Solo queda un año para que los españoles sean llamados a las urnas y voten la composición del Parlamento que tendrá que elegir a un nuevo presidente del Gobierno. Y el socialista Pedro Sánchez, actual inquilino en Moncloa, mueve sus fichas para allanar su reelección. Para ello, el PSOE ha consumado este viernes gracias a dos controvertidos cambios legales su control sobre el Tribunal Constitucional y su alianza con los independentistas de ERC, fuerza con la que el Ejecutivo ha negociado en secreto una reforma ad hoc del código penal que rebaja el alcance del delito de malversación y que facilitaría la vuelta de Oriol Junqueras a la primera línea política tras su inhabilitación por el procés desde julio de 2018.
Sánchez paga del todo el peaje de la llamada "desjudicialización" del conflicto en Cataluña, el gran requerimiento de ERC en la mesa de diálogo, y que le ha costado también la reforma del delito de sedición con el pretexto de homologar las penas y el tipo penal al del resto de países europeos. Y todo para atar sus terceros presupuestos generales del Estado con los que se ha garantizado agotar la legislatura y encarar los próximos 12 meses con el altavoz del Gobierno en modo campaña electoral, desdeñando incluso las demandas sociales de sus socios de Unidas Podemos en el consejo de ministros.
El propio líder socialista confirmó este martes, en los fastos del cuadragésimo cuarto aniversario de la Constitución, la negociación con los republicanos. Y advirtió a los periodistas de que para comprender el alcance de la reforma que ha presentado ERC, y que ahora tanto el PSOE como Unidas Podemos tendrán que estudiar, había que prestar atención al "derecho comparado". Sánchez está empeñado en "destensar" la situación en Cataluña, ante la evidencia que circula por Ferraz de que serán los catalanes quienes más votarán a Sánchez en las elecciones generales. Y es que el PSC es, ante la debilidad de la federación socialista andaluza tras la mayoría absoluta del PP, el principal granero de votos del PSOE. Sánchez, por tanto, actúa en consecuencia. Poco le importa que sus concesiones revuelvan en sus asientos a presidentes autonómicos de su partido como el castellano-manchego Emiliano García-Page o el aragonés Javier Lambán. Un sector del PSOE mira con preocupación el 'asalto' de este viernes.
Ingeniería jurídica
El PSOE, Unidas Podemos y ERC han desarrollado toda una ingeniería jurídica para lograr sus objetivos. Los partidos del Gobierno han registrado este viernes dos enmiendas a la proposición de ley orgánica que presentaron en el Congreso para reformar el delito de sedición. Con ello persiguen reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que que el órgano de gobierno de los jueces pueda nombrar con mayoría simple a los dos magistrados que le corresponde designar al Ejecutivo.
Moncloa lograría así eliminar la necesidad de que el nombramiento sea acordado por mayoría de tres quintos. La otra enmienda, que modifica la ley 2/1979 del Tribunal Constitucional, elimina la necesidad de que el órgano de garantías dé el visto bueno a los nuevos magistrados: el exministro socialista de Justicia Juan Carlos Campo y la exalto cargo de Moncloa Laura Díez. Lo sangrante es que el PSOE se jacta del cambio y asegura que Bruselas aplaudirá el mecanismo con el que han saltado la negativa de ocho vocales del Poder Judicial a nombrar a sus dos candidatos.
Los republicanos, por su parte, han cocinado una enmienda que ha costado articular desde el punto de vista legal, porque debía ablandar las penas por malversación sin mandar el mensaje de que se ablanda la lucha contra la corrupción. Poca broma si se tiene en cuenta que el hecho fundacional de la llegada de Sánchez a Moncloa, hace cuatro años, fue una moción de censura contra el Gobierno del PP tras la sentencia del caso Gürtel.
Sin informes del Poder Judicial y del Consejo de Estado
Así, la reforma de la malversación que busca ERC propone incluir un nuevo artículo, el 432 bis, para reducir tanto las penas de cárcel como las de inhabilitación a todos aquellos cargos públicos condenados por malversar fondos pero que no incurrieron en enriquecimiento personal; supuesto que se da en el caso de los líderes independentistas del procés. También propone que se castigue con penas de cárcel de seis meses a tres años y con suspensión de empleo para cargo público de uno a cuatro años para aquellos funcionarios que desvíen patrimonio público "sin ánimo de apropiárselo". Además, cierra la puerta a que se pueda perseguir penalmente la malversación de fondos públicos si se reintegran las cuantías distraídas en un plazo de 10 días.
Lo más sangrante es que esa reforma del código penal se parapeta en la iniciativa legislativa del Congreso, pese a ser un compromiso político del Gobierno. Pero Moncloa no tuvo más remedio que efectuar los cambios a través de sus órganos parlamentarios, los grupos socialista y confederal de Unidas Podemos, para evitar los pronunciamientos del Consejo de Estado y del Poder Judicial.
Mientras, el independentismo celebra por todo lo alto el gol vía enmienda. Cabe recordar que ERC acusa al Estado de haber utilizado el delito de malversación de forma "arbitraria" para "perseguir al movimiento independentista". Los de Junqueras sostienen que su propuesta pide volver al "modelo previo" de la reforma que implantó el PP en 2015, cuando detectó el problema del desvío de fondos públicos para fines ilegales relacionados con el la causa soberanista. Siete años después, el PSOE de Sánchez cede, en la práctica, a la amnistía, ya que aunque esta no se ha decretado como tal, los efectos de su fontanería en Cataluña serán muy similares.
El PP: "Deriva autoritaria"
Las reacciones en la oposición a lo cambios impulsados por el Gobierno y sus socios de ERC no se han hecho esperar. Los populares hablan abiertamente de "deriva autoritaria" de Sánchez, ante la que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no va a quedarse callado, según ha zanjado en Twitter. En la misma línea se han mostrado el resto de grupos, como Ciudadanos, o Vox, que mantiene su intención de propiciar una moción de censura que Génova enfría dada la falta de apoyos en la Cámara.
