El profesor que destapó el caso Cifuentes pierde un juicio contra la directora de su departamento

Una nueva batalla judicial se ha librado entre dos profesores de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Fuenlabrada. Uno de los implicados, el denunciante, es Salvador Perelló, el profesor que destapó los vacíos del máster de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Este docente buscaba que la directora de su departamento convocara elecciones, ya que se encuentra de forma provisional en el cargo, pero la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el sobreseimiento de la causa, rechazando el recurso que presentó este sociólogo, según un auto al que ha tenido acceso Vozpópuli.

Salvador Perelló Oliver es catedrático de Sociología en el Departamento de Ciencias de la Comunicación y Sociología de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC). También tiene el título de Doctor en Sociología. Este profesor saltó a los medios de comunicación porque fue supuestamente incriminado por filtrar el caso Máster de Cristina Cifuentes. Este experto siempre defendió que no fue una "operación política" y que actuó como un "funcionario" y cumplió "con su obligación".

En el caso actual, este profesor denunció a Clara Muela, la directora en funciones del Departamento de Ciencias de la Comunicación y Sociología, que tuvo como defensa a Beatriz Uriarte de Ospina Abogados. ¿El motivo? Una supuesta prevaricación por la convocatoria tardía de elecciones. El Juzgado de Instrucción número 5 de Fuenlabrada dictó un auto el 21 de noviembre de 2022 acordando el sobreseimiento provisional de las actuaciones.

Sin embargo, Perelló continuó la batalla judicial e interpuso un recurso de apelación ante la Sección número 16 de la Audiencia Provincial de Madrid. A finales de marzo, este tribunal decidió dar carpetazo a la causa iniciada por este profesor en un auto, al que ha tenido acceso Vozpópuli.

Un auto contra el profesor de la URJC

El magistrado recuerda en su decisión que interponer "una denuncia no implica la apertura de un procedimiento penal por delito con todas sus consecuencias y menos la apertura de un juicio oral" y menos cuando "no está suficientemente justificada la perpetración del hecho delictivo". Para la Audiencia Provincial el auto está "perfectamente ajustado a derecho".

Este profesor denunció a la directora de su departamento por un supuesto delito de prevaricación administrativa. Un caso que no se da por el "abundante relato de hechos probados y las propias certificaciones que aluden a la inexistencia del procedimiento de contratación y selección". Para el tribunal, la conducta de la querellada "en absoluto" se puede considerar constitutiva de delito.

Además, el magistrado destaca "una circunstancia curiosa que de por sí echa por tierra el argumento de la parte apelante". El profesor denunciante apoyo a su compañera a pesar de que le correspondía por antigüedad el puesto del Departamento de Ciencias de la Comunicación y Sociología. En cambio, la denunció por la ausencia de convocatoria de elecciones.

Un complemento de 400 euros

"Tal extremo, la ausencia de convocatoria a elecciones para nombrar a director y que dejara la misma de estar en funciones, se erigía en eje de la querella, argumentando además que el motivo de ello era el de seguir cobrando la querellada, el complemento de 400 euros que corresponde al Director del Departamento. Cuando tal argumento, la ausencia de convocatoria para elecciones a director del Departamento, es invalidado por los acertados  razonamientos que se exponen en el auto recurrido", defiende la Audiencia Provincial.

"Como decimos en absoluto estamos ante una resolución administrativa absolutamente contraria a derecho, "palmaria", "patente", "evidente", "esperpéntica", “grosera”, como es definida por nuestro Tribunal Supremo para que pueda integrar el tipo penal que nos ocupa", añade el tribunal. Todo ello bajo el paraguas de que este departamento surgió de la división de otras dos áreas.

"No podemos utilizar la vía penal y en especial el delito de prevaricación, para la resolución de cuestiones de índole meramente administrativa o académica, cuando además entramos en terreno de dudas jurídicas sobre la pertinencia de una u otra opción, existiendo además un fondo de enfrentamientos personales que tampoco tienen cabida en el derecho penal", afirma el tribunal en relación con las peleas entre este profesor y su compañera de departamento.