El Supremo 'veta' los ceses arbitrarios a los guardias civiles que investigan la corrupción

El 'caso Sánchez Corbí' sienta doctrina en el Tribunal Supremo, después de que la sala haya dictado en su sentencia que cualquier cese de un agente destinado en un puesto de libre designación en la Guardia Civil -incluidos los que investigan la corrupción política- debe estar debidamente justificado, fijando así el mismo criterio para los miembros del Instituto Armado respecto a cualquier otro funcionario de la Administración pública. La decisión del Supremo se incluye en la sentencia desestimatoria al recurso interpuesto por el exjefe de la UCO, Manuel Sánchez Corbí, con motivo de su destitución en manos del actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

A pesar de que la Guardia Civil cuenta con su propia normativa específica -Ley 29/2014 del régimen de personal de la Guardia Civil-, el Tribunal Supremo veta la posibilidad de que el Ministerio del Interior cese a los agentes en puestos de libre designación sin una justificación claramente argumentada, valiéndose únicamente de la decisión discrecional del departamento que ahora dirige Fernando Grande-Marlaska.

En concreto, el Tribunal Supremo considera que su doctrina relacionada con el cese de funcionarios públicos "resulta desde luego aplicable en el ámbito de la Guardia Civil": "El marco jurídico de la Guardia Civil no impide, sino que confirma, la aplicación de nuestra doctrina sobre la motivación de los actos discrecionales en general, y de los que se concretan en el cese en puestos a los que se accedió por el sistema de libre designación [en el Instituto Armado]", establece la sentencia del alto tribunal.

Y añade: "Sin que en el ámbito de la Guardia Civil, a tenor del régimen jurídico antes expuesto, concurra ninguna excepción ni dispensa, atendidos los contornos del presente recurso, a la regla general de motivación de los actos administrativos".

10.000 guardias civiles

Una decisión que afecta a cerca de 10.000 agentes que actualmente desempeñan sus funciones en puestos de libre designación. Como contó Vozpópuli, cerca de 4.000 están integrados en la Jefatura de la Policía Judicial, bajo la que se integran la Unidad Central Operativa (UCO), la Unidad Técnica de Policía Judicial (UTPJ) y el Servicio de Criminalística. Sobre sus espaldas recaen, entre otros, los casos de corrupción política; de ahí el temor existente entre sus filas a un cese sin debida justificación. De este modo, el Supremo fija que todo cese en cualquiera de estos puestos de la Guardia Civil debe estar debidamente fundamentado.

"Es exigible que se expliciten las razones del cese, evitándose expresiones opacas, estandarizadas, que puedan encubrir una intención patológica por falsa, caprichosa o ajena a los requerimientos del puesto o a las exigencias de idoneidad profesional que llevaron a la elección", determina el Supremo.

La decisión del Supremo relativa a los ceses en puestos de libre designación en la Guardia Civil era uno de los asuntos que quedaba por aclarar en la sentencia del caso Sánchez Corbí. La sala considera que su destitución en manos del ministro Marlaska tuvo "una motivación clara, suficiente y comprensible", después de que Interior alegase "pérdida de confianza" en el coronel tras filtrarse un correo electrónico en el que el exjefe de la UCO anunciaba a sus subordinados la falta de fondos para llevar a cabo las pesquisas bajo el paraguas de su unidad.

Más allá de la decisión relativa a Manuel Sánchez Corbí -el sentido de la sentencia ya se conoció el pasado mes de septiembre-, faltaba por aclarar la situación bajo la que quedaban los 10.000 agentes de la Guardia Civil destinados en puestos de libre designación. A los 4.000 miembros incluidos en la Jefatura de la Policía Judicial citados previamente habría que sumar, entre otros, a los agentes del Servicio de Información, con especial incidencia en materia de terrorismo, o a los de los Centros Operativos, comúnmente conocidos como COs.

Tras pronunciarse sobre el procedimiento de Sánchez Corbí, el Supremo aún debe emitir sentencia sobre otro caso que convulsionó las filas de la Guardia Civil: la destitución de Pérez de los Cobos, que dio pie a una avalancha de ceses y renuncias en altas esferas del Instituto Armado, incluida la del Director Adjunto Operativo (DAO), el general Laurentino Ceña.