Publicado: 20/12/2018 12:21
Un preso catalogado como peligroso por el régimen penitenciario provocó en la noche del miércoles lesiones múltiples en el Centro Penitenciario de Las Palmas II a cuatro funcionarios de prisiones, armado por un ‘pincho carcelario’ y una cuchilla. Como resultado de esta agresión, estos funcionarios han recibido la baja médica.
Esta agresión se produce después de las acusaciones realizadas por el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, sobre una supuesta huelga encubierta en Prisiones, tal y como ha denunciado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).
El sindicato, mayoritario en Interior y la mesa de negociación de Prisiones, pide en un comunicado al ministerio del Interior a que investigue el suceso para ver "si se trata de una ‘huelga encubierta’ como dice o si por el contrario, hablamos de un nuevo caso por falta de medios y recursos por parte de los profesionales que a diario mantienen el orden en el interior de nuestras prisiones".
El suceso se produjo cuando una enfermera y un funcionario procedían a entregar al interno su medicación. En ese momento, el preso les lanzó con agresividad un aparato de radio que afortunadamente pudieron esquivar.
No tuvieron tanta suerte los cuatro funcionarios que procedieron a reducirle provistos de escudos y defensas pero sin casco, "puesto que los que les han facilitado en la prisión -denuncia CSIF- no son de la talla adecuada. Los funcionarios redujeron al preso con mucha dificultad dada su corpulencia y los objetos cortantes que esgrimía.
En esta actuación, todos los funcionarios sufrieron múltiples lesiones (brechas, inflamación ocular, heridas en manos y codos, hematomas, erosiones y rasguños en brazos y piernas, corte en el pecho, lesiones en la muñeca, contusiones…) y se encuentran de baja médica.
Piden la dimisión del ministro Marlaska
CSIF exigió ayer la dimisión del ministro del Interior "por poner en duda la profesionalidad del colectivo de Prisiones". "En vez amenazar -denuncian-, deberían coger el toro por los cuernos, sentarse a negociar y afrontar las necesidades estructurales de esta Administración, empezando por cubrir de inmediato las 3.500 vacantes de personal en los centros penitenciarios españoles".
CSIF pide así a Instituciones Penitenciarias "que deje de atacar a este colectivo y afronte los graves problemas que sufre esta institución, tales como el importante déficit de plantilla que sufre, la inseguridad de sus trabajadores, como prueban las numerosas agresiones de las que son víctimas, o la precariedad salarial", entre otros.
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