España

Una jueza investiga la trama inmobiliaria de una fundación benéfica relacionada con la Iglesia

El cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osorio, acudirá al juzgado el 22 de enero para declarar como testigo

Uno de los edificios que fue vendido por Fusara.
Uno de los edificios que fue vendido por Fusara. GM

La jueza Carmen Rodríguez-Medel ha citado a declarar como investigados a ocho personas por las ventas de inmuebles de la Fundación Fusara (acrónimo de Fundación de Santamarca y de San Ramón y San Antonio) y de la Fundación Santísima Virgen y San Celedonio (FSVSC), según adelanta El Confidencial.

Se trata de la presunta trama inmobiliaria que habría expoliado el patrimonio de fundaciones civiles relacionadas con la Iglesias católica.

De esta forma, y según el auto fechado el pasado 27 de diciembre y al que ha tenido acceso el medio que publica la información, los próximo 20 y 21 de enero tendrán que declarar como investigados en el juzgado de instrucción número 51 de Madrid Antonio Chávarri y Jesús Merino, del bufete Chávarri (por intermediar en las operaciones); David López-Royo, que era presidente de las fundaciones cuando sucedieron los hechos que se investigan; Manuel Fernández-Clemente, secretario de los dos patronatos; Antonio Naranjo, gerente de la FSVSC; Ignacio Olmos, gerente de la Fundación Fusara; Roberto de Juan, administrador único de Tapiamar (sociedad que adquirió 14 edificios residenciales de Fusara), y Manuel Villa-Cellino, presidente de la Universidad Antonio de Nebrija, que fue el compró los terrenos que tiene FSVSC junto a la Castellana.

Un día después, el 22 de enero, pasará por el juzgado el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, aunque lo hará en calidad de testigo.

La jueza une dos causas

La decisión de la magistrada respalda la opinión de la Fiscalía y une esta causa a la querella que presentaron, y que Rodríguez-Medel admitió a trámite hace un año, los inquilinos de las viviendas de Fusara contra López-Royo, Olmos, Fernández-Clemente y De Juan por estafa y administración desleal. Meses después incluso se amplió la investigación a delitos de apropiación indebida, corrupción entre particulares y falsedad documental, tal y como recuerda El Confidencial.

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