El INE gasta el doble por traducir datos a vasco, gallego, catalán y valenciano: 360.000€

Las estadísticas del INE estarán disponibles también en vasco, gallego, catalán y valenciano. El castellano lo hablamos todos los españoles -es nuestro deber conocer la lengua como señala la Constitución-, pero el Gobierno considera necesario ofrecer también las estadísticas del INE en las lenguas cooficiales. Así, por ejemplo, quien acceda a la Encuesta de Población Activa (EPA) desde A Coruña podrá leer, en vez de 'parados', 'desempregados', o desde Barcelona, 'aturats'. Esta decisión va a suponer duplicar el gasto habitual en traducción de documentos por parte del organismo público, que ha reservado un importe de 360.000 euros para tal fin.

Hasta 2010, las traducciones estadísticas solo se hacían en inglés. De hecho, en el contrato de aquel año, el Ministerio de Economía de Zapatero asignó 137.000 euros a la traducción de documentos. Desde entonces, el gasto en este servicio no ha hecho más que crecer. En 2016, bajo el mandato de Mariano Rajoy, se contrata por primera vez la traducción en lenguas cooficiales de documentos relacionados con las aplicaciones informáticas del INE, pero no de los documentos estadísticos, que seguían siendo traducidos solo al inglés. Sin embargo, el ascenso en la factura fue notable, pues aquel contrato costó 300.000 euros.

En 2019, se volvió a gastar una cifra similar pese a que se incluyó al francés entre los idiomas a traducir estos documentos técnicos. Este año es cuando se produce un salto exponencial a nivel presupuestario, reservándose 70.000 euros más de lo que costó el anterior contrato. Ahora el Ejecutivo pretende que las informaciones estadísticas se traduzcan en inglés, alemán, francés, vasco, catalán, gallego y valenciano. Y no solo eso, ha incluido el portugués como otra de las lenguas en las que se podrán leer estadísticas como el PIB, la renta per cápita o la mortalidad anual.

Casi 2 millones en traducir los documentos de Hacienda

Esta nueva inversión del Instituto Nacional de Estadística no hace sino ahondar en una tendencia que viene de lejos y que está costando mucho dinero a las arcas públicas. Además de protegerse las lenguas cooficiales de cada territorio, los partidos nacionalistas y regionalistas, en connivencia con PSOE, Podemos (y a veces el PP), exigen una inversión cada vez mayor en ofrecer los recursos nacionales en catalán, gallego, vasco y valenciano.

Un claro ejemplo es la Agencia Tributaria, que gasta 1,7 millones de euros en traducir sus cartas a las lenguas cooficiales. Desde el año 2006, con José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Ejecutivo, la AEAT cuenta con un servicio de traducción asistida telemático externo para la obtención en diferentes lenguas cooficiales de las comunicaciones escritas que envía a los contribuyentes. Este gasto no ha hecho más que aumentar año tras año, hasta el punto de que en el último contrato, firmado por el equipo de María Jesús Montero, se han destinado 300.000 euros más que en el anterior a este tipo de traducciones.

Podemos quiere todas las webs en vasco, gallego, catalán y valenciano

El socio del PSOE en el Gobierno ha denunciado en el Congreso de los Diputados que es una violación "de las condiciones de igualdad" que haya webs de la Administración General del Estado que no estén traducidas a las lenguas cooficiales. Podemos ha llegado a registrar una Proposición No de Ley (PNL) en este sentido donde pide que se tomen "las medidas necesarias para ofrecer todo el contenido de las páginas web de los diferentes niveles del Gobierno de forma íntegra en las lenguas oficiales y propias del Estado distintas del castellano".

BOE en catalán

Otro de los partidos que insiste en destinar recursos públicos en traducciones es el PdCat. Hasta octubre de 2020, un convenio permitía la traducción del BOE al catalán, con un coste repartido al 50% entre el Gobierno español y la Generalitat. Sin embargo, el último convenio caducó en octubre de 2020, sin ser renovado. Desde entonces, Cataluña paga el 100% de la traducción del BOE al catalán, algo que no le parece justo al PdCat, que ha solicitado que el boletín estatal se pueda leer en catalán, pero sin que el dinero salga de sus bolsillos.