La juez mueve ficha con Anticorrupción antes de decidir si encarcela al 'tito Berni'

La juez del caso Mediador mueve ficha con el foco puesto en el futuro del 'tito Berni'. La magistrada de Tenerife ha solicitado a la Fiscalía Anticorrupción que se pronuncie sobre la petición de cuatro partidos políticos de personarse en esta trama de corrupción para, después, resolver la solicitud de dos de ellos de revocar la libertad del exdiputado socialista y enviarle a prisión por los indicios que obran contra él.

La solicitud de la magistrada María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres se produce después del choque que protagonizó con la Fiscalía Anticorrupción precisamente con motivo de la declaración de Juan Bernardo Fuentes Curbelo. Tras interrogarle el pasado 22 de febrero como presunto líder de esta red de corrupción, la titular del juzgado le dejó en libertad. No obstante, lo hizo en contra de su propio criterio ya que la Fiscalía no solicitó esta medida cautelar para él y por tanto no tuvo más opciones que mantenerle en libertad.

Cerca de un mes después vuelve a darle traslado para que se pronuncie sobre la petición de varios partidos políticos y una asociación de guardias civiles de personarse en la causa; aunque el foco se ciñe en la futura situación del conocido como 'tito Berni'. Así, en una providencia a la que ha tenido acceso Vozpópuli, la magistrada indica que lo primero que estudiará es la solicitud de personarse de PP, Vox, Fuerza Canaria, PSOE y Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). Tras ello, resolverá sobre la petición de dos de ellos de enviar a la cárcel a Fuentes Curbelo.

Choque por el 'tito Berni'

En concreto tiene dos solicitudes en la mesa que abordar una vez se resuelva lo relativo a las personaciones. La primera de ellas es un recurso que interpuso Fuerza Canaria contra el auto de la magistrada en el que dejaba en libertad con medidas cautelares al 'tito Berni'. El segundo es un escrito de la formación que lidera Santiago Abascal, en el que se solicita que se envíe a prisión al exdiputado socialista por las pruebas que obran en el sumario contra él, relativas a un presunto amaño de subvenciones y ayudas para beneficiar a empresarios amigos de la red.

De la docena de personas imputadas en esta causa de corrupción, hasta el momento solo uno de ellos permanece en prisión provisional. Se trata del general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, a quien los investigadores decidieron encarcelar por la posibilidad de destrucción de pruebas y de fuga ya que sospechan que tiene patrimonio fuera de España. Así lo atestiguan las escuchas incautadas, en las que se habla de una cuenta bancaria en Bélgica, y también su influencia en África dado a su pasado como director del proyecto de cooperación GAR-SI.

Aunque en el caso del general tanto la Fiscalía como la juez coincidieron en la necesidad de enviarle a prisión, no ocurrió lo mismo en relación al 'tito Berni'. Tanto es así, que en el auto que redactó la instructora tras tomarle declaración el 22 de febrero dijo que le dejaba en libertad "por imperativo legal" y en "discordancia absoluta" con la Fiscalía. "Pende en la fase actual de investigación el estudio exhaustivo de los múltiples dispositivos y demás efectos intervenidos en los registros y que, ante el potencial de las relaciones personales del exdiputado, pudieran verse afectados y/ destruidos con su puesta en libertad", explicó.

Destrucción de pruebas

Es más, dijo que, en contra de lo mantenido por Anticorrupción, sí veía un peligro real de que destruyera fuentes de prueba "dada su posición en las islas, su vinculación con la política y sus distintos cargos". Además, en su relato de hechos, situó al 'tito Berni' en la cúspide de la rama política de esta presunta organización criminal integrada también por su sobrino Taishet Fuentes (exdirector General de Ganadería del Gobierno canario); por el general de la Guardia Civil encarcelado; el mediador Antonio Navarro Tacoronte y un grupo de empresarios implicados por los pagos a la red.

Con todo, el asunto sobre la libertad de Fuentes Curbelo vuelve otra vez a ser objeto de estudio a tenor de las peticiones de Fuerza Canaria y de Vox. La cuestión se resolverá toda vez que la Policía analiza ya las pruebas incautadas en el despacho que el exparlamentario del PSOE tenía asignado en el Congreso de los Diputados. Precisamente, esta diligencia también fue objeto de enfrentamiento entre la unidad policial investigadora y la Fiscalía Anticorrupción ya que los agentes solicitaron un registro del despacho al que se opuso el Ministerio Público.

La Policía se dio prisa y requirió esta diligencia una semana después de que 'tito berni' quedara libre y pudiera, por tanto, moverse por cualquier parte del territorio. En concreto pidió el acceso "sin restricciones y de manera exclusiva" a su despacho en la cámara baja. La Fiscalía, por su parte, aludió al artículo 66.3 de la Constitución, según el cual las Cortes Generales son inviolables y propuso, en su defecto, que se pidiera permiso para proceder al acceso. La juez atendió este último criterio y, tras recibir luz verde de Batet, requisó el ordenador de sobremesa y dispositivos electrónicos del exdiputado del PSOE.

El despacho del Congreso

Así pues la Policía procederá ahora a estudiar el contenido de lo incautado, mientras la juez estudia la personación de los partidos que quieren entrar en el caso Mediador y su petición de encarcelarle. Con todo, el asunto está ahora en manos de la Fiscalía, que será la primera que se pronuncie sobre la pertenencia o no de que todas estas formaciones (incluido el propio PSOE) pasen a litigar como acusaciones.

En paralelo, la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Tenerife ha bloqueado los bienes del general imputado en la causa. En concreto ha dado orden de que Espinosa Navas no pueda disponer de cuatro fincas de la que es titular (una en Punta Umbría y tres en Sevilla). El objetivo es que no pueda realizar ninguna operación con estos inmuebles mientras permanece investigado ya que es muy probable que se le impongan responsabilidades de naturaleza económica.