El juez de Madrid que archivó el Delcygate al entender que la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, no llegó a pisar suelo español deja ahora en manos del Tribunal Supremo la destrucción de las imágenes sobre su paso por el aeropuerto de Barajas donde se reunió de forma secreta con el ministro de Transportes, José Luis Ábalos. El magistrado ya avanza al alto tribunal que él no se opone a que se destruyan las cintas.

Según una providencia a la que ha tenido acceso Vozpópuli, el magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano Arnal, responde al archivo definitivo que dictó la semana pasada la Audiencia Provincial de Madrid. Resuelve la cuestión de las grabaciones de las cámaras de seguridad del aeródromo madrileño la noche de enero de 2020 en la que se produjo la visita de la mandataria bolivariana. 

“Estando vigente la medida cautelar de preservación de las grabaciones de AENA acordada por el Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid en funciones de guardia, respecto de este procedimiento así como del procedimiento seguido ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, póngase ello en conocimiento de dicho órgano al que se hará saber que por este Juzgado no existe inconveniente para su destrucción”, dice la providencia.

Delcy Rodríguez tenía una prohibición de entrada en territorio europeo como castigo de la UE a la violación de Derechos Humanos en Venezuela. Cuando diversos partidos políticos presentaron sus demandas ante los tribunales, una parte se estudió en el Tribunal Supremo por el carácter de aforado de Ábalos y otra en la Justicia ordinaria al estar dirigidas contra los funcionarios policiales que dieron cobertura al ministro aquella noche.

El Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid, en funciones de guardia, ordenó al Ministerio que custodiara las imágenes hasta que se resolviese la admisión a trámite de las denuncias. Por la Ley de Protección de Datos, las grabaciones de esas cámaras de seguridad no se pueden guardar por tiempo indefinido. Allí permanecen custodiadas hasta la fecha.

Por medio del Portal de Transparencia, el departamento que dirige José Luis Ábalos ha denegado al menos en dos ocasiones peticiones ciudadanas para hacer públicas esas cintas. En la última de ellas, según informó este periódico, su Ministerio explicó su negativa en que difundir las imágenes podría perjudicar a sus relaciones con Venezuela y además podría darse información sobre el aeropuerto a grupos con intención de atentar en sus instalaciones.

Ahora le corresponde al Tribunal Supremo echar el cierre definitivo a este caso desvelado por Vozpópuli. El alto tribunal ya archivó el caso contra Ábalos al entender que los hechos relatados en las denuncias no eran constitutivos de delito, si acaso de un reproche político ajeno a sus competencias. No obstante, los jueces sí que entendieron que Delcy Rodríguez pisó suelo español y se saltó así la prohibición de la UE.