Sánchez blinda el peso del PSOE en el TC y el Consejo de Estado ante un cambio de Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no da puntada sin hilo. El líder socialista está blindando el control del PSOE en el Tribunal Constitucional y el Consejo de Estado ante el previsible cambio de Gobierno que barruntan las principales encuestas que barren el país. Por eso, la presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, dimitió este jueves. Todo un movimiento de hondo calado.

El plan de Sánchez es sustituir a la consejera del Consejo de Estado Victoria Camps, quien también formalizó su renuncia, aunque por motivos personales. Y es que fuentes gubernamentales, preguntadas por la dimisión de la exvicepresidenta del Gobierno, no aclararon el motivo de la su renuncia. Pero lo cierto es que ahora, De la Vega podrá ocupar el cargo de Camps, que es vitalicio. Eso sí, para ello depende del Gobierno, que es que debe aprobar su nombramiento. Y es que si Sánchez cae, se quedaría sin sillón en el órgano asesor del Ejecutivo, ya que parece improbable que un gabinete del PP apuesta por ella.

De manera que De la Vega será sustituida el día 20 de octubre. Este jueves presidió su última reunión en la comisión del Consejo, del que se va, oficialmente, según fuentes citadas por Europa Press, tras cumplir el compromiso adquirido ante el presidente, Pedro Sánchez, de estar solo cuatro años al frente del Consejo de Estado y de acometer una serie de reformas, como la digitalización y la transparencia de la institución.

El melón del Constitucional

Mientras, al Gobierno le urge que la presidencia del Tribunal de Garantías, el órgano que vela con recaiga sobre el ex fiscal general en la época socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, Cándido Conde-Pumpido. El objetivo es que se altere la mayoría conservadora en favor de la progresista. Pero el desembarco de Conde-Pumpido conlleva otro ticket: el magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada. Ambos son las armas socialistas.

El Tribunal Constitucional está pendiente de renovación desde que el pasado mes de junio caducaran los mandatos de cuatro de sus miembros, siendo uno de ellos el del actual presidente, Pedro González-Trevijano. La renovación del tribunal de garantías es clave para el Ejecutivo dado que el cambio de estas cuatro plazas cambiaría la mayoría de conservadora a progresista.

De los cuatro miembros a renovar, dos son competencia del Ejecutivo y otros dos del Consejo General del Poder Judicial, también caducado. El Gobierno tenía especial urgencia en nombrar a los cuatro cargos, si bien la Ley establece que se renueva por ternas. Y ahí es donde el Ejecutivo se encontró con un problema ya que él mismo impidió por Ley al CGPJ efectuar los nombramientos.

La negociación

Por ello, el Ejecutivo aprobó una nueva norma que les permitía efectuar el trámite pero únicamente en lo que al Tribunal Constitucional se refiere. Además, añadió una enmienda según la cual la fecha límite era el 13 de septiembre. Sin embargo, el Consejo no ha cumplido la Ley debido a la negativa de una mayoría de vocales a plegarse a las exigencias del Ejecutivo. Incluso se creó una comisión negociadora entre progresistas y conservadores, debido a la urgencia de los primeros, para nombrar a sus candidatos pero las reuniones no dieron sus frutos.

Con ese escenario Carlos Lesmes convocó la semana pasada un Pleno para este jueves 13 de octubre con un único punto: renovar el TC. La estrategia de los progresistas pasaba por ‘convencer’ a algún vocal conservador para lograr una mayoría que permitiera por mínimos renovar al TC. Los planes de Lesmes saltaron por los aires cuando él mismo anunció que dimitía el domingo por la noche.

Como informó este medio, una de las consecuencias directas de esta decisión era la del bloqueo en la renovación del Tribunal Constitucional. Para muestra lo ocurrido en el Pleno de este jueves donde el asunto a tratar fue, exclusivamente, la sucesión de Lesmes al frente del CGPJ. La reanudación de las negociaciones entre PP y PSOE y la consecuente renovación del CGPJ implicará que será el nuevo Consejo el que retome este asunto pendiente y nombre a sus dos candidatos al Tribunal Constitucional.