Hasta en cuatro ocasiones se ha preguntado este lunes a la nueva portavoz socialista, Esther Peña, si el PSOE retocará o no la proyecto de ley de amnistía que se votará este martes en el Congreso de los Diputados. Y las cuatro veces la respuesta ha sido la misma: "En este momento estamos satisfechos con el texto que salió. Y ahora mismo me reitero. No hay ningún cambio. Pero los partidos siguen hablando hasta que se celebre la votación. Y hasta entonces hay tiempo".
Los socialistas, además, han estallado contra los últimos movimientos de los jueces para acorralar al expresidente catalán, como la puerta expedita abierta el pasado 26 de enero por un juez de Barcelona para investigar a Puigdemont por sus vínculos con Rusia: "Tienen un objetivo muy claro". "Los tiempos de la judicatura están empíricamente alineados con los de la política. Y solo el mero hecho de que quieran influir en el trámite legislativo ya me parece horrible", sintetiza una fuente de la planta noble socialista.
Lo cierto es que el PSOE aún puede pactar con Junts nuevos cambios que busquen blindar la amnistía para Puigdemont. Y en Ferraz no niegan las conversaciones sobre el texto. "El documento que surgió en este caso [en referencia a la ley] es rotundo y constitucional. De aquí a mañana [por este martes] seguiremos hablando, cómo no, con el resto de actores, porque la ley se tramita exactamente igual. Y ahora mismo no hay ningún cambio al respecto", ha espetado la portavoz, Esther Peña.
Junts presiona al PSOE para incluir en la ley todos los supuestos de terrorismo, sin las excepciones incluidas en el convenio europeo y la directiva en un intento de impedir al juez Manuel García Castellón que su proceso abierto contra Puigdemont resulte exitoso y se le puede excluir de la amnistía. El otro frente abierto es la posibilidad de investigar al expresidente catalán por lo vínculos del independentismo con Rusia durante los momentos más álgidos del procés. Y es que la ley de amnistía, tal y como está redactada, excluye de su aplicación "los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa Nacional del Título XXIII del Libro II del Código Penal". Esa es la última vuelta de tuerca.
Los independentistas esconden un as bajo la manga para colar al PSOE sus exigencias y aprobar en el Pleno del Congreso sus enmiendas a la amnistía. A pesar de las concesiones que los socialistas vienen haciendo desde hace meses, para Junts y ERC no es suficiente y apuestan por el 'todo o nada' de cara a la cita parlamentaria del este martes 30 de enero.
Las enmiendas presentadas por Junts -que en un inicio no quiso firmar el texto alternativo pactado con el PSOE- van más allá y pretenden no sólo exonerar a los principales líderes del procés, sino que buscan salvar la fortuna de los Pujol. Entre las "mejoras" que los de Puigdemont piden incorporar a la amnistía se encuentra la ampliación del tiempo de aplicación de la misma, ya que proponen extender el marco de aplicación desde el 1 de noviembre de 2011 hasta el 13 de noviembre de 2023. De esta forma, quedarían bajo el paraguas de la amnistía los meses previos al inicio de la investigación de la familia del expresidente catalán.
Pese a que el reglamento del Congreso no permite incluir más modificaciones al texto de la proposición de Ley orgánica que se aprobó en la Comisión de Justicia, es cierto que existe una baza con la que cuentan ERC y Junts para seguir presionando al PSOE. Ambas formaciones independentistas podrían conseguir añadir sus enmiendas al texto final si una mayoría simple las aprueba en el Pleno.
El artículo 118.3 del reglamento del Congreso establece que se pueden admitir enmiendas destinadas a subsanar errores o "incorrecciones técnicas, terminológicas o gramaticales", pero sólo permite tramitar enmiendas transaccionales con el sí de todos los grupos. Es decir, si los independentistas quisieran aprobar un texto firmado junto a Sánchez y sus socios, necesitarían -obligatoriamente- el voto a favor de los de PP y Vox.
