrucción, ha quedado acreditado que el líder de Podemos recibió la tarjeta del móvil a principios de 2016 y no se lo dijo a su propietaria y que más tarde se la devolvió en estado inservible.

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