Profesores y padres denuncian el ataque al castellano: "Atenta contra los derechos civiles"

La aprobación de la enmienda de ERC y Unidas Podemos para eliminar el castellano como "lengua vehicular" de las comunidades autónomas con lenguas cooficiales ha suscitado el enfado de asociaciones de padres y profesores que desde hace años piden que el Gobierno garantice el bilingüismo en la enseñanza pública.

La Asamblea por una Escuela Bilingüe considera que la aceptación por parte del Gobierno de esta enmienda solo sirve para asentar la creencia de que no hay alternativa al sistema de inmersión lingüística. "El mensaje que transmite el Gobierno es que apoya un sistema educativo en el que los alumnos castellanohablantes no tienen derecho a recibir educación en su lengua materna", explica Ana Losada a Vozpópuli. 

Esta posición es compartida por todas las entidades del espectro constitucionalista que tienen la cuestión lingüística como tema de referencia en su agenda pública. Desde Societat Civil Catalana aseguran que "es un atentado contra los derechos civiles de los alumnos castellanohablantes y contra los principios de la Unesco de garantizar la educación en la lengua materna". En la misma línea, desde Hablamos Español esgrimen a instancias de este medio que es "un primer paso para que el español no sea considerado el lenguaje de todos" y "difuminar su estatus de lengua común". 

Iván Teruel, profesor de Lengua Española en un instituto de la provincia de Gerona y autor del informe titulado Las falacias y sesgos: el nivel de castellano en los alumnos, hace hincapié en el hecho de que la ley hace años que no se cumple en Cataluña y que no representará un cambio sustancial a la situación actual: "¿Que alguien me haga una lista con los centros educativos en Cataluña que imparten alguna asignatura en castellano?. Lo grave, con ser grave, no es lo que pacte el PSOE con ERC. Lo grave es que, de facto, llevamos años sufriendo esa realidad a la que ahora se le quiere dar un aval jurídico". 

A estas críticas se ha unido la plataforma de profesores Universitaris per la Convivència, que aunque no se ven afectados por la medida, han mostrado su solidaridad con las familias afectadas por ella: "Pedimos al Gobierno de España y a la Generalitat que sean respetuosos con los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos". La asociación de alumnos S'ha Acabat también ha criticado el acuerdo político: "Los catalanes constitucionalistas hemos vuelto a ser vendidos por el Gobierno de la nación", afirmaba su presidenta en las redes sociales. 

Las entidades consideran que el actual modelo de inmersión catalán sería "surrealista" en cualquier otro país de Europa. Además, denuncian que allana el terreno a mantener los "obstáculos" para la libre elección de escuela que existen en regiones como Valencia, las Islas Baleares o el País Vasco. "Además de Cataluña, en otras comunidades se vulneran los derechos de los padres a educar a sus hijos en su lengua materna. Se ponen trabas y obstáculos", explican.  

"Es un espaldarazo al Gobierno de Valencia"

Desde que se anunció el acuerdo, el acento se ha puesto en la situación en Cataluña por las sucesivas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y del Tribunal Constitucional en contra de la Generalitat por no cumplir con el 25% de las horas lectivas en castellano. Pero la presidenta de Hablamos Español, Gloria Lago, advierte sobre los efectos que tendrá en Valencia: "Es un espaldarazo al Gobierno de Valencia".

Hablamos Español lleva tiempo trabajando para que se cumpla la ley en todo el territorio y cree que esta nueva normativa "da una pátina de legalidad a la inmersión". "El sistema en Valencia no es el mismo para todos los colegios, es intencionadamente confuso. Siempre sobrevuela la posibilidad de recursos, pero en el momento en que hay una ley que ampara la enseñanza solo en la lengua autonómica toda esta incertidumbre desaparece y todo el sistema de inmersión adquiriría una pátina de legalidad".

Volver a 2013

José Domingo, miembro de la AEB y presidente de Impulso Ciudadano, sostiene que esta eliminación del castellano como lengua vehicular nos retrotrae a 2013, antes de la Lomce del Gobierno del PP. "Tenemos una paradoja, el catalán es lengua vehicular en el Estatut pero no hay ninguna norma una vez se suprima la ley Wert que diga que el castellano es lengua vehicular en enseñanza. En Andalucía no hay lengua vehicular".

De acuerdo con Domingo, la nueva reforma educativa de Isabel Celaá servirá a la Generalitat para afirmar que su modelo lingüístico "no es inconstitucional porque ya no hay ninguna ley que obliga a decir que el castellano es lengua vehicular en Cataluña". "Lo que pretenden es un fraude inconstitucional, y les puede salir bien o mal", apostilla. 

Temor a una "sentencia interpretativa"

Este temor que expresan desde la AEB es compartido por Hablamos Español. Su presidenta asegura que ERC y Podemos "han sido hábiles a la hora de redactar" la enmienda porque "expresamente no dicen que el español no va a ser lengua vehicular sino que borran el inciso de que va a ser lengua vehicular". 

Las entidades consultadas creen que esta ambigüedad en el texto podría dar pie a una "sentencia interpretativa" por parte del Tribunal Constitucional. No obstante, se muestran partidarias a recurrirla y recuerdan que la "jurisprudencia" les es favorable.