La saturación obliga a los hospitales a recurrir a la Justicia para dictar altas forzosas

"Nos vemos en la obligación de cursar el presente escrito... en solicitud de autorización del alta hospitalaria forzosa". El Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia, el Centro Pabellón Las Palmeras de Badajoz y el Hospital San Juan de Dios de León han tenido que buscar en los tribunales el aval para despachar a sus pacientes en medio de una pandemia que ha saturado sus instalaciones. Hasta ahora, los cuatro casos han obtenido respuesta: magistrados de Murcia y Badajoz han respaldado las decisiones; un juez de León ha acordado revocar la medida. 

La Administración sanitaria puede adoptar estas decisiones para la preservación de la salud pública cuando haya razones urgentes que exijan "su inmediato actuar". Tras ejecutar el acto administrativo, sin embargo, debe recabar la correspondiente intervención judicial "garantizadora de los derechos o libertades afectados". De ahí que empiecen a llegar a los juzgados las peticiones de los médicos para autorizar las altas forzosas.

En la Región de Murcia, el director del Hospital Universitario Reina Sofía ha redactado dos solicitudes para llevar a cabo la reasignación de centro asistencial de dos pacientes de diálisis sin coronavirus que se resistían a admitir el alta forzosa. Según ha explicado a los jueces, la Dirección General de Asistencia Sanitaria del Servicio Murciano de Salud dispuso que todos los pacientes en programa de diálisis positivos por Covid-19 -y aquellos con sospecha de contagios- serían ingresados y dializados. "De ahí la necesidad de habilitar puestos de diálisis para estos pacientes", ha añadido.

Desalojo de camas

El Reina Sofía de Murcia ha insistido en que al reasignar de centro a las dos personas con diálisis y sin síntomas de coronavirus se les garantiza "su derecho a la asistencia sanitaria en los términos legalmente establecidos sin ningún tipo de menoscabo". Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo número 2 y número 6 de Murcia le han dado la razón. Ambos deberán seguir su tratamiento en un centro concertado y desalojar las camas del hospital para destinarlas a enfermos afectados por la Covid-19.

Los magistrados han estimado que "nos encontramos en una situación de alarma" en el que la medida solicitada por el hospital murciano "debe considerarse necesaria y proporcionada por razones organizativas para proteger al paciente", "evitar su contagio" y la "propagación de la pandemia puesta de manifiesto tanto en el oficio que se remitió al paciente como en el escrito recibido". 

Medidas "idóneas y necesarias"

El Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz también ha dado la razón al Centro Pabellón Las Palmeras de Badajoz y le ha concedido la autorización para firmar el alta hospitalaria forzosa de uno de sus pacientes. Tras el análisis de la solicitud y documentos, la juez ha concluido que la decisión "persigue un fin constitucionalmente legítimo" y "es proporcionada porque es idónea y necesaria". 

Según consta en el auto, el paciente no respetaba "de forma continua" su aislamiento, "provocando conflictos con sus compañeros y arrancándose la bolsa de colostomía varias veces al día, manchando sus ropas y sus dependencias". Ante dicha actitud, la magistrada ha estimado que resulta "prácticamente imposible mantener la situación de confinamiento para prevenir el contagio por coronavirus" y ha acordado su alta forzosa.

A la espera de un centro especializado

En León, por su parte, el Juzgado de Instrucción número 1 ha revocado el alta médica forzosa dada por el Hospital San Juan de Dios a un paciente con graves secuelas por un accidente cerebrovascular. En este caso, la medida no se ejecutará hasta que sea posible encontrarle plaza en una residencia o en un centro especializado, situación que -según consta en el auto- se ha visto retrasada ante la saturación del sector sanitario por la crisis del coronavirus. 

El juez ha justificado su negativa en el hecho de que el paciente no está en disposición de "adoptar los cuidados médicos sanitarios indicados en el informe de alta" y que su familiar directo más cercano "dada su edad y situación social y económica" no puede hacerse cargo. A su juicio, la decisión de alta "pone en riesgo la salud e integridad física del propio paciente y también la de su madre (...) en la actual situación de alarma sanitaria motivada por la enfermedad del Covid-19".