El Gobierno ha denunciado que los teléfonos móviles del presidente Pedro Sánchez y la ministra de Defensa, Margarita Robles, han sido espiados con el programa Pegasus, según dos informes técnicos del Centro Criptológico Nacional que el Ejecutivo ha puesto en conocimiento de la Justicia. Esta denuncia convierte al Ejecutivo en víctima de un presunto espionaje en plena campaña del independentismo catalán por un caso similar.
En una rueda de prensa convocada de urgencia este lunes a primera hora, el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha informado sobre el espionaje en ambos terminales. Según Bolaños, el teléfono de Sánchez fue intervenido dos veces en mayo del 2021. Y el de Robles, una vez en junio del año pasado.
Fuentes de la Moncloa han explicado a Vozpópuli que el volumen de información extraído del móvil del presidente fue de 2,6 gigas en la primera intervención, y de 130 megas en la segunda. Al teléfono de la titular de Defensa se le extrajeron apenas nueve megas
¿Qué datos han extraído a Sánchez?
El volumen de información extraído se conoce, pero el Gobierno no ha podido precisar de qué datos se trata. Es decir, no se sabe si son fotos, vídeos o documentos. No se ha producido ninguna otra infiltración después de las tres detectadas hasta el momento, según estas fuentes.
"Hemos comprobado de manera fehaciente que se han producido intervenciones en los terminales tanto del presidente como de la ministra de Defensa", ha dicho Bolaños. "Queremos conocer toda la verdad".
La Abogacía del Estado ha presentado una denuncia en el Juzgado número 4 de la Audiencia Nacional, que está de guardia en este puente festivo, para poner los hechos en conocimiento de la Justicia. Según La Moncloa, los teléfonos de Sánchez y Robles se analizaron a lo largo de la semana pasada.
El móvil del presidente y los ministros dispone de sistema de encriptación y seguridad avanzados que sin embargo no han evitado este presunto espionaje. La Moncloa se ha defendido asegurando que hay al menos una veintena de casos similares. Algunos afectaron a los presidentes de Francia y Reino Unido, Emmanuel Macron y Boris Johnson.
"Ataque externo" sin señalar país
Bolaños ha precisado que los terminales de todos los miembros del Consejo de Ministros serán sometidos al mismo análisis para comprobar si ha existido o no infiltración. Y ha dicho que se pondrá en conocimiento de otras autoridades autonómicas por si quisieran revisar sus sistemas de seguridad.
El ministro de la Presidencia ha repetido en varias ocasiones que se trata de un "ataque externo". No se ha apuntado a ningún país en concreto u organismo concreto. Lo que sí ha descartado por completo es que se trata de alguna institución del Estado, como el CNI, Policía, u otra Administración.
"Tenemos la absoluta seguridad de que es una intervención externa", ha subrayado Bolaños. "Todas las intervenciones que se producen en organismos oficiales tienen el aval de la Justicia".
Primera querella por Pegasus
El software israelí Pegasus instala en el móvil de la persona a espiar una aplicación mediante un enlace que el usuario del teléfono recibe vía SMS y que abre pensando que es confiable. Desde ese momento Pegasus puede acceder al contenido del equipo, así como activar o desactivar componentes del dispositivo como la cámara o el micrófono. Pegasus también puede acceder al teléfono a través de fallos de seguridad presentes en aplicaciones previamente instaladas o por fallos del propio dispositivo.
La denuncia del Gobierno coincide con un presunto espionaje masivo a líderes del separatismo catalán, que le ha costado a Sánchez un problema con sus socios de legislatura. Bolaños ha puesto en marcha varias medidas para paliar el malestar de la Generalitat, entre otras un control interno del CNI y dar entrada a estos partidos en la comisión de secretos oficiales del Congreso.
Esta denuncia pública coincide también con la primera querella presentada por una asociación separatista. La querella de Òmnium Cultural ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona. Su objetivo es demostrar "la involucración ilegal del Estado español en la trama de espionaje y abrir la puerta a una investigación que permita imputar a todos los organismos y poderes del Estado implicados".
