El Supremo imputa a Casero por varios contratos irregulares en su etapa como alcalde de Trujillo

El magistrado del Tribunal Supremo Andrés Palomo ha citado para el próximo 20 de junio, a las 11.30 horas, al diputado del PP Alberto Casero como investigado para que preste declaración voluntaria en el marco de la causa en la que se investigan determinados acuerdos y contratos de servicios que habría realizado cuando era alcalde de Trujillo, en Cáceres, en 2017 y 2018, según ha informado este viernes el gabinete de prensa del alto tribunal.

La decisión del magistrado tiene lugar después de que la Sala de lo Penal acordara el pasado marzo abrir una causa al diputado a raíz de la exposición razonada que elevó el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Trujillo, en la que se calificaban los hechos atribuidos al entonces alcalde como delito continuado de prevaricación administrativa. La Fiscalía, por su parte, entendía que había también indicios de un delito de malversación. El tribunal concluyó que, siendo necesaria la investigación de estas actuaciones, procedía asumir la competencia y acordar la incoación del oportuno procedimiento, siendo designado instructor el magistrado Andrés Palomo.

Será el Supremo el que tenga que dilucidar ahora si Casero, como alcalde trujillano, adjudicó hasta cinco contratos a dedo, sin expedientes y saltándose la Ley de Contratos Públicos, contratos que terminaron judicializados por los impagos del consistorio.

Se da la circunstancia de que en las últimas ocasiones en que el alto tribunal ha ofrecido la posibilidad de comparecer voluntariamente a diputados o senadores, estos lo han rechazado, como fueron los casos de los diputados de Podemos Diego Cañamero y Alberto Rodríguez o la entonces diputada de JxCAT Laura Borràs.

El Supremo, como ha hecho en anteriores ocasiones con parlamentarios, da la opción a Casero de declarar lo que estime procedente para su defensa. En el supuesto de que eluda su comparecencia, el instructor deberá acordar bien el archivo de la causa o la petición al Congreso del suplicatorio para poder citarle como investigado.