De quitar la Sanidad a las CCAA a la autodeterminación: las enmiendas de los partidos a la Constitución

Los partidos políticos han querido aprovechar la reforma de la Constitución que se tramita en el Congreso con el único objetivo de sustituir el término "disminuidos" por el de "personas con discapacidad" , para modificar la Carta Magna en favor a sus peticiones. Estas modificaciones llegan en medio de la polémica por el bloqueo de la renovación del CGPJ y por la decisión del TC de paralizar la reforma del sistema de elección de sus magistrados.

El proyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución fue impulsado por la exvicepresidenta Carmen Calvo con el fin de eliminar el término "disminuido" y sustituirlo por "persona con discapacidad". Llevaba bloqueada en el Congreso desde septiembre de 2021, pero este martes la Mesa del Congreso acordó activarla poniendo fin a meses de prórrogas del plazo de presentación de enmiendas.

Ciudadanos, PNV y Junts han sido las principales formaciones políticas que han decidido emitir estos textos con distintas finalidades, para que, posteriormente, sean sometidas a debate y aprobación parlamentarios.

Reconocimiento de la autodeterminación de "las naciones"

El PNV quiere sustituir el término "disminuidos" por de "personas con discapacidad" para revisar otros aspectos de la Carta Magna y que, entre otras cosas, se reconozca el derecho a la autodeterminación de "las naciones".

Así, en una de sus once enmiendas, los nacionalistas vascos plantean retocar el artículo 2 para "reconocer y garantizar el derecho a la autonomía de las naciones y regiones que integran el Estado y la solidaridad entre todas ellas".

También sugieren la incorporación de una nueva disposición adicional que subraya que "la plena realización de los derechos históricos del pueblo vasco, como manifestación institucional de su autogobierno, se exterioriza a través del derecho a decidir de su ciudadanía, libre y democráticamente representada, siendo su ejercicio pactado con el Estado".

Esta es, según explican, la fórmula que ponen sobre la mesa para una "articulación amable y duradera de la realidad vasca en el conjunto del Estado", desde el convencimiento de que "el marco constitucional no puede ni debe ser concebido como un cerco jurídico que limite la expresión democrática y anule la voluntad libremente expresada por la ciudadanía vasca".

Por otro lado, el PNV propone tocar también el artículo 56.3 para limitar la inviolabilidad del Rey a sus funciones institucionales, esto es, a aquellos actos que realice en representación de la Corona, pero dejando fuera sus actividades privadas.

Asimismo, apuestan por suprimir el artículo 155 argumentando que "para los fines pretendidos en este artículo son suficientes los mecanismos ordinarios de respuesta contemplados en la Constitución" y también piden modificar el 8, para despojar a las Fuerzas Armadas de su función de "garantizar el ordenamiento constitucional" y la "integridad territorial" ya que, aducen "en una democracia" esa es tarea de los tribunales de justicia.

Además, con el objetivo de mejorar la garantía institucional de los Derechos Históricos, presentan dos enmiendas por las que se crean sendas disposiciones adicionales Nuevas que contemplan, por un lado, una "cláusula de salvaguarda de las materias propias forales" y, por otro, la creación de una "Sala Foral del Tribunal Constitucional", que se encargaría de dirimir los conflictos que emanen de las leyes del Parlamento Vasco y de las Normas Forales de las Juntas Generales de los Territorios Históricos.

Retirar la sanidad y educación a las comunidades

Por su parte, Ciudadanos quiere una revisión más profunda de la Carta Magna y que, por ejemplo, se quiten a las comunidades autónomas las competencias que tienen en sanidad y educación.

Con este objetivo, han registrado una enmienda para retocar el artículo 149 de la ley de leyes, que establece cuáles son las competencias exclusivas del Estado, y que se incluyan ahí las de "sanidad e higiene" y las de "educación y formación, incluida la educación superior universitaria".

La formación naranja argumenta que devolver al Estado las competencias sobre estas dos materias contribuirá a "paliar la fragmentación por cuestiones territoriales tanto del sistema sanitario como del sistema educativo de nuestro país".

Asimismo, Ciudadanos ha aprovechado también para presentar otra enmienda destinada a acabar con las actuales circunscripciones provinciales y que haya una única circunscripción electoral nacional, aunque pueda luego matizarse "atendiendo a criterios de representación proporcional".

Sería trasladar a las elecciones generales el modelo que actualmente se aplica en las europeas, lo que minimizaría la representación de las formaciones de ámbito territorial.

Echar al CGPJ caducado y limitar al Tribunal de Cuentas y al TC

Las enmiedas del grupo parlamentario de Junts tienen el fin de expulsar del Consejo General del Poder Judicial a los vocales con el mandato caducado, impedir al Tribunal Constitucional que cuestione la autonomía de los parlamentos y arrebatar al Tribunal de Cuentas su competencia de enjuiciamiento.

Junts ha propuesto aprovechar esta ventana de la reforma constitucional en curso para forzar cambios de calado en la Justicia.

Por un lado, y en aras del "principio de inviolabilidad parlamentaria", propone incluir en la Constitución la prohibición de que el TC u otros jueces remitan mandatos en ejecución de sus resoluciones a los parlamentarios estatales o autonómicos.

El partido de Carles Puigdemont, también pretende añadir un apartado en la Constitución para establecer que "los vocales del Consejo General del Poder Judicial cesarán en todas sus funciones una vez haya finalizado el mandato de cinco años para el que fueron nombrados, dejando de ser de aplicación todas las prerrogativas inherentes al cargo, incluido todo tipo de retribución".

Otra de las enmiendas busca limitar las competencias del Tribunal de Cuentas para que sólo se ocupe de redactar informes de fiscalización y prescinda de su labor de enjuiciamiento contable, que es la que ha sentado en el banquillo a los altos cargos de la Generalitat por desviar recursos públicos al proceso independentista del referéndum ilegal de 2017.

"La atribución del enjuiciamiento contable al Tribunal de Cuentas pone en cuestión los principios básicos del Poder Judicial de independencia, exclusividad en el ejercicio de la potestad jurisdiccional y unidad jurisdiccional", argumentan.

Y, por ultimo, Junts propone modificar al artículo 117 de la Constitución para permitir que se pueda tramitar una Ley de Amnistía como la que las formaciones independentistas impulsaron hace un año con idea de borrar todas las condenas y actuaciones judiciales abiertas por el referéndum ilegal de 2017 y movilizaciones posteriores.