Roce diplomático entre España y Gibraltar por un plan urbanístico al este del Peñón

Un proyecto urbanístico en Gibraltar ha propiciado una queja diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores español, liderado por José Manuel Albares, a Reino Unido. Se trata de un desarrollo por valor cercano a los 400 millones de euros en la zona de Levante del Peñón, que ha suscitado varios roces entre ambas partes al considerar el Ejecutivo español que los 'rellenos' efectuados por Gibraltar incumplen la normativa vigente. Según ha sabido Vozpópuli, Moncloa ha manifestado su oposición de manera formal al plan y ha pedido información a las autoridades británicas en las reuniones bilaterales por el futuro del Peñón tras el brexit.

El punto de partida de la polémica se ubica en los sucesivos rellenos que se vienen ejecutando en las inmediaciones del Peñón en los últimos años para ganarle terreno al mar y, así, poder conformar nuevos proyectos urbanísticos. El más reciente se adjudicó este año a la empresa TNG Global Foundation, con una inversión cercana a los 300 millones de libras -el equivalente a unos 390 millones de euros-, y que contempla el desarrollo de cien viviendas "asequibles" y de 400 amarres para pequeñas embarcaciones, según la información que en su día anunció el Gobierno gibraltareño.

Tras conocer la noticia, los diputados Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu y Valentina Martínez Ferro, del Partido Popular, registraron una serie de preguntas escritas en el Congreso de los Diputados relacionadas con la operación. En concreto, interrogaban al Ejecutivo sobre sus intenciones de elevar algún tipo de consulta diplomática al Gobierno del Reino Unido y, dado el caso, si intentaría tratar de persuadir a las autoridades británicas de llevar a cabo el plan.

En la respuesta parlamentaria, recogida en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del pasado 20 de diciembre, el Gobierno asegura que ya ha "reiterado su oposición" por los "canales diplomáticos habituales" a "toda operación de relleno de construcción o de cualquier otro tipo sobre espacios no cedidos". Moncloa afirma que estas acciones "no son conformes con el Derecho Internacional" y "tienen un impacto medioambiental negativo en espacios de especial sensibilidad medioambiental".

Todo ello en un contexto en que España y Reino Unido negocian por el encaje de Gibraltar tras el brexit, cuestión que se debate en una Comisión Técnica bilateral que se prolongará en el próximo año 2022. Así, Moncloa ha trasladado a las autoridades británicas la necesidad de incluir el debate sobre el proyecto urbanístico en futuras reuniones, así como la redacción de un informe sobre su impacto medioambiental.

Las aguas de Gibraltar

El punto de fricción surge en la interpretación del Tratado de Utrecht firmado en 1713 entre España y Reino Unido, que adopta la cesión de la soberanía del Peñón. España sostiene desde entonces que el acuerdo únicamente incluye la parte terrestre y no la marítima. De ahí que considere que las operaciones de relleno no sean acordes al Derecho Internacional. Las autoridades británicas y gibraltareñas, no obstante, consideran que el tratado asume de forma implícita que las aguas también les corresponderían, ya que España tampoco habló de ellas en la cesión de la soberanía de Cuba o Filipinas; y que el caso es equivalente al espacio aéreo, que también gestiona Gibraltar.

Las diferencias sobre la interpretación desembocan en recurrentes episodios de tensión. La mayoría de las ocasiones, por la navegación de embarcaciones de bandera española o británica por la región. Una de las últimas la protagonizaron la Guardia Civil y la Royal Navy, por la que Moncloa elevó otra queja diplomática de la que informó Vozpópuli.

La polémica sobre los rellenos gibraltareños viene de lejos. El propio Gobierno español detalla en su respuesta parlamentaria que se ha opuesto al desarrollo urbanístico recientemente adjudicado desde 2012, toda vez que su proyección viene esbozándose desde esas fechas. Gibraltar, por su parte, ha llevado a cabo otras dos operaciones más de relleno en los últimos años: una para la fabricación de viviendas públicas, bautizadas con el nombre de Hassan Centenary Terraces, y otra en la zona interior de su puerto marítimo.