Tres entidades piden la ejecución forzosa de la sentencia del 25% tras la 'treta' de Aragonés

Al menos tres entidades pedirán la ejecución forzosa de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a la Generalitat a garantizar el 25% de clases en castellano en todos los centros escolares de la región. La exigencia por parte de las asociaciones llega después de que el pasado viernes, justo cuando se cumplía el plazo de dos meses para ejecutarla de forma voluntaria, la Consejería de Educación de la Generalitat trasladase al TSJC una propuesta con las acciones que pensaba desarrollar respecto a los usos lingüísticos en el sistema educativo catalán. Una propuesta que, según el Gobierno catalán, garantizará una presencia "adecuada" del castellano en las aulas, pero en la que no aparece fijado ningún porcentaje.

En este contexto y, ante la posibilidad de que el Gobierno central no inste a la ejecución de la sentencia aunque tiene potestad para ello, tres entidades han tomado la delantera. La Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB), que defiende a familias que, como la de Canet de Mar, quieren que los colegios impartan un 25% de materias en castellano, es una de ellas. "La estrategia de la Generalitat se basa en engañar al Tribunal y confiar que el Tribunal se deje engañar. Porque lo de cumplir la sentencia, respetar la ley y los derechos de todos, les resulta muy complicado a quienes nos gobiernan", ha denunciado.

La AEB considera esa respuesta insuficiente, por lo que instará la ejecución forzosa del fallo y solicitará al TSJC que adopte "medidas" para garantizar que se cumple. Esta organización lidera 'Escuela de Todos', una plataforma que se lanzó para promover una demanda conjunta de las familias que defienden la aplicación de la sentencia judicial.

La estrategia de la Generalitat se basa en engañar al Tribunal y confiar que el Tribunal se deje engañar

Por otro lado, las asociaciones Hablamos Español y Convivencia Cívica Catalana han diseñado una estrategia conjunta para obligar al Gobierno catalán a introducir el español como lengua vehicular en la enseñanza. 

"Gracias a la sentencia firme del Tribunal Supremo, propiciada por un recurso de Abogacía del estado, los centros de enseñanza catalanes deberán enseñar en español, al menos una asignatura troncal en Primaria y dos en Secundaria. Nuestro objetivo es lograr que se pueda elegir la lengua vehicular, pero en este momento vamos a dar la batalla para que se cumpla ya esta sentencia", puntualizan.

Estrategia judicial

El plan judicial de las citadas asociaciones pasa por cuatro demandas. La primera es pedir la ejecución de la sentencia en nombre de JUCIL, la Asociación Sindical más representativa de la Guardia Civil. "No tienen a su disposición centros educativos donde poder educar a sus hijos conforme a la legislación vigente. Están destinados y pueden estarlo en cualquier municipio de Cataluña. Por ello, se plantea la ejecución al entero sistema educativo, al ser imposible individualizar la ejecución en un centro educativo concreto", plantean las promotoras de la iniciativa.

Además, quieren solicitar la ejecución en nombre de la Federación de AMPAS Ampa Total, una federación impulsada por Hablamos Español y Convivencia Cívica Catalana. "Las AMPAS tienen interés legítimo reconocido expresamente por el reglamento Autonómico y por el propio Tribunal Supremo. La mayoría de nuestras AMPAS están formadas por tres integrantes y acreditadas ante notario. El TSJC obligaría a cumplir la sentencia en todos los cursos y grupos del centro donde hay una AMPA de las 'nuestras'", sostienen.

Aunque es dudoso que el Tribunal acepte que ambas entidades estén legitimadas para instar al Gobierno catalán a ejecutar la sentencia, ambas organizaciones también van a probar esta vía como la AEB. Finalmente, van a pedir la aplicación en nombre de las familias que no se han podido constituir como AMPA en sus colegios.

Ante la certeza de que quien está legitimado para hacerlo no lo va a hacer, es decir, el Gobierno, vamos a intentar instar dicha ejecución utilizando todas las vías procesales a nuestro alcance

"La cuestión jurídica más decisiva que se abre hoy gira en torno al artículo 18 de la ley procesal contenciosa: ¿Quién está legitimado para poder instar la ejecución forzosa de la sentencia con carácter general? Por ello, ante la certeza de que quien está legitimado para hacerlo no lo va a hacer (es decir, el Gobierno de la Nación), vamos a intentar instar dicha ejecución utilizando todas las vías procesales a nuestro alcance", apunta el jurista catalán Ángel Escolano, presidente de Convivencia Cívica.

Gloria Lago, presidenta de Hablamos Español, avanza que presentarán las primeras doce AMPAS esta semana, con lo que se beneficiarán 14.000 alumnos. "Hay familias de 50 colegios más esperando. Solo con las que tenemos en proceso de formación podrían beneficiarse unos 35.000 alumnos. En las carpas hemos recogido muchas firmas de apoyo, pero ante los tribunales lo único válido es la comparecencia personal del afectado, que tiene que dar un poder a un procurador. Eso es lo que hemos hecho con estas cuatro demandas ejecutivas", aclara.

La sentencia del TSJC es la victoria póstuma de un abogado del Estado en Cataluña llamado Severo Bueno que, en 2015, presentó el recurso contra las autoridades catalanas en representación del Ministerio de Educación, entonces en manos del Partido Popular. Por ello, la Abogacía del Estado figura en la actualidad como una de las partes implicadas en este proceso y el Gobierno puede instar a la ejecución forzosa de la sentencia. Una herencia judicial que no parece encajar en los planes del actual Ejecutivo. Al menos por ahora.

Respuesta del Gobierno

En una respuesta escrita a petición del PP, el Gobierno sostiene que "no parece razonable iniciar ninguna actuación basada en suposiciones" relativas a que la Generalitat de Cataluña vaya a incumplir la resolución judicial del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) del 25% de castellano en las aulas catalanas, pero recuerda que el Estado puede realizar un requerimiento y, en su caso, interponer un recurso ante los tribunales.

La denuncia de Bueno no se resolvió hasta finales de 2020, poco después de que este abogado falleciese. El TSJC le dio la razón y, en una sentencia histórica, obligó por primera vez a la Generalitat a "adoptar las medidas necesarias para garantizar que todos los alumnos reciban de manera efectiva e inmediata la enseñanza mediante el uso vehicular normal de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determinen y que no podrán ser inferiores al 25% en uno y otro caso". A diferencia de otros fallos anteriores, ya no se hablaba de cumplir con la cuota en aulas concretas donde las familias hubiesen solicitado el castellano, sino de todas las aulas sin excepción.