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España

PSOE y Sumar ampliarán el permiso de maternidad a 20 semanas si repiten gobierno de coalición

Se comprometen a remunerar al menos cuatro de las ocho semanas del nuevo permiso parental por cuidado de hijos

PSOE y Sumar ampliarán el permiso de maternidad a 20 semanas si repiten gobierno de coalición
Pedro Sánchez y Yolanda Díaz firmando el acuerdo para un Gobierno de coalición Europa Press

PSOE y Sumar se han comprometido a extender el permiso de paternidad y maternidad desde las 16 hasta las 20 semanas, y remunerar al menos cuatro de las ocho semanas del nuevo permiso parental por cuidado de hijos si gobiernan. Es uno de los puntos del nuevo acuerdo presentado entre el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez y la líder de Sumar, Yolanda Díaz, para recrear el Gobierno de coalición.

Tal y como se lee en el texto, ambos partidos se comprometen a ampliar el permiso por nacimiento de hijo de las 16 semanas actuales a 20 semanas, con trabajo a tiempo parcial desde la semana 16, una medida que ya anunció Sánchez el pasado mes de junio, en una conversación con el ministro de Inclusión, Seguridad y Migraciones, José Luis Escrivá.

También muestran su disposición a avanzar en la implantación de permisos retribuidos para los cuidados de acuerdo con la directiva europea con el objetivo de "remunerar al menos 4 semanas por hijo/a del recientemente creado permiso parental de cuidados, a partir de agosto de 2024, sin perjuicio de las mejoras que puedan adoptarse en el marco de la negociación colectiva del sector público".

Más detalles sobre la medida de PSOE y Sumar

En el acuerdo aseguran que revisarán la prestación por crianza para las familias con menores a cargo. De esta manera quieren unificar el actual Complemento de Ayuda a la Infancia del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la deducción por maternidad en el IRPF; y se comprometen en reforzar y mejorar el IMV, "simplificando los requisitos exigidos y mejorando los sistemas de acceso" y extendiendo los itinerarios de inclusión socio-laboral.

Sánchez y Díaz también quiere aprobar "una Ley de Familias que reconozca y proteja a las diferentes modalidades de familias", después de que la Ley de Diversidad Familiar, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, quedara finalmente sin aprobar en la pasada legislatura al convocarse elecciones y disolverse las Cortes; y a impulsar el acogimiento familiar, en sus distintas modalidades, como medida prioritaria del sistema de protección a la infancia.

Del mismo modo, han pactado la aprobación de una Ley de Garantía de la Igualdad de Acceso a los Servicios Sociales, "que declare estos servicios públicos como esenciales y promueva su universalización efectiva" y que las ayudas de emergencia social queden "exceptuadas de la Ley de Subvenciones". Y explican que seguirán incrementando progresivamente el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) --un índice empleado en España como referencia para la concesión de ayudas-- "para facilitar el acceso de las familias más vulnerables a las distintas ayudas y subvenciones".

En el acuerdo también se puede ver que pondrán en marcha una Estrategia Estatal de Desinstitucionalización y adaptarán la Ley de Dependencia para impulsar un cambio en el modelo de cuidados y apoyo a las personas dependientes, "mejorando la calidad de la atención, personalizando los apoyos y priorizando la atención domiciliaria frente a la residencial", garantizando el servicio de teleasistencia como derecho subjetivo y el cumplimiento del Acuerdo de Acreditación (el "nuevo modelo de residencias"), acordado con las CCAA en el seno del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

PSOE y Sumar aseguran que aprobarán un marco común de Atención Temprana como servicio preventivo de posibles trastornos del desarrollo en niños y niñas entre 0 y 6 años, y desarrollarán "un apoyo expreso a las familias con menores con Trastorno del Espectro del Autismo". Y quieren culminar la reforma del artículo 49 de la Constitución para suprimir el término 'disminuidos' y reforzar la protección constitucional de los derechos de las personas con discapacidad.

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