Nueva concesión de Pedro Sánchez al secesionismo catalán. Ya se sabe, "la pela es la pela", y por muy independentista que se sea, si paga el Gobierno central, mejor que si lo hace la Generalitat. El PSOE ha aceptado la enmienda transaccional de Esquerra Republicana (ERC) a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para que sea el Estado español el que asuma los 273.000 euros que cuesta traducir al catalán el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La Agencia Estatal traduce al catalán los textos legislativos desde 1998, pero desde octubre de 2020 el gasto recaía únicamente sobre la Generalitat. Esta nueva victoria de ERC responde a una petición con la que ha insistido mucho estos últimos años la derecha secesionista de Cataluña, el PDeCAT. Es más, este partido fue el que registró a comienzos de año una Proposición No de Ley donde pedían que además del catalán, el Estado español sufragase las traducciones del BOE a vasco, gallego y valenciano.
Según argumentaba entonces el PDeCAT, "en un Estado plurinacional como el español, debe ser la Administración General del Estado (AGE) la que garantice la publicación de las disposiciones generales en las lenguas cooficiales y la que asuma cualesquiera gastos necesarios para dicha publicación".
A la enésima concesión del Gobierno al ala independentista del Congreso hay que sumar la supresión del delito de sedición, la expulsión de la guardia civil de Navarra y la apertura de una vía para modificar el delito de malversación. Este cheque en blanco del Ejecutivo de Pedro Sánchez le ha valido al presidente para asegurarse la aprobación de los PGE para el año que viene y así tener atada la legislatura hasta el final (todo apunta a que se convoquen elecciones en noviembre de 2023).
Todo ello regado con varios millones de euros en los PGE. Solo para las peticiones de ERC, el Gobierno va a destinar 2.500 millones de euros, como avanzó Vozpópuli. A la Generalitat se van a destinar 900 millones de euros para que invierta en infraestructuras, "una gran conquista para corregir la desinversión histórica que sufren los catalanes y las catalanas", según el portavoz de Presupuestos de los republicanos en el Congreso, Joan Margall.
Otras partidas acordadas son la concesión de 40 millones a la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona para financiar el transporte de viajeros, 60 millones para el Catalunya Media City y 43 millones para actuaciones de transición energética en edificios de los Mossos d'Esquadra y la renovación de su flota de vehículos.
Despilfarro lingüístico
El Gobierno de Sánchez sigue apostando por la caricia lingüística para contentar a sus socios separatistas. Sin ir más lejos, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia reserva una partida en exclusiva a la 'Nueva economía de la lengua'. De este pozo de financiación se han beneficiado los Gobiernos nacionalistas, que han recibido hasta 7,5 millones de euros para entrenar motores de traducción en las lenguas cooficiales, como informó este periódico.
Si fijamos la vista en distintas instituciones nacionales, vemos que los guiños a la política lingüística son más que evidentes. El Instituto Nacional de Estadística (INE), también ha duplicado su gasto en traducciones para que sus informes estén disponibles en vasco, gallego, catalán y valenciano. Esto ha hecho subir el presupuesto en traducciones hasta los 360.000 euros.
Otra entidad que no ha escatimado en recursos para ofrecer sus servicios en todos los idiomas es la Agencia Tributaria. Esta entidad destina hasta 1,7 millones de euros en que sus cartas sean traducidas a todas las lenguas cooficiales.
Pese a que estas concesiones nacen en el seno socialista del Gobierno, los socios de Unidas Podemos no se quedan atrás. Cabe recordar que para la formación morada es violación flagrante de "las condiciones básicas de igualdad" que la Administración General del Estado no atienda en las lenguas cooficiales (catalán, valenciano, gallego y vasco) fuera de las comunidades autónomas donde se utilizan. Podemos defendió a capa y espada en la Comisión de Política Territorial una Proposición No de Ley donde pedía que se tradujeran todas las páginas webs del Gobierno a las lenguas cooficiales.
