La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha inadmitido la querella presentada por la Unión de Oficiales de la Guardia Civil contra el ministro de Consumo, Alberto Garzón, por las declaraciones en las que relacionó a un sector de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con movimientos golpistas, al estimar que no son constitutivas de delito.

El auto del que ha sido ponente el magistrado Antonio del Moral, al que ha tenido acceso Europa Press, estima que prevalece la libertad de expresión "por más que sea comprensibles las molestias o desazón que pueden producir ese tipo de manifestaciones en boca de un miembro del Gobierno en un colectivo como el representado por la asociación querellante".

En consonancia con el criterio de la Fiscalía, el alto tribunal señala en su auto que las declaraciones atribuidas a Garzón, que tiene condición de aforado ante la Sala de lo Penal de este órgano, pueden merecer valoraciones negativas o críticas e, incluso, censuras en otros escenarios, si bien en este caso debe valorarse si resultan inidóneas para generar responsabilidad penal "a la vista del ámbito político en que se enmarcan y la máxima amplitud que debe reconocerse a quienes participan en la vida pública como representantes de los ciudadanos".

"Al valorarlas desde la óptica penal hay que insistir en el papel preferente que tiene la libertad de expresión en nuestro ordenamiento jurídico lo que lleva a tolerar ciertos excesos para eludir el riesgo de un efecto desaliento que sería letal para el pluralismo político y la libre circulación de ideas y opiniones", insiste el Supremo.

Anuncian una demanda civil 

Así lo requiere el pluralismo político, recuerdan los magistrados , "en salvaguarda del cual no se puede correr el riesgo de hacer del Derecho penal un factor de disuasión del ejercicio de la libertad de expresión, que sería indeseable en un Estado democrático".

En una nota, y tras conocer el archivo de su querella, la asociación lamenta que un miembro del Gobierno, "en lugar de defender y proteger las instituciones del Estado (que a ese mismo gobierno le corresponde dirigir), se haya dedicado a sembrar dudas y cuestionarlas, por lo que, si es una persona de honor debería disculparse y reconocer públicamente su exceso".

En caso de que no lo haga, anuncian la interposición de una demanda solicitando acto de conciliación previa en el ámbito civil.